Trece organizaciones piden a Europa que impida la legalización de las devoluciones en caliente

El Partido Popular debería renunciar inmediatamente a sus planes de dotar de base legal a las devoluciones sumarias desde los enclaves españoles del norte de África, exigen 13 organizaciones de Derechos Humanos.

Las organizaciones españolas e internacionales, entre las que se encuentra la Fundación Abogacía Española, han escrito cartas al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, François Crépeau, y al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, instándoles a presionar al gobierno español para que retire una modificación propuesta a la Ley de Extranjería española.

A esta solicitud se ha sumado también la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la abogacía Española.

“Las devoluciones “sumarias” impiden a los solicitantes de asilo solicitar la protección que necesitan y niegan a todas las personas migrantes una serie de derechos”, han manifestado dichas organizaciones. “Devolver a las personas automáticamente a Marruecos, sin salvaguarda procesal alguna, constituye un claro incumplimiento del Derecho europeo e internacional de los derechos humanos”.

Las cartas se hicieron públicas el 30 de octubre de 2014, el mismo día que Anne Brasseur, presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, inició su visita de dos días a España. Brasseur debería instar a las autoridades españolas a renunciar a este esfuerzo deplorable de formalizar una práctica abusiva, y a asegurar en su lugar el pleno respeto de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras.

El Partido Popular está intentando usar una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para introducir una disposición en la Ley de Extranjería que permitiría los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla. Introducir la enmienda en esta fase implica que no habrá una valoración real acerca del impacto en materia de derechos humanos de la nueva disposición.

La modificación propuesta establecería una excepción para los agentes de fronteras de los enclaves de Ceuta y Melilla para denegar a los migrantes y solicitantes de asilo las salvaguardas que garantiza la ley vigente. Si se aprueba, la enmienda formalizaría la práctica que se está llevando a cabo actualmente de manera ilegal de devolver sumariamente a migrantes y solicitantes de asilo a Marruecos, a pesar de encontrarse en territorio español. En algunos casos, los agentes de la Guardia Civil han usado un uso excesivo de la fuerza para devolver a las personas.

Las devoluciones automáticas violan el Derecho comunitario, así como las obligaciones de España bajo el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho de los refugiados. En concreto, podría dar lugar a violaciones al derecho al asilo, la prohibición de la tortura, la obligación de non-refoulement (no devolución), el derecho a un recurso efectivo y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de expulsiones colectivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó recientemente que las prácticas de devoluciones sumarias que se practican de Italia a Grecia privaron a las personas de acceder al procedimiento de asilo y les expusieron al riesgo de ser objeto de un trato inhumano o degradante, violando sus derechos a un recurso efectivo y a la protección frente a la expulsiones colectivas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha expresado sus preocupaciones por los planes del gobierno, señalando que muchas de las personas que llegan a estos enclaves huyen de la guerra, la violencia y la persecución en países como Siria, la República Centroafricana o Mali.

Las organizaciones firmantes son, además de la Fundación Abogacía Española: Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, European Council on Refugees and Exiles, Federación de Asociaciones de S.O.S Racismo del Estado español, Human Rights Watch, Jueces para la Democracia, Prodein, Red Acoge, y Rights International Spain.