Sánchez Melgar destaca el papel de la abogacía en los procesos legislativos en la clausura de los X Encuentros en Madrid

• El fiscal General del Estado y la vicedecana Begoña Castro han clausurado en el ICAM unas jornadas a las que han asistido más de 200 abogados de todo el mundo
• La abogacía reclama que la asistencia jurídica a las víctimas de trata se realice de oficio por los Colegios de Abogados
• Profesionales de la abogacía reunidos en los X Encuentros en Madrid señalan la necesidad de no centralizar en una misma persona dos funciones casi antagónicas 

El Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, y la vicedecana Begoña Castro han clausurado este mediodía los X Encuentros en Madrid, cita que ha reunido en el ICAM a más de 200 abogados de todos los rincones del planeta para compartir opiniones y reflexionar sobre cuestiones que afectan a todo el mundo de la abogacía.

En sus palabras de clausura, Sánchez Melgar ha considerado “un acierto pleno” los temas tratados durante el encuentro, confiando en que se haya producido una conjunción de elementos “a modo de choque de átomos, dando lugar a estructuras más complejas”. El fiscal ha destacado especialmente la importancia de la intervención de los letrados en el proceso de elaboración de las normas, cuya función consultora aporta una “perspectiva imprescindible”.

En un mundo cada vez más especializado, “la complejidad del Derecho ha de afrontarse a través de la especialización”, ha señalado el fiscal, llamando la atención sobre la transformación vivida en el sector legal “al abrir sus puertas a nuevas formas de colaboración”.

“Para ser buenos defensores de la ley hay que ser muy eficaces”, ha explicado Sánchez Melgar, subrayando la importancia de que abogados y fiscales realicen su trabajo con transparencia, se guíen por un código de conducta para ser éticamente irreprochables y basen sus relaciones en el respeto mutuo y la consideración recíproca.

Por su parte, la vicedecana del Colegio, Begoña Castro, ha constatado cómo la última edición de los Encuentros en Madrid ha cumplido con “una vindicación que se mantiene invariablemente con fuerza desde la Junta de Gobierno: convertir este Colegio en una institución de referencia internacional”. Desde el Colegio de Madrid, ha explicado Castro, “nos sentimos en la obligación de elevarnos, de dignificar nuestro oficio, de prestigiarlo y de servir a una sociedad que entendemos que espera de nosotros algo más que la mejor promoción de los intereses de nuestros clientes”.

En ese camino, los Encuentros en Madrid “han vuelto a tener el acierto de configurarse como foro transnacional desde el que se han observado con la máxima profundidad y el máximo rigor nuestras inquietudes y problemas, nuestro momento de transformación, nuestro futuro y oportunidades, y nuestro rol ante en la sociedad civil”, ha señalado Castro.

Unas jornadas en las que se han “alcanzado algunas conclusiones de mucho valor”, reforzando a su vez el espíritu de alianza y cooperación con representantes de la abogacía mundial, ha concluido la vicedecana.

Asistencia jurídica a las víctimas de trata

En presencia de abogados colegiados procedentes de buena parte del mundo, las mesas de trabajo de los X Encuentros en Madrid han concluido en la mañana de hoy abordando la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral.

Moderada por la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro, en la mesa han participado destacados expertos de países como México, Italia y España. Tras abordar el fenómeno desde la perspectiva de los estados de origen, tránsito y destino, se ha subrayado la importancia de que los Colegios de Abogados realicen de oficio la asistencia jurídica a las víctimas de un delito que afecta a millones de personas en todo el mundo.

José Miguel Sánchez Tomás, profesor titular de Derecho Penal y letrado del Tribunal Constitucional, ha abordado en su intervención lo que considera un déficit de políticas públicas en relación a la asistencia jurídica de las víctimas de trata, que ha calificado de “preocupante”. En los protocolos “no aparecen los Colegios de Abogados ni los abogados y eso es una forma peculiar de ver cuál es el papel que debe jugar la asistencia jurídica a la víctima”. Ha señalado el letrado.

Por todo ello, se necesita “redoblar los esfuerzos para superar las resistencias políticas y posibilitar que la atención jurídica a las víctimas de trata se aporte por los Colegios y se haga, además, de oficio desde el primer contacto con la víctima”. En este sentido, el ponente ha recordado que en el ICAM ya existe un Turno de Oficio en materia de trata, y que, “a pesar de que los profesionales que lo integran cuentan con formación específica, el Estado sigue sin requerir a este Colegio para que se preste ese servicio”.

