Segunda Jornada en Guatemala del Curso sobre Garantías de los encausados y víctimas en el proceso penal

• El curso ha sido organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Consejo General de la Abogacía Española

El curso sobre las Garantías de los Encausados y las Víctimas en el Proceso Penal en Latinoamérica y España, que tendrá lugar del 18 de septiembre al 22 de septiembre, pretende aportar a los asistentes una visión integral y pormenorizada sobre los mecanismos de defensa, intervención de los abogados y los distintos sistemas y procedimientos para la protección de los derechos y libertades en el proceso penal.

SEGUNDA JORNADA

La Jornada del martes comenzó con la conferencia sobre “El acceso a la justicia de las víctimas y su participación en las distintas fases del proceso penal” impartida por Lourdes Carballo,  abogada, consejera del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Vigo, destacando en su intervención la importancia de la aprobación en España de la Ley de violencia de género y del Estatuto de víctima en el que se incluye la necesaria cooperación entre los estados en fomentar acciones de formación, entre otras, en la lucha contra la violencia de género, lo que se plasma con actividades como la que se desarrolla en este curso. Seguidamente pasó a exponer los aspectos de Estatuto de la Víctima partiendo de los orígenes sociales que han dado lugar a las leyes de protección a las víctimas, en un principio dirigidas a víctimas concretas pero ya en el Estatuto a las víctimas en general. El Estatuto recibido inicialmente sin ninguna crítica, conllevó la trasposición en plazo de la directiva europea pero también destacó aspectos del mismo en las que hay que trabajar para mejorar.

Seguidamente, tuvo lugar la intervención de Sergio Herrero,  abogado, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Gijón, en la conferencia “Los medios tecnológicos de investigación en el proceso penal y el respeto a los derechos fundamentales: interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, examen de equipos informáticos, grabación a distancia de comunicaciones orales, seguimientos policiales con uso de dispositivos de localización y otras intervenciones”, en la que expuso las líneas generales que regulan la intervención de las comunicaciones, las principales características de la regulación legal de las distintas comunicaciones, telefónicas y telemáticas, la identificación de las líneas que se están utilizando, la nueva regulación de la captación de conversaciones orales, la utilización de los dispositivos técnicos de captación de la imagen y de los mecanismos de seguimiento y localización, la telefonía móvil y finalmente el registro de los dispositivos informáticos.

A continuación tuvo lugar una  Mesa redonda sobre “La lucha contra la ciberdelincuencia: regulación penal y medidas de intervención en los sistemas iberoamericanos”, moderada por Ignacio Cuesta Areces, abogado, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, decano del Colegio de Abogados de Oviedo. En la Mesa intervinieron Wendy Kassar Terraf, Jueza, Argentina y Miguel Ángel Barrientos Ros,  juez de paz de El Salvador quienes expusieron las características en sus respectivos países. Así, partiendo de la complejidad de este tipo de delito en que el tiempo juega en contra ya que la “urgencia” es una de las características en la persecución de estos delitos. En Argentina existe un gran margen de delitos que quedan para la aplicación local lo que crea una problemática a la hora de la normativa a aplicar, la creación de una unidad investigadora de delitos cibernéticos pretende aglutinar los sistemas de actuación y crear unas oficinas de enlace que permitan homogeneizar las actuaciones. Existe la necesidad de reformas legales para que las entidades, empresas y particulares se adapten a las necesidades de investigación de estos tipos de delitos.

Miguel Ángel Barrientos, expuso la recientemente aprobada ley especial sobre delitos informáticos que ha permitido hacer frente a estos delitos, llevándose a cabo también acciones como la creación de unidades especiales para el tratamiento del delito así como la capacitación necesaria de las distintas unidades especiales implicadas en la investigación y resolución de este tipo de delitos, si bien es preciso seguir trabajando en el campo de la capacitación, sobre todo en los que respecta a los jueces.

Inauguración del Curso sobre Garantías de los encausados y víctimas en el proceso penal