Se extiende a toda Cataluña el acuerdo institucional para atender a ciudadanos desahuciados en riesgo de exclusión social

• Jueces, abogados y procuradores colaborarán con la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos para ayudar a personas vulnerables

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Departamento de Justicia, las cuatro Diputaciones catalanas, el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña han firmado, en el Palacio de Justicia de Barcelona, un protocolo de actuación para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad social ante la pérdida de la vivienda por un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria. La iniciativa pretende extender a toda Catalunya el acuerdo firmado hace pocos meses en Barcelona con este mismo objetivo.

El acuerdo prevé que los 14 Colegios de Abogados de Catalunya, representados en el Consell de l’Advocacia Catalana, promuevan entre sus letrados la conveniencia de hacer constar en el expediente de las personas que estén a punto de ser desahuciadas, las circunstancias de riesgo social que hayan podido constatar. De esta manera, se activarán los mecanismos pertinentes para que estas personas sean atendidas por los servicios sociales, que decidirán cuál es la actuación más adecuada en cada caso.

‘Si perder la vivienda ya es duro para cualquier persona, para una persona vulnerable aún lo es más’, advierte el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, para quien ‘defender las personas socialmente vulnerables es una de las máximas prioridades de la Abogacía’.

Personas discapacitadas, con enfermedades crónicas, con grado de dependencia, víctimas de violencia machista, ancianos o menores, son algunas de las que se podrán beneficiar del acuerdo firmado el viernes 5 de julio.