UGT y CCOO envían por carta a Gallardón y Báñez sus objeciones a la subida de las tasas judiciales

Los sindicatos UGT y CC.OO. han enviado a los ministros de Justicia y Empleo y Seguridad Social, Alberto Ruiz-Gallardón y Fátima Báñez, sendas cartas en las que exponen sus objeciones y alternativas al proyecto de ley que regula una subida de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por considerar que “encarece” el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Según han indicado las plataformas sindicales en un comunicado, sus escritos parten del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. “A mayor coste menores posibilidades de acceso a la justicia por parte de la mayoría de la población”, avisan.

En este sentido, argumentan que acudir a los tribunales se va a convertir en “un lujo” para el litigante, que tendrá que pagar al abogado y al procurador además de abonar la tasa de 300 euros si pierde en un procedimiento ordinario y, si no se le da la razón a la primera, los 800 euros en la apelación.

Los sindicatos enfatizan que la norma eleva los costes para un número importante de asuntos judiciales – salvo en el orden penal- y entienden que ello puede verse como “favorecedor” y “condicionante” o “limitador” según la capacidad económica de cada ciudadano.

Subrayan que las razones y los mecanismos para que la Justicia en el orden social sea gratuita para los trabajadores y usuarios del sistema de protección social deben ser mantenidas y trasladadas “con la misma intensidad” a los empleados públicos.

“Los trabajadores están exentos en los pleitos que tengan con el empresario o en materia de prestaciones de Seguridad Social (aunque no está suficientemente claro), sin embargo no hay exención en materia de prestaciones de dependencia”, añaden.

REVISAR EL UMBRAL DE LA JUSTICIA GRATUITA

Por otra parte, UGT y CC.OO. exponen que el “listón económico” de las personas con derecho a justicia gratuita es “muy bajo”, situándose en el “doble del SMI con pagas extras, con independencia de las cargas familiares”. Emplazan así al Gobierno a revisar al alza los umbrales de las rentas para el acceso a la justicia gratuita.

Los secretarios de Participación Institucional de CC.OO. y UGT, Laura Pinyol y Frederic Monell, concluyen que cuando los ciudadanos y las organizaciones acuden a los tribunales para impugnar disposiciones de carácter general están defiendo sus derechos y además realizando una “labor de interés para el propio Estado, que no debería estar sometida a cargas económicas, pues rebaja las posibilidades de participación pública por esta vía judicial”.

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