Para Sánchez Tomás, “la trata es sobre todo un inmenso delito de violencia contra la mujer”, por tanto es necesario que “el nivel de asistencia jurídica que hemos logrado con las mujeres víctimas de violencia de género, se logre con las víctimas de trata”.

Ana García Merino, fiscal delegada en Extranjería en Madrid e integrante de la Mesa de Trabajo sobre trata del Colegio de Abogados de Madrid, ha descrito cómo se regula la trata en el derecho español desde que en 2010 el Código Penal introdujera el artículo 177 bis como delito de trata de seres humanos.

La fiscal ha recordado que tiene que haber medios comisivos, conductas y fines que pueden ser de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados o tráfico de órganos. García Merino ha recordado que “es fundamental la colaboración entre los distintos agentes implicados, es decir, Fiscalía, Policía y ONG” y que, teniendo en cuenta que la víctima es pieza clave, “su protección es esencial”. Por eso, “aunque la mejor forma de protegerla sería que no tuviera que estar, sabemos que la declaración de la víctima es fundamental con lo que ‘mimarla’ es importante para conseguir la condena. En esta protección juegan un papel fundamental las ONG”, ha añadido.

Con una intervención centrada en la trata con fines de explotación laboral, Teresa Rodríguez Montañés, catedrática de Ciencias Jurídicas, ha señalado que la trata “es el problema más grave de Derechos Humanos que tiene la humanidad”. La trata moderna “es puro negocio, es delincuencia económica y lo que la hace negocio es la explotación en el ámbito sexual y laboral”, ha añadido.

Tras calificar como “fundamental” el Protocolo de Palermo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional “porque ha homogeneizado la tipificación de la trata”,  se ha ha advertido que “el enfoque es insuficiente porque no analiza el problema de forma global”. En su opinión, “se pone todo el foco en el proceso y nada en la propia explotación a nivel internacional”

El jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo, José Nieto Barroso, ha explicado cómo desde el Ministerio de Interior español “estamos tratando de que la sociedad entienda y visualice” que “hay muchos actores en este delito”, pues las víctimas de trata “son producto de mafias y crimen organizado”. Para Nieto, la forma de perseguir la trata, teniendo en cuenta que es parte de una delincuencia itinerante, es desde la cooperación internacional, que ha calificado de “imprescindible”.

Para describir la realidad de este fenómeno en Italia, que “es enorme”, la abogada especializada Grazia Cesaro, del Colegio de Abogados de Milán, se ha referido a la situación en “un país de destino preferido por los inmigrantes al que solo el año pasado llegaron unos 180.000”. De estas cifras, el porcentaje de menores no acompañados que llega es del 12 o 14% del total y “cuando llegan a Italia declaran que son mayores de edad y, además, dicen que no han pagado nada por su viaje”, explica. Las mujeres proceden, fundamentalmente, de Nigeria y Siria, y tienen entre 13 y 24 años.

Para Cesaro, “la explotación sexual afecta a los menores que también son explotados laboralmente”. Y es que la trata es la tercera fuente de ingresos de las organizaciones criminales italianas por detrás del tráfico de drogas. A nivel mundial, según datos de la ONU, los beneficios de la trata ascienden a 35.000 millones de dólares estadounidenses por año.

Por último, Oscar Cruz Barney, ex presidente del Colegio de Abogados de México, se ha referido a que México es país de origen y tránsito de migrantes: “Existe un tráfico transfronterizo entre Canadá, EEUU y Mexico, lo que ha hecho aumentar el número de víctimas de trata”.

El ponente ha explicado, además, qué acciones se llevan a cabo en su país y que van desde campañas para que la sociedad entienda qué es la trata de personas, pasando por las Alertas AMBER a través de redes sociales, hasta una Fiscalía especializada, un Registro Nacional de víctimas y un Directorio Nacional de centros de atención. Además, como en México no existe el Turno de Oficio, Cruz Barney se ha referido a que “los Colegios de Abogados juegan un papel fundamental para ofrecer a las víctimas atención y asistencia jurídica”.

El abogado in house y el compliance officer deben ser figuras independientes

La imposibilidad de centralizar en un mismo profesional dos funciones casi antagónicas como el asesoramiento jurídico interno y el control del cumplimiento normativo de las empresas ha sido una de las conclusiones de la segunda mesa de debate celebrada hoy en el marco de los X Encuentros en Madrid.

