Torres-Dulce estará “atento” a que las tasas no impidan acceder a la Justicia

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado el lunes 15 de abril en el Senado que el Ministerio Público permanecerá “muy atento” a que las tasas judiciales no impidan el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Además, ha mostrado su “total preocupación” por las filtraciones y los juicios paralelos, informa Europa Press.

Durante su intervención en el Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha afirmado que el Ministerio Público permanecerá vigilante cuando en un proceso que cuenta con su intervención se presenten alegaciones sobre la cuantía excesiva de las tasas, así como en los recursos de amparo o en las cuestiones de inconstitucionalidad que puedan plantearse ante el Tribunal Constitucional.

El fiscal general también ha mostrado su “total preocupación” por las filtraciones y los juicios paralelos. “Solo hay una respuesta que es el polémico modelo francés que consiste en sancionar plenamente a quien publica lo declarado como secreto”, ha expuesto.

Sin embargo, no ha querido dar su opinión sobre la conveniencia de adoptar esta “polémica” solución puesto que son los legisladores los competentes para dirimir sobre la misma y evaluar los derechos fundamentales que deben prevalecer.

En todo caso, ha precisado que este sistema se ha revelado como ineficiente en Francia ante la dificultad de controlar Internet, caracterizado por el anonimato y la publicación “indiscriminada” de las informaciones. “Será el Gobierno y sus señorías los que tengan que establecer el debate sobre la proporcionalidad de los delicadísimos derechos fundamentales en juego”, ha dicho.

EL CÓDIGO PENAL NO RESUELVE SOLO LOS CONFLICTOS SOCIALES

El máximo responsable del Ministerio Fiscal también ha aprovechado para advertir el voluminoso número de juicios de faltas –800.000– y proponer ampliar los juicios rápidos y desjudicializar las faltas. “Hay que ampliar el espectro de los juicios rápidos, juzgados y fiscalías funcionando las 24 horas, atendiendo todo tipo de hechos delictivos flagrantes, semiflagrantes y que no necesiten instrucción con la perfecta coordinación de abogados y procuradores”, ha sugerido.

Tras apostar por la potenciación de las medidas de conformidad y las situaciones de mediación, ha resumido que esta serie de medidas darían solución al 60 por ciento de los asuntos del proceso penal y ha llamado la atención con que sólo un 1 por ciento llega a sumario.

Dicho esto, se ha mostrado partidario de no penalizar las conductas que tengan una consecuencia “levísima” para la convivencia ciudadana y ha expresado que la sociedad “debe resolver los problemas, si es posible, fuera de los tribunales de justicia, que son la ‘ultima ratio'”.

“No podemos resolver conflictos sociales solo con el Código Penal”, ha advertido, para abogar por que sea una Administración eficiente e imparcial la que también participe en su resolución. “No creo que haya un país del mundo que desde 1993 hasta 2013 haya modificado 25 veces, muchas de ellas de calado y otras contradictorias entre sí, una norma básica para la convivencia como es el Código Penal”, ha concluido.