Raíces denuncia que Fiscalía se resiste a reconocer a un menor marroquí con documentación

Fundación Raíces denuncia que el fiscal de Menores de Madrid se resiste a reconocer a un chico marroquí de 16 años que lleva dos meses en la calle, pues tras presentarle este lunes la documentación original que prueba su minoría de edad y solicitar la tutela de la administración pública, el fiscal no ha emitido ninguna resolución y el adolescente seguirá sin protección hasta que se pronuncie.

Se trata de un chico de 16 años nacido en Tánger que tras ser recogido por la Policía en la calle fue sometido por Fiscalía a unas pruebas de determinación de la edad que dijeron que era un adulto. El chico no tenía entonces documentación que probase lo contrario, así que no fue tutelado y se quedó sin protección.

Cuando por mediación de Fundación Raíces, el adolescente consiguió su documentación original en el Consulado de Marruecos, acudió al juzgado de Instrucción número 21 de Madrid para solicitar que cautelarmente y en tanto el fiscal evaluaba la nueva información, ingresase en un centro de menores, pero le fue denegado.

Fundación Raíces solicitó entonces por escrito al fiscal que estudiase el caso de nuevo, pero este lunes la cita en Fiscalía no ha ido como esperaban. Según afirma la presidenta de la entidad, Lourdes Reyzábal, a Europa Press, el fiscal, “pese a tener delante la documentación original del Registro Civil de Marruecos”, ha encargado de nuevo pruebas de determinación de la edad, a lo que el chico se ha negado.

Reyzábal recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que no procede encargar esas pruebas médicas cuando el afectado tiene documentación original que avala su minoría de edad. Además, incide en que el chico ya fue sometido a los test con un resultado erróneo, pues decretaron que había rebasado los 18 años de edad.

Asimismo, incide en que existe un Convenio Bilateral de Cooperación Judicial en materia civil, mercantil y administrativa con Marruecos desde 1997 por el que la administración española reconoce la validez de las certificaciones del registro civil alauí que estén selladas sin necesidad de legalizar aquí los documentos y que también permite a las autoridades recabar estos papeles sin tasas ni gastos, lo que facilita la identificación y evitaría tener que acudir a las mencionadas pruebas de edad.

Al final, la comparecencia se ha saldado sin resolución por parte del fiscal, a quien Raíces solicitaba que ordenase la protección del menor de edad conforme marca la ley. La respuesta ha sido, según afirma Reyzábal, que “ya lo notificará” cuando tenga una decisión, de modo que el adolescente se queda en desamparo hasta que se pronuncie.

Esto, conforme explica Reyzábal, no suele ocurrir en el caso de los chicos marroquíes porque precisamente en virtud del mencionado convenio, su identidad se da por probada en cuanto se recaba la documentación y los decretos de mayoría de edad se modifican sobre la marcha. Sin embargo, este adolescente seguirá siendo adulto mientras el fiscal no diga lo contrario.

“Al señor fiscal no parece importarle lo más mínimo la protección de los menores y evidentemente le importa poco que haya niños durmiendo en la calle de nuestra ciudad”, denuncia Reyzábal, que señala además “la prejuiciosa actitud” cuando se trata de menores extranjeros no acompañados.

UN CASO “ROCAMBOLESCO”

Este es uno de los dos casos que Fundación Raíces denunció la semana pasada de niños marroquíes con documentación original de su país de origen que estaban solos en España sin tener tutela pública. El otro era el de un chico de 17 años que sí ha logrado protección después de que la policía le recogiese en la calle y sin poner en duda su edad, le trasladase a un centro de menores.

Su caso es, como explica Reyzábal, rocambolesco. Cuando Fundación Raíces comprobó que era menor de edad obteniendo su documentación original en el consulado de Marruecos, le puso a disposición de la Policía Nacional. Estos afirmaron que según los registros, el chico era un adulto por decreto de Fiscalía. La jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid siguió el mismo argumento para negarle la medida cautelar de ingreso en un centro de menores.

Sin embargo, la Policía Nacional le encontró dos días después en la calle y le ingresó directamente en ese centro. Allí el adolescente ha sido identificado y se ha descubierto que no constaba en ninguna parte: No aparece el supuesto decreto de Fiscalía que le había dado por adulto como tampoco consta en el Registro Central de Menores Extranjeros no Acompañados, según la información que el centro ha dado a Fundación Raíces después de inscribir al menor.

Reyzábal se pregunta por ello “qué clase de comprobaciones hicieron tanto en la Policía Nacional como en el Juzgado de Instrucción cuando afirmaron que el chico era un adulto y le dejaron en la calle”.