Regresa el Aula de Debate del ICAM con ponencias sobre la Ley de Memoria Histórica

• El Aula de Debate es un foro jurídico impulsado por el Centro de Estudios del ICAM en el que la abogacía invita a otros sectores de la sociedad civil para analizar los temas que más preocupan a los ciudadanos

El Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid ha regresado de las vacaciones abordando uno de los temas más candentes del nuevo curso político y judicial: la Ley de la Memoria Histórica. El acto ha sido moderado por el diputado de la Junta de Gobierno responsable de formación, Raúl Ochoa Marcos, y ha contado con un panel de expertos compuesto por los letrados Enrique Garza Grau y Miguel Ángel Muga Muñoz; el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid; y por la periodista de 13 TV, Esther Jaén.

  
Todos los ponentes coincidieron en que las víctimas tienen derecho a verse resarcidas y dejaron patente su apoyo a las mismas, pero en cuanto a la Ley, como señaló Ochoa, ninguno de los ponentes se mostró satisfecho. Garza la tildó de “innecesaria”, porque “sus objetivos ya quedaron cumplidos con la transición y la Ley de Amnistía, que promovió el Partido Comunista en las primeras cortes democráticas”, recordando las palabras que dirigió Marcelino Camacho en el Parlamento “queremos abrir la vía a la paz y a la libertad”.

En otro extremo, para Muga la Ley tampoco cumple por cuanto “viola el Derecho Internacional Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, los derechos de las víctimas y sus familiares, y renuncia a declarar por ley la nulidad de todas las acciones represivas del franquismo”.  Según el abogado, la norma “ya parte de un error en el sentido de contravenir el Derecho Internacional al aludir en su preámbulo al espíritu de reconciliación de la transición”, pues la situación de “voluntad de reencuentro de los españoles” se produjo en circunstancias antidemocráticas.

Muga se mostró muy crítico con el texto legal que “amnistía delitos de lesa humanidad, y deja abandonadas a las víctimas”, y en este sentido, reclamó una nueva norma, dedicada exclusivamente a las víctimas del Franquismo y que “copiase el prólogo de la Ley de las víctimas de terrorismo”. En cuanto a su utilidad práctica, tampoco salió bien parada: “al amparo de esta Ley se han promovido muy pocas acciones, mucho ruido y pocas nueces”, matizó el magistrado Ricardo Rodríguez.

USO POLÍTICO DE LA NORMA

Paralelamente a su análisis jurídico, la memoria histórica es una constante en la actividad política del día a día. El presidente Sánchez, recordó Rodríguez, recientemente declaró que “acabar con los vestigios del Franquismo era prioridad del ejecutivo”, proveyendo una partida presupuestaria al efecto de 22 millones.

Así, la ideologización que parece inevitablemente ligada a la norma, fue otro de los focos de crítica de los miembros de la mesa. No es aceptable una Ley “cuya aplicación varía en función del color político”, indicaba la periodista Esther Jaén, pues ello conduce a una “justicia sectaria”, apuntaba Garza.

“Entre los cuatro líderes de los partidos mayoritarios, ninguno tiene la más mínima memoria personal del Franquismo, ni siquiera de la Transición o del Golpe del 23F”, señaló Rodríguez, que a su vez tachó como preocupante y grave “su incapacidad de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones clave que afectan al país”.

COMISIÓN DE LA VERDAD

La ley “intenta imponer una verdad única y unívoca considerando, ex lege, una serie de hechos como incuestionables”, en palabras de Garza. El letrado calificó de “absolutamente desmesurado” el art. 6 de la ley referido a la figura de una Comisión de la Verdad, “una especie de censura previa inquisitorial y que no sirve para nada porque la propia ley determina qué debe decir la comisión”, remachaba.

La contradictoria figura confronta directamente con el derecho a la libertad de expresión sancionado en el art. 20 de la CE, “no puede haber una sola versión de lo que sucedió en esos días, se pretende desvirtuar la historia construyendo una única versión, cualquier persona más o menos ilustrada tiene a su disposición mucha bibliografía de lo que pasó antes, durante y después de la Guerra Civil”, declaraba Rodríguez.

SITUACIÓN DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Finalmente, los ponentes también dedicaron un espacio a la cuestión en torno al monumento. De acuerdo con Jaén, no tiene sentido el “alboroto” creado en torno al tema, “ni Salazar ni Mussolini tienen monumentos funerarios. Hace muchos años que Franco no debería estar enterrado en el Valle de los Caídos, pero a lo mejor lo sensato no era convertirlo en un tema estrella y hacerlo leit motiv de los partidos políticos” declaró.

Sacar los restos de Franco del Valle era una acción “lógica y loable”, señalaba Rodríguez, pero cuestionó que el instrumento empleado, decreto-ley, fuese el adecuado: “no se cumplen las razones de extraordinaria necesidad y urgencia que exige el art. 86 de la CE”, afirmó.

Raúl Ochoa, por su parte, parangonó la situación con otros países, v.g. los restos de los zares en S. Petesburgo, personajes históricos que “no gozan de gran opinión en la memoria colectiva de los rusos” pero que ofrecen un atractivo turístico considerable. “El Valle de los Caídos es el 7º monumento más visitado de España constituyendo una fuente de recursos extraordinaria”, indicó el diputado del ICAM, sugiriendo la posibilidad de replantearse su situación “si no deja de ser un elemento que engrose las arcas del Estado, independientemente de las razones por las que visite”.