Torres-Dulce: ‘La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción’

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones “que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad” durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta “solvente y tempestiva” a este problema, informa Europa Press.

El principal representante del Ministerio Público ha iniciado su intervención citando a la Justicia como “valor supremo del ordenamiento jurídico español” y haciendo expresa mención al artículo 2 de la Constitución española, señalando que su comparecencia aquí este lunes se justifica en los valores de “monarquía y Estado, Nación y Constitución, como fundamento de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Para Torres-Dulce la Justicia no debe ser ejemplarizante sino “equitativa”, pues su finalidad es restablecer el orden jurídico, si bien ello no obsta para que también muestre “a una sociedad desmoralizada que el delito no renta”.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica “severa y prolongada”, que pone a prueba el entramado institucional.

“Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública”, ha manifestado.

No obstante, y pese a la “sombría realidad”, el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que “es fuente de toda legitimidad política” y ello pese al “sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes”.

PREFERENTES

El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, “por lo que no admiten un tratamiento común”.

A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos “mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos” como discapacitados o personas “imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio”.

Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

GRAVE MARCAJE A LOS FISCALES

Torres-Dulce ha hecho mención a la reforma penal que proyecta el Ministerio destacando en ella una “grave inconsecuencia”, pues atribuye la investigación a los fiscales y les niega, al mismo tiempo, “la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término”.

Especialmente grave le parece al fiscal general el “recelo” que la reforma muestra hacia la figura del fiscal, “pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías y por las partes personadas desconocido en el derecho comparado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia”.

“Los modelos al uso en los países de nuestro entorno se basan precisamente en la idea contraria: el monopolio o el control de la potestad investigadora por el fiscal, sin perjuicio de que sus decisiones puedan ser impugnadas y contradichas en la fase intermedia del proceso”.

Para Torres-Dulce la atribución de la investigación al fiscal exige reforzar su autonomía mediante una reforma en paralelo de su Estatuto Organico. “Necesitamos proteger la libertad de criterio del fiscal instructor y modular con claridad los motivos de su abstención y recusación, así como el régimen de designación de Fiscales, sustitución y avocación de causas, que ha de ser transparente para las partes del proceso y la ciudadanía general”, ha dicho.

TERRORISMO MENGUANTE

También se ha referido el fiscal general a la “tendencia menguante del peso específico del terrorismo en el conjunto de su actividad”. A este ámbito dedicó 56 de las 144 acusaciones evacuadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y 106 de las 308 vistas orales.

Ha destacado igualmente el descenso de causas relacionadas con ETA, la “estabilización del terrorismo yihadista” y el incremento de las relativas al independentismo gallego y al anarquismo.