Torrox acoge unas jornadas sobre la Oficina de Intermediación Hipotecaria en la Axarquía

• El encuentro se dirige a abogados, alcaldes, concejales, técnicos municipales y profesionales de los servicios sociales para que actualicen sus conocimientos sobre la materia e intercambien experiencias

La diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga Yolanda González, el diputado provincial de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano; y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, han inaugurado las Jornadas sobre la trayectoria de la Oficina de Intermediación Hipotecaria en la Axarquía.

Este encuentro, dirigido a abogados, alcaldes, concejales, técnicos municipales y profesionales de los servicios sociales de los municipios, surge de la necesidad de que todos los operadores implicados en evitar los desahucios actualicen y reciclen sus conocimientos e intercambien experiencias.

La letrada experta en derecho bancario, Áurea Piédrola, ha explicado en su ponencia la diferente casuística y la trayectoria de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pusieron en marcha el Colegio de Abogados y la Diputación de Málaga.

Además, se ha organizado una mesa redonda sobre las propuestas y medidas conjuntas a realizar para evitar, en lo posible, los lanzamientos hipotecarios en la provincia, en la que ha intervenido, entre otros, Fernando Carnerero, economista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La OIH evita 500 desahucios

La función de la Oficina de Intermediación Hipotecaria es asumir funciones de prevención, intermediación y protección a las familias que se ven afectadas por los problemas de desahucios.

Recientemente, la Diputación concedió al conjunto de abogados que colabora con la Oficina de Intermediación Hipotecaria el reconocimiento solidario de Responsabilidad Social Corportativa, por su labor altruista para asesorar a las personas con riesgo de perder su vivienda. De hecho, esta oficina ha evitado el desahucio de más de 500 familias de la provincia, excluyendo la capital y Antequera, buscando para los afectados soluciones como la dación en pago, la suspensión del alzamiento, los acuerdos de intermediación bancaria, la reestructuración de la deuda y los alquileres sociales.

Los letrados han colaborado de manera altruista hasta ahora, y, a partir de este año, la Diputación contribuye económicamente para la prestación de estos servicios.