Un informe del Parlamento Europeo reconoce la labor de la Abogacía contra las tasas judiciales

Un estudio encargado por la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara avisa de que los recortes aprobados por las autoridades españolas como respuesta a la crisis desde 2008 han aumentado la “fractura social” y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.

En cuanto al derecho a la justicia, el informe se hace eco de las críticas a las elevadas tasas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy porque “limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia”. En este apartado, el estudio menciona al Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones por la labor que ha llevado a cabo contra las tasas judiciales. En particular destaca la denuncia de la desproprocionalidad, las barreras al acceso a la justicia, la desigualdad en el proceso, la creación de la Plataforma Justicia para Todos, las consultas del Ministerio y, en general, toda su actividad de cooperación y campaña activa.

Finalmente, el estudio incluye también críticas a la primera versión de la ley de Seguridad Ciudadana por limitar el derecho a la reunión y se hace eco de la “especial preocupación” por la cuestión de los desahucios.

TEXTO ÍNTEGRO DEL INFORME (en inglés)

El estudio sobre España, de 130 páginas, ha sido elaborado por la consultora Milieu a petición del Parlamento Europeo, que tiene previsto elaborar su propio informe sobre el impacto de la crisis en los derechos fundamentales en los Estados miembros de la UE. También se han realizado estudios similares sobre Chipre, Bélgica, Irlanda, Grecia, Italia y Portugal.

“Se puede afirmar que las medidas de austeridad han conducido a una creciente fractura social en España”, resalta el informe de la Eurocámara en sus conclusiones.

Por lo que se refiere al derecho a la educación, el estudio apunta que las reformas adoptadas desde el principio de la crisis -como la reducción de los salarios de los profesores y el aumento de las horas lectivas, el aumento de la ratio entre profesores y alumnos o el recorte del presupuesto educativo- “podrían llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad”.

“Esto es una preocupación importante, ya que podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo”, subraya el texto.

En cuanto al derecho a la sanidad, el informe avisa de “los graves riegos resultantes de tener grupos de población, especialmente los que tienen menores ingresos y están en riesgo de exclusión, que renuncien a algunos servicios de atención debido a la disminución de servicios financiados públicamente”. También expresa su preocupación por las crecientes diferencias en prestación sanitaria dependiendo de las comunidades autónomas, lo que “plantea cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio”.

El estudio también aborda la cuestión del derecho al trabajo y del derecho a una pensión. En el primer caso, apunta que la reforma laboral de 2012 “redujo los costes del despido y tuvo un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos”. Y señala que tras la reforma de las pensiones “ya se ha observado una reducción de la cuantía de la pensión, que afecta al poder adquisitivo de los pensionistas”.