La diputada responsable del área Internacional del ICAM, María Segimón, ha conducido un panel integrado por profesionales de la talla de Claudio Lamachia, presidente del Colegio de Abogados de Brasil; María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona; Pablo de Carvajal González, secretario general de Telefónica; Paul Mcgarry, presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Irlanda; Maria José Menéndez, socia directora de Ashurst; y Cesar Albiñana, socio director de CMS.

Bajo el título La Función del Abogado de Empresa en las nuevas estructuras organizativas, los ponentes también han abordado las últimas tendencias en el ámbito de la asesoría interna de las grandes compañías, las cuales suelen buscar en el exterior mayor especialización y valor añadido.

A la cuestión planteada sobre si debe ser el abogado de empresa el que cumpla el papel de compliance officer teniendo en cuenta el artículo 31 del Código Penal, Segimón ha señalado que las compañías tienden a unificar en una sola persona dos figuras que en sí mismas son antagónicas: el deber del secreto profesional y asesoramiento al cliente propios del abogado de empresa, por un  lado, y la obligación de denuncia y control que debe asumir el compliance officer, por el otro.

En esa misma línea, la decana de Barcelona ha recordado que el Consejo General de la Abogacía Española ha dicho que “no es recomendable que el asesor jurídico ejerza estas funciones ya que el secreto profesional complica que pueda existir toda la objetividad necesaria frente a la obligación de control y denuncia”. Los Colegios Profesionales, ha añdido Gay, “tenemos que garantizar la excelencia de los abogados y dar respuesta a las exigencias de las empresas”.

Para el abogado César Albiñana, que el compliance officer esté fuera de cualquier dependencia jerárquica es imprescindible para garantizar que goce de la independencia que requiere en el ejercicio de sus responsabilidades. El hecho de que el responsable de velar por el cumplimiento normativo pertenezca a unidad jurídica interna, ha señalado, “cuando menos descafeína el cumplimiento de sus obligaciones”.

Por su parte, el secretario General de Telefónica ha advertido de la necesidad de que “el secreto profesional deba aplicarse al abogado de empresa”.

En cuanto a las tendencias en el ámbito del asesoramiento jurídico interno, María Segimón considera que “el valor añadido y la especialización de los abogados externos son los puntos que obligan a externalizar servicios, mientras que el conocimiento del negocio lo tienen los in house”.

Desde la experiencia de Telefónica, Pablo de Carjaval ha explicado que su empresa “tiene el tamaño apropiado para tener la inteligencia en casa”, de modo que cuando se sale fuera es para “buscar algo que te aporte valor”. En su opinión, lo que se busca en la externalización es “alguien que piense contigo, que te ayude a resolver un problema concreto”.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) no es ajeno a esta tendencia, ha explicado la decana Eugenia Gay, pues el propio ICAB delega asuntos en despachos porque “la especialización de la profesión marca la externalización de los servicios en las asesorías jurídicas”.

César Albiñana, por su parte, ha señalado que las grandes compañías “han incorporado la asesoría jurídica como una unidad de negocio”, una estrategia que “prevé riesgos y añade valor al negocio de la compañía”. Para el socio de CMS, el abogado in house es en la actualidad un directivo más y la empresa solo externaliza “en aquellos casos en que añades valor, das opinión y argumentos novedosos o si es algo muy complicado que necesitas que te lo arreglen desde fuera”. El abogado externo, según Albiñana, se ha convertido en “un partner del abogado interno”.

Para adaptarse a las necesidades del cliente, los despachos deben ser cada vez más eficientes y diferenciarse de la competencia en la generación de valor añadido, afirmaba la socia directora de Ashurst, María José Menéndez. A la hora de aumentar la eficiencia, las firmas legales pueden aprovechar las nuevas herramientas que pone a su disposición el desarrollo tecnológico, mientras que para la diferenciación en el valor añadido “hay que echar mano de la creatividad y del intelecto de los equipos”, ha subrayado.

En el caso de Irlanda y Reino Unido, donde los abogados de empresa están amparados por el secreto profesional, Paul McGarry ha señalado que la tendencia es contar “con abogados de diferentes jurisdicciones para dar los servicios que requieren las multinacionales”.

En Brasil, donde hay más de un millón de abogados, las grandes empresas han encontrado la receta perfecta para resolver sus necesidades legales, según Claudio Lamachia, en la combinación de asesoría interna y externa: mientras los abogados internos se ocupan de los asuntos del día a día, se busca en los despachos especializados la especialización y experiencia necesarias para llevar los temas más complejos. Lamachia también ha destacado cómo la empresas brasileñas buscan cada vez más resolver las cuestiones legales a través de sistemas como el arbitraje, la mediación y la conciliación.