Un asesoramiento jurídico eficaz asegura la tutela judicial efectiva de los más vulnerables en el acceso a la vivienda

Capacitar a profesionales de la abogacía para dar asesoramiento jurídico a personas vulnerables en el acceso a la vivienda garantiza una tutela judicial efectiva, tal y como indicaron los expertos en derecho de vivienda en la primera Aula de Derechos Humanos celebrada en el Colegio de la Abogacía de Madrid esta semana.

Bajo el título “Desalojos, Inquilinos y Anulación de Venta de vivienda pública”, esta jornada, organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y el Colegio de Madrid, reunió a más de 160 asistentes, de forma online y presencial, para abordar la defensa legal frente a desalojos de vivienda habitual.

En la sesión participó el abogado del Turno de Oficio, César Pinto, Premio Derechos Humanos de la Abogacía 2024, que frenó la venta de 3.000 viviendas a un fondo buitre. “La Administración Pública tiene la obligación de proteger al inquilino y garantizar la vivienda del artículo 47, pero con más ahínco el hogar y domicilio al que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Española”, señaló el letrado.

También intervino Javier Rubio, ponente del Aula de Derechos Humanos desde el inicio del proyecto y autor de la Guía “Herramientas internacionales para la defensa del derecho a la vivienda en caso de desahucio, para explicar el marco normativo nacional e internacional haciendo hincapié en las recomendaciones del Comité DESC.

La abogada especialista en la materia, Alejandra Jacinto, profundizó en la situación de los inquilinos, y la especial condición de los consumidores en ciertas relaciones contractuales. Trató algunas cláusulas abusivas, así como casos emblemáticos y cuestiones prácticas como la devolución de la fianza.

Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM moderó esta sesión en la que también se explicó la doctrina constitucional sobre la entrada en domicilio, el juicio de proporcionalidad, los tipos de desalojos por procedimiento y la incidencia procesal de las reformas introducidas por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.