UIA Valencia 2015: El Espolón de proa de la Abogacía Internacional

En nombre del Consejo General de la Abogacía Española, y en el mío propio, quisiera agradecer la elección de la UIA de celebrar su próxima Conferencia Anual en España, en la ciudad de Valencia. Una elección muy oportuna, casi simbólica, para los tiempos convulsos que actualmente vive la abogacía y en los que ésta necesita, más que nunca, reforzar los pilares fundamentales que dan razón de ser a su misma existencia.

Valencia ha sido, a lo largo de su historia, una ciudad abierta al cambio y al futuro a la vez que defensora de su territorio, su cultura y su identidad. Sus gentes se caracterizan por ser personas emprendedoras de mente abierta, a la par que luchadores tenaces cuando sus convicciones así lo exigen. Con la celebración del Congreso Anual de la UIA 2015, Valencia se erigirá, una vez más, en espolón de proa (a la sazón, invento fenicio para embestir y hundir galeras enemigas) de la abogacía internacional.

Y es que la abogacía se enfrenta, actualmente, a importantes retos que cuestionan los principios básicos en los que se basa y por ende el objeto mismo de su ejercicio. Tal es el caso, muy fundamentalmente, de la independencia del abogado, requisito indispensable para el adecuado desempeño del ejercicio profesional y de la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que representan.

Uno de esos retos, quizá el de mayor entidad en el mundo globalizado actual en el que la abogacía intenta abrirse camino entre los dos sistemas jurídicos fundamentales existentes (Derecho Civil y el Common Law), es la aprobación del Acuerdo de Comercio de Servicios (Trade In Services Agreement, TISA en sus siglas en inglés). Este tratado constituye un serio riesgo para los derechos de los ciudadanos y para la existencia misma del Estado de Derecho al mercantilizar los servicios jurídicos y anteponer intereses económicos a la defensa de aquéllos.

Para los no familiarizados con él, el Acuerdo TISA se negoció en secreto en Ginebra hace más de tres años por más de 50 países, incluyendo los países de la Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Colombia, Chile, México, Australia y Corea del Sur. Su existencia y su contenido se han conocido a través de meses de trabajo de investigadores a nivel mundial y la filtración facilitada por WikiLeaks. Entre sus objetivos, TISA pretende extender algunas de las disposiciones más controvertidas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1994, el tratado creado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para ampliar el sistema multilateral de comercio para el sector de servicios, liberalizando al máximo el mercado de servicios profesionales. En el caso de los servicios públicos esto es una tragedia, ya que hay una tensión inherente entre éstos y los acuerdos de libre comercio.

La implementación del Acuerdo TISA se está traduciendo en la aprobación de normativas internas y cambios en los ordenamientos jurídicos de muchos países de nuestro entorno, y en el nuestro también.

En este sentido, Inglaterra y Gales ya están aprobando normativas que posibilitan la creación de despachos de abogados por no-abogados, la incorporación de otro tipo de profesionales en los despachos, y otras medidas liberalizadoras de la profesión que van en detrimento de la misma, al permitir que los servicios jurídicos puedan ser prestados por otros profesionales.

La creación de Watson, el robot abogado que ha inventado IBM en el ámbito de la tecnología cognitiva o la inteligencia artificial, es también un ejemplo de los pasos que se están dando en el sentido expuesto. La Abogacía está abierta, y de hecho se le exige, que aproveche las nuevas herramientas propuestas por el desarrollo tecnológico, pero siempre manteniendo los principios de calidad, cercanía y confianza con el cliente que le son inherentes.

Lo que está en juego es el servicio y las garantías jurídicas de los ciudadanos. Con el tratamiento que TISA da a la abogacía de mera mercancía, quedan en entredicho temas tan sensibles como los derechos y las libertades fundamentales de las personas, su dignidad misma.

Los abogados, como garantes de esos derechos y libertades, no podemos permitir que un mercantilismo especulativo cambie la garantía de defensa de las personas por dinero, por un dinero no productivo. Las personas no somos mercado y los derechos fundamentales no son mercancías.

El Congreso de la UIA en Valencia es una oportunidad única para que la voz de la abogacía internacional se oiga de forma unánime en defensa de los derechos de los ciudadanos y de un Estado de Derecho con sólidas raíces.

Para ello se deberá hacer valer la independencia y los principios básicos del ejercicio de la profesión, recordando a la sociedad el lugar esencial que los abogados tienen en la defensa los derechos de los ciudadanos, en garantizar el acceso a la justicia y, en definitiva, en contribuir a asegurar la existencia misma de nuestro Estado de Derecho.

Por Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española