Un juzgado investiga si hubo delito en las expulsiones en caliente de Melilla

El Juzgado de primera instancia y de Instrucción número 2 de Melilla ha aceptado abrir diligencias previas para investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las expulsiones en caliente que se produjeron en Melilla durante la noche del pasado 18 de junio, según ha informado este jueves Andalucía Acoge, asociación denunciante de estos hechos junto con la Federación de SOS Racismo y Prodein Melilla.

En un comunicado, la organización explica que esta decisión se ha adoptado en respuesta a la querella presentada por estas tres ONG a partir de un vídeo grabado “en el que se aprecia cómo fuerzas auxiliares marroquíes, dentro de territorio español, apalean a una persona inmigrante”, así como los hechos son observados por “un coche de la Guardia Civil, que no interviene para detener la acción violenta”, informa Europa Press.

“A continuación, en el mismo vídeo, se ve claramente cómo policías de Marruecos y guardias civiles, en el espacio entre vallas, por tanto dentro de territorio español, conducen a un grupo de inmigrantes para devolverlos en caliente”, una acción que, según explica el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, podría ser “constitutiva de varios delitos” según entiende el juez de Melilla.

Según Andalucía Acoge, el magistrado instructor de la querella solicitará a la Comandancia de la Guardia Civil que identifique a los agentes que estuvieron desplazados a la valla la noche de los hechos, así como que informe sobre el protocolo de acción seguido aquel día y las órdenes completas recibidas por los guardias civiles acerca de la manera de proceder con los inmigrantes. “El juez también ha ordenado girar comisión rogatoria a Marruecos para que identifique a sus efectivos que participaron en la acción dentro de territorio español”, añade Rodríguez Candela.

Para el letrado, la decisión del Juzgado de Melilla “refuerza la tesis defendida por un grupo de juristas que afirma que se estarían cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, de las leyes españolas y de la normativa europea en la zona fronteriza de Melilla y Marruecos”.

Por parte de la Federación de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran aplaude que se haya decidido investigar esta expulsión en caliente y resalta la importancia de la prueba del vídeo, que “ha sido una pieza clave para mover esta acción sin duda”. “Teníamos testimonios, conocíamos casos anteriores que podrían ser constitutivos de delito, pero las imágenes hablan solas”, argumenta.

“A partir del vídeo, de las diligencias, y los testimonios, el Juzgado de Melilla estará en condiciones de determinar si se cometieron los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de delitos y prevaricación, todos ellos listados por el magistrado en su auto de incoación de las diligencias previas”, apostilla el letrado.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Prodein Melilla, José Palazón, quien entiende que con la decisión del Juzgado “la sociedad civil ha ganado terreno en su defensa de los derechos humanos en la frontera sur de Europa”.

“Esta querella abre un importante precedente en España y Europa porque nos permitirá aclarar lo que es legal o no en el proceder de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes cuando ocurre un episodio como el del día 18 de junio. Nosotros tenemos nuestro juicio y tenemos claro, pero creemos que le toca a la justicia dictar su parecer a partir de los hechos tan lamentables que corrieron el mundo a través de las imágenes del vídeo que aportamos. España y Europa no pueden permitirse otra acción al margen de la legalidad, del respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales”, esgrime Palazón.

LA SUBCOMISIÓN DE EXTRANJERÍA LO DENUNCIÓ

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ya había advertido reiteradamente que estas actuaciones llevadas a cabo por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyo cometido es precisamente hacer cumplir la Ley, vulneran la legalidad vigente y pudieran incluso llegar a ser calificadas como delictivas.

“Con este manifiesto incumplimiento de la legalidad- decía uno de los comunicados de la Subcomisión-  las consecuencias son múltiples y todas graves:

– Se incumplen las garantías formales de derechos humanos básicos.

– Y, por la vía de la ausencia de esas garantías formales, se comete el atropello jurídico de denegar el derecho de asilo y de entrada por razones humanitarias a seres humanos titulares por nuestra Constitución de esos derechos fundamentales. Por un juicio porcentual elemental sólo podemos concluir que esos guardias civiles que devolvieron a un grupo de personas, entregaron a alguno de ellos a una persecución injusta, a una suerte personal incierta, y a una situación desesperada, cometieron un acto de lesa humanidad.

– Se aplica el viejo vicio de tomar la justicia por la mano de quien no puede ni debe ser juez y parte.

– Se impide el ejercicio de cualquier derecho de defensa ante una actuación violenta contra seres vulnerables, despertando con ello la violencia que, según denuncia el Ministro del Interior, se ejerce contra los agentes, generando así un irresponsable círculo vicioso de incierto futuro.

– Se da un trato de mercancía animal a seres humanos, injustificable desde la óptica de que éstos estén incumpliendo o no leyes que no cabe defender sino con la propia Ley”.