Traductores denuncian que la reforma de la LECrim es una amenaza para los implicados en un proceso penal

Varios asociaciones profesionales y académicas de traductores e intérpretes han denunciado en un comunicado la amenaza que para los derechos de las personas inmersas en un proceso penal supone la proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno.

Estos colectivos,  agrupados en la Red Vértice y FILSE, y las facultades de traducción e interpretación de las universidades españolas, reunidas en la CCDUTI y respaldados por la Conferencia de Rectores (CRUE) y ONG internacionales como FairTrials, ponen ejemplos como: una mujer extranjera víctima de violencia machista a la que su intérprete aconseja volver con su maltratador. Un marinero senegalés a quien el intérprete extorsiona en un caso de tráfico de drogas. Un intérprete que filtra información al proxeneta tras asistir a una víctima nigeriana de trata. “Estas situaciones se están produciendo en nuestros tribunales y comisarías sin que hasta ahora se haya hecho nada por evitarlo”, aseguran.

Según el comunicado, “el Partido Popular podía atajar el vacío legal que hoy en día permite que cualquier persona sin la formación adecuada actúe como traductor en las comisarías y juzgados españoles, mediante la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Sin embargo, la pasada semana el partido del Gobierno rechazó en el Congreso de los Diputados las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos de la oposición al proyecto de ley que reforma la LECrim con la finalidad de transponer la normativa europea al respecto. Esta total ausencia de voluntad de consenso ha sorprendido al resto de grupos políticos, al tratarse de una cuestión que, por su importancia, no debería plantear confrontación ideológica alguna.

Actualmente el servicio de intérpretes en las comisarías y juzgados españoles lo gestionan macroempresas que envían a personas no cualificadas para intervenir en tomas de declaración y juicios. Son muchos los profesionales con formación que se niegan a trabajar para dichas empresas, que pueden cobrar hasta 50 euros por hora de la administración de justicia y, sin embargo, abonan 8 euros por hora a los intérpretes que realizan el servicio.

La reforma de la LECrim que plantea el PP no recoge ninguno de los mecanismos expuestos en las directivas aprobadas por la UE para garantizar la calidad de los traductores e intérpretes que trabajan en comisarías y tribunales, un sector profesional nuevo con un gran intrusismo profesional que supone además una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.