Segunda Oportunidad: el 95% de insolventes consigue la exoneración de la deuda

El 95% de las personas que se declaran insolventes y acuden a un concurso de acreedores consigue la exoneración de su deuda (pasivo insatisfecho), según un estudio llevado a cabo por el Observatorio de la Insolvencia Personal del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Los datos, presentados durante el I Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad, indican que la deuda total exonerada suele alcanzar de media los 250.000 euros.

El sector bancario y financiero es el principal acreedor en el 89% de estas deudas, según el estudio -realizado sobre 10 juzgados de las cuatro provincias catalanas y el estudio de 293 casos entre 2016 y el segundo trimestre de 2021- . Esto debería generar un debate sobre el endeudamiento responsable y la concesión responsable del crédito.

La duración media de un concurso de acreedores es de 560,87 días, algo que, según los autores del estudio, es excesivo y hace que el mecanismo de segunda oportunidad aun no pueda considerarse como un procedimiento ágil. Esta dilatación en el tiempo genera consecuencias negativas para los deudores, que retrasan su reincorporación al círculo económico, y también para el Estado, que deja de percibir impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

El perfil del deudor, según este estudio, es un varón, de nacionalidad española, de unos 50 años y con al menos un hijo a su cargo. En el 58,39% de los casos es un trabajador por cuenta ajena -los autónomos sólo representan el 16,4%.  El 40% acude al sistema de exoneración con vivienda habitual, por lo que sería necesario buscar alternativas para las personas que, tras liquidar su patrimonio, se queden sin vivienda y sin recursos.

A nivel nacional, según los datos actuales, los procedimientos de insolvencia de personas físicas han alcanzado los 7.125 entre enero y junio, mientras que en todo el año 2020 fueron 8.507. De seguir esta progresión, a finales de 2021 se habrán iniciado un total de 12.000 procedimientos de esta naturaleza, un 41% más que el año anterior. Además, los procesos de insolvencia de personas físicas han superado a los de personas jurídicas, al suponer los primeros el 70% de los registrados.

Consecuencias sociales y emocionales

Más allá de los efectos económicos, la insolvencia causa perjuicios sociales y emocionales en las personas que la padecen, que fueron analizados en dos mesas redondas. “Nos olvidamos del proceso agónico del que decide acceder a esa segunda oportunidad, porque los tiempos son excesivos y no se piensa en la situación de las familias”, dijo la jueza Isabel Jiménez.  “El hecho de que se alargue es un impedimento para acceder a la segunda oportunidad de forma digna”, señaló.

La jueza Emily Glanz abundó en el estrés que genera el sobreendeudamiento, que “dificulta encontrar empleo o mantener el actual, reduce la voluntad de volver a participar en la economía y en la sociedad y repercute en la integración social, especialmente de los menores”. Una idea que también ratificó Marcel Warnaar, asistente del Instituto Nacional para la Información Financiera Familiar holandés, que apuntó a los costes directos para la sociedad de las situaciones de insolvencia, ya que además de las ayudas, “se deja de consumir,  hay efectos indirectos en la sanidad por los problemas de salud y más absentismo laboral”.

Verónica Ollé Sesé, subsecretaria de Estado de Inclusión, lamentó que cuando se habla de insolvencias “nos centremos en aspectos jurídicos y nos olvidemos de las personas” y habló sobre el Ingreso Mínimo Vital, que definió como una herramienta preventiva, para “evitar que las personas entren en exclusión” y “garantizar un nivel mínimo de renta se viva donde se viva y no dejar a nadie atrás”.

Por su parte, Amelia de Juan, asistente social coordinadora de Cáritas, explicó que las insolvencias “aceleran procesos de pobreza y exclusión social” y lamentó que normalmente se considera que quien se ha endeudado es porque ha vivido por encima de sus posibilidades, pero “en la mayoría de los hogares las deudas se contrajeron por gastos derivados sobre todo de la actual crisis”.

“El sobreendeudamiento puede ser un pozo del que las personas no salen, y la segunda oportunidad es una vía de salida para muchos hogares”, añadió. No obstante, abogó por hacer campaña para explicar socialmente que el perdón de las deudas no supone “una lacra para la sociedad, sino que es un beneficio para todos”.

El Congreso sobre Segunda Oportunidad arranca con el objetivo de dar a conocer mejor este mecanismo