Ramón Jáudenes: “Es un clamor dar un enfoque más moderno a las relaciones extraprocesales jueces/abogados”

Los próximos días 2 y 3 de julio se celebrarán en Pontevedra las X Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, promovidas por el Consejo General de la Abogacía Española y organizadas por el Colegio de Abogados de Pontevedra. Su decano, Ramón Jaúdenes destaca la importancia que para las instituciones colegiales y los abogados tienen estas Jornadas.  Más información sobre las X Jornadas 

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de estas Jornadas de las Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia?

Respuesta: Algo tan importante como tratar de buscar fórmulas de mejora en el ejercicio del derecho de defensa de nuestros conciudadanos  que, como sabe, es esa gran responsabilidad que tiene la abogacía por mandato constitucional, y que hemos de buscar al ser nuestra obligación como colaboradores de la administración de justicia, según lo establece la LOPJ.

Trataremos de analizar hasta dónde debe ir el papel del abogado como imprescindible interviniente en la jurisdicción, buscando optimizar las maneras de relacionarnos, más adecuadas a los tiempos actuales, y agilizar así la resolución de los conflictos entre los particulares.

Y ello, justo en un momento histórico de modernización de la justicia -muy anclada todavía en modos y maneras propias del siglo XIX- en el que la abogacía debe tener su protagonismo, al encontrarnos a apenas seis meses de uno de los grandes cambios de los últimos tiempos, que es la introducción definitiva de las nuevas tecnologías en los juzgados, con la obligación de comunicación telemática, consciente de que ello suene chocante, viviendo como lo hacemos, desde hace bastantes años, en una sociedad tecnológica, en la cual, la justicia como ve, se ha quedado atrás.

Pero no solo es desde esa perspectiva tecnológica la importancia del evento, porque analizaremos también -y no es cuestión menor- el derecho de defensa a la luz de las directivas europeas, de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, que dan un paso adelante reforzando las garantías del ciudadano cuando se encuentra detenido, preponderando la función e intervención del abogado. En fin, dos días apasionantes para quienes tenemos mi oficio.

P. ¿Cómo valora, la relación actual que tienen los abogados con los jueces?  ¿Cree necesario que se regulen las reuniones entre abogados y jueces como propone la Comisión Jurídica de la Abogacía y se debate en IniciaAbogacía?

R. Pese a tener posiciones naturalmente encontradas, las relaciones son buenas porque ambas instituciones ponemos mucho empeño en ello, ya que sus raíces las encontramos -otra vez- en tiempos muy pretéritos.

Hace muy poco, escuchaba a un alto representante de la judicatura afirmar con total acierto, que era extraño por ejemplo, que en Justicia no exista la cita previa, cuando está instaurada y con plena eficiencia en la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria, lo que denota sin duda, una indeseada situación de privilegio. Así que ya tenemos otra cosa que envidiar de esas administraciones, además de sus sistemas informáticos.

Es un clamor dar un nuevo enfoque, distinto, más moderno, a las relaciones extraprocesales jueces/abogados, que propicien la agilización -tan en la boca de todos- de la resolución de los litigios; es una necesidad su plasmación legislativa, incorporándolas a la LOPJ; el legislador, como en otras tantas cuestiones de contrastada eficacia, solo ha de fijarse en nuestro entorno, en este caso, en el sistema anglosajón donde funciona optimamente.

La Abogacía está convencida de que esas relaciones, al adquirir rango legal, permitirán la necesaria fluidez de comunicación, ya existente con la fiscalía o la abogacía del estado.

Se trata además, de una cuestión obvia para nosotros, los abogados, acostumbrados como estamos a evitar a ultranza los pleitos agotando las vías de diálogo, de negociación.

(Informe de la Comisión Jurídica de la Abogacía)

Debate relaciones jueces y abogados: “Letrados, ¡a mi despacho!”

P.  ¿Para la fortaleza del Estado de Derecho, piensa que es fundamental la buena relación de la abogacía con la Administración de Justicia?

R. Es crucial. La abogacía es pilar fundamental de una buena Administración de Justicia, y ésta, la garantía de la paz social, aspiración de todo moderno estado social y democrático de derecho.

No puede concebirse una mejor regulación en la manera de practicarse justicia que no pase por darle mayor relevancia al papel del abogado en ella, mejorando su posición.

La necesidad de regular las relaciones extraprocesales con los jueces debe tener como objetivo solucionar los conflictos, impedir los pleitos. Si hay real interés en fomentar la mediación y los sistemas alternativos de resolución de conflictos, es imprescindible dar más protagonismo a la Abogacía, y regular las reuniones con los jueces para poder hablar abiertamente y explorar las posibilidades de conciliación, sin resultar con ello comprometida su independencia.

A su vez, la función del juez, en una concepción más moderna de la justicia, sería cada vez más solucionador de conflictos, que sentenciador de pleitos.

P.  ¿La buena o mala formación de los abogados influye en las relaciones con los jueces?

R. Sin duda, cuanto mejor es un profesional, más fácil va a encontrar la solución a un conflicto, mejor va a defender el derecho que tiene encomendado. Es una obligación del abogado actuar con el máximo rigor, con el más alto grado de exigencia, y para ello, la formación continuada es imprescindible, hasta el punto que tiene rango estatuario en nuestro oficio. Así, como en cualquier ámbito, cuanto mejor formación se tiene, se actúa profesionalmente con más eficiencia, y ese comportamiento, genera por si mismo respeto, entre los compañeros y por supuesto con los jueces.

P. ¿Como decano y abogado qué valoración hace del Protocolo de Conformidades con la Fiscalía? ¿En qué se puede mejorar?

R. Positiva, indudablemente. Con el protocolo se ha ordenado las relaciones con la Fiscalía, para poder llegar a acuerdos antes de los juicios. No se puede dejar al albur de quien se encuentre momentáneamente en una fiscalía para que esa fluidez de comunicación sea efectiva y real, necesaria, e imprescindible diría yo, para optimizar los escasos recursos de la Administración de Justicia; estando protocolizada, se ahorran muchos traumas, tiempo y dinero de los ciudadanos porque se evitan juicios.

En Pontevedra, aunque las relaciones con la Fiscalía son magníficas, los compañeros están más satisfechos desde que implantamos el protocolo.

Es frustrante para el profesional y muy perjudicial para el justiciable, que su asunto no pueda desbloquearse o alcanzar una solución más pronta y razonable, porque no se encuentra el funcionario que lo lleva.

Lo deseable sería que el protocolo ganara peso, para alcanzar parecido grado de fluidez en la comunicación al que tenemos entre los abogados, porque de nosotros solo se cuantifica el número de pleitos que llegan a los juzgados, ya que no hay una estadística del número de litigios que evitamos, pero puedo garantizarle que éstos son muchísimos más; es lo primero que aprendes del oficio, a hurtar del pronunciamiento judicial el mayor número de conflictos posibles, es mucho menos traumático y más barato para tu cliente.