Ruiz-Gallardón afirma que con la propuesta de Ley de Demarcación y Planta no se cerrarán juzgados

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado hoy en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados los principales puntos de la propuesta realizada por la comisión de expertos encargada de elaborar una nueva Ley de Demarcación y Planta. La propuesta, conforme a lo propugnado por los expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se basa en la creación de los tribunales de instancia, cuya circunscripción será provincial. Esta reordenación territorial no supondrá en ningún caso el cierre de ningún juzgado o infraestructura judicial y se aprovecharán las estructuras ya existentes, sin perjuicio de que el modelo marca un nuevo proceso de concentración y especialización, según ha explicado el Ministerio en un comunicado de prensa.

La comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros el 2 de marzo del año pasado para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 ha concluido que la sociedad ha cambiado tanto desde entonces (con un 15% más de población y un incremento de la litigiosidad del 100% en los últimos 20 años), que es necesario un nuevo modelo organizativo y de gestión. Sobre todo, teniendo en cuenta que la forma con la que se ha intentado solucionar esa circunstancia, la creación de más de 2.500 plazas judiciales, se ha demostrado ineficaz porque no se ha conseguido reducir la pendencia.

La solución apuntada por la comisión pasa por la creación de los tribunales de instancia que estarán formados por los magistrados de los juzgados unipersonales actuales, en unidades judiciales, y algunos de la Audiencia Provincial, en concreto, los que se encargarían de juzgar en primera instancia. Las apelaciones que hasta ahora correspondían a las Audiencias pasarán a los Tribunales Superiores de Justicia, que contarán con cuatro Salas (de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social) y constituirán la culminación de la organización judicial en la demarcación de las Comunidades Autónomas.

El ministro ha puesto en valor la tesis de los expertos de crear tribunales de instancia de circunscripción provincial sin suprimir las sedes de los municipios, frente a la idea del Consejo General del Poder Judicial de dejar en 199 los 431 partidos judiciales. “Me parece más adecuada la propuesta de los expertos que la del CGPJ”, ha confesado.  La propuesta de la comisión traslada este modelo a la Audiencia Nacional con la colegiación de la primera instancia, al sustituir los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Contencioso-Administrativo por la Sala de Instancia de lo Penal y la de lo Contencioso. De juzgar se encargarán la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso. El Tribunal Supremo mantendría la estructura de sus cinco salas, aunque se disminuirían los efectivos de la de lo Militar por su carga competencial.

SUMARIO SECRETO

Por otra parte, el ministro ha apoyado la idea de la comisión que ha redactado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de que un juez pueda pedir a un medio de comunicación que deje de publicar un sumario declarado secreto y no tipificar como delito esta práctica, informa Europa Press.

El titular de Justicia ha calificado de “inteligente” la postura de los expertos de no tipificar como delito la revelación de una causa declarada secreta, pero sí contemplar que el juez de garantías — figura de nueva creación– “pueda, a petición de las partes o del Ministerio Fiscal, no sancionar la revelación producida, pero sí dirigirse al medio de comunicación para instarle a que en aras de la tutela judicial efectiva del encausado se suspenda la publicación de más datos”.

“Lo que hace no es sancionar lo que se haya producido, sino garantizar que, de cara al futuro, no se vean perjudicados los derechos del encausado”, ha afirmado, para precisar que esta materia deberá ser estudiada por el Gobierno.

“UN MINISTRO NO PUEDE DIRIGIRSE EN PRIVADO AL FISCAL GENERAL”

Gallardón, que ve “razonable” que la acción popular no pueda ser ejercida por las instituciones públicas, también ha mostrado su especial preocupación por las dudas generadas en torno a la imparcialidad del Ministerio Público para investigar los delitos y las faltas.

“El Ministerio Fiscal tiene dependencia jerárquica del fiscal general del Estado pero éste no la tiene con el Gobierno. La relación del fiscal general del Estado con el Gobierno es transparente — ha asegurado– Un ministro de Justicia no puede dirigirse de forma privada al fiscal general del Estado para que actúe en un sentido determinado”.

En este punto, ha explicado que el Ejecutivo puede en Consejo de Ministros dar un criterio de actuación y el fiscal general lo remitirá al estudio de los fiscales de Sala para aceptarlo o rechazarlo. “El Gobierno nombra al fiscal general del Estado y a magistrados del Tribunal Constitucional ¿Significa eso que puede dirigirse a estos magistrados? Sería una aberración”, ha rematado.

Por ello, ha llamado a no confundir la relación “transparente” del Gobierno como responsable de la política criminal, con una “una relación de dependencia, que no existe en la Constitución”. “Me preocupa que lo confundan partidos que han ejercido responsabilidades de Gobierno”, ha agregado.

En cualquier caso, Gallardón ha garantizado que el Gobierno abordará sin “dogmatismos, apriorismos” estos trabajos para escuchar las aportaciones de los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios.

“DOCTRINA ‘ATUTXA’ NO ACLARADA”

El diputado del PSOE Pedro Muñoz ha calificado como una “suerte de globo sonda” la intervención del ministro y ha enfatizado que tiene pendiente de responder a las peticiones del PSOE para que de explicaciones en sede parlamentaria sobre los recortes o la reforma del Registro Civil.

El socialista ha advertido a Gallardón que “va camino a ser recordado como el ministro que laminó la independencia del poder judicial y que convirtió en un páramo” el mapa judicial para dar preponderancia a las capitales de provincia.

El principal grupo de la oposición cree que hay un problema detrás de la propuesta de eliminar la acción popular para partidos políticos, sindicatos y personas interpuestas. “Si los concejales no pueden ejercerla porque son representantes de ese partido, solo la podría ejercer el fiscal porque no hay un interés particular”, ha expuesto.

A su entender, tampoco está bien resuelto el debate en torno a la ‘doctrina Atutxa’ y el modelo de Código Procesal Penal tiene “mucho de principio inquisitivo”. Ha añadido que la Constitución no prevé la integración “orgánica” de la Policía Judicial al Ministerio Fiscal, como proponen los expertos.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha replicado que Gallardón es el ministro que más ha comparecido ante las Cortes a lo largo de la legislatura sobrepasando las 13 horas y 49 comparecencias y que más reformas ha llevado a cabo en la Administración de Justicia “en la última década”. “Dan respuestas integrales a problemas de todo orden que afligen al sistema judicial”, ha dicho.

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, se ha interesado por la formación del Ministerio Público para hacerse a cargo de la investigación de los delitos y las faltas. Además, ha calificado de “extravagante” que el Parlamento debata unos textos que no son asumidos por el Gobierno al no estar todavía en fase de anteproyecto.

La diputada de CiU Mercé Pigem también ha preguntado al ministro si prevé cambiar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asumir la nueva función. A su vez, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares le ha conminado a ampliar su voluntad de debate a otras leyes como la reforma del aborto.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha mostrado además sus dudas sobre que la nueva configuración del mapa judicial no suponga la desaparición de los actuales juzgados radicados en los municipios. “Pretende eliminar demarcaciones judiciales inferiores a la provincial”, ha augurado.

El diputado de Amaiur en el Congreso Rafael Larreina ha emplazado a abrir un ámbito de reflexión para establecer “salvaguardias” y “respetar” la libertad de información pero también el derecho a la presunción de inocencia de los investigados. “Tengo muy presente un caso de mi país cuando detuvieron a uno de los hijos de una persona. Esta persona y su familia salió en todos los medios como identificado con el terrorismo y a las 48 horas su hijo fue puesto en libertad sin cargos”, ha concluido.