Sobre la política legislativa ¿En busca de un rumbo?

Por Lucas Blanque, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española

Es difícil descifrar, en ocasiones, cuáles pueden ser las razones de un Gobierno determinado para abordar la redacción de un determinado proyecto normativo. En ocasiones, dicha tramitación puede venir impuesta por el Derecho europeo, pero otras, las más hasta la fecha, sigue primando el impulso puramente nacional.

Es de suponer, entonces, que lo que guía la acción normativa gubernamental sea una determinada interpretación del interés general, en clave nacional, atendiendo a los valores superiores del ordenamiento (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y a sus principios informadores (artículo 9.3 de la Constitución).

Ocurre, sin embargo, que ciertas iniciativas normativas parecen responder a otro valor, cual es el del ahorro, perdón, de la mejora de la eficiencia de las políticas públicas.

Y es desde esta perspectiva desde la que pueden tratar de examinarse –otra cosa es comprender- varias iniciativas.

Puede comenzarse con la pretendida reforma global de los registros públicos. La creación del gran hermano registral ha estado supeditada al ahorro de costes para el Estado y la asunción correlativa de aquellos por el colectivo de registradores y, a la postre, por los ciudadanos. Esta operación ha llamado la atención por muchos motivos, pero ahora interesa destacar que parece ser que ha encallado porque el Ministerio de Justicia proponía tal ahorro que los registradores han echado cuentas y han puesto el freno. Así no. Como el ahorro es ley, el Ministerio busca otra fórmula que descargue al erario público de la gestión puramente administrativa y la traslade a algún otro colectivo, descargando la contabilidad pública. ¿Voluntarios?

Más llamativa aún es la reforma de los servicios profesionales. La negativa sobre su paternidad, las filtraciones de documentos “inexistentes” para el Ministerio de Economía y Competitividad y la opacidad en la tramitación han concluido con un borrador que por fin tiene sello oficial de dicho departamento, pero vaya usted a saber si es o no oficial. Al menos, y pasando a la lectura de ese documento, pueden observarse cuestiones que nos retrotraen a tiempos en los que el panorama de entidades, con o sin personalidad jurídica, dependientes o vinculadas a la Administración, era amplísimo, como documentaran Garrido Falla o García-Trevijano Fos. Pero de esas clasificaciones, al no haber relación de dependencia ni tutela, quedaban siempre excluidos los Colegios Profesionales, Corporaciones de Derecho público en los que se delegan por decisión del legislador ciertas facultades públicas. El borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales caracteriza a los Colegios como meras entidades sin autonomía, sometidas a tutela, operando una desnaturalización de la figura que difícilmente casa con la jurisprudencia constitucional y su garantía institucional.

CONFIGURACIÓN DE LAS PROFESIONES

Una operación de semejante calado ha de afectar a la configuración misma de las profesiones. Al margen de nimiedades tales como la quiebra de la relación entre una Ley Orgánica y una ley ordinaria (el borrador, de mera ley ordinaria, pretende derogar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que define a la profesión de abogado), el borrador de anteproyecto depara una relación entre las profesiones de procurador y abogado que contrasta vivamente con la que el Ministerio de Justicia trata de asentar con su anteproyecto de reforma parcial de la LEC. Allí se pretende instaurar la compatibilidad, y aquí la incompatibilidad absoluta.

La bipolaridad también se aprecia en la relación entre Industria y Economía. El primero deja a los empresarios que determinen su organización en Cámaras de Comercio con las Comunidades Autónomas; el segundo quiere imponer la circunscripción autonómica o, a lo sumo, provincial, para los Colegios Profesionales, obviando la jurisprudencia constitucional en la materia.

Quizás sea el momento de pedir a nuestros gobernantes que si tienen dudas sobre el punto de llegada, no líen a los sufridos ciudadanos con su elección del medio de transporte y del camino a seguir. La traslación a la sociedad de las tensiones entre departamentos ministeriales genera malestar y desconfianza. Una mañana un ministerio te da unas razones, que por la tarde te ha quitado otro.

No se trata de negar la transparencia a la acción de gobierno, y menos aún a la legislativa, sino de recordar que los globos sonda, las verdades a medias y las filtraciones interesadas pueden generar titulares en prensa, pero no servir para recabar apoyos sólidos y duraderos.