Un modelo y una tendencia que se consolidan

Por: CARLOS CARNICER DÍEZ

Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Lo que en 2010, por primera vez en los últimos años, era sólo una tendencia, se consolida en 2011: nuevamente hay un descenso del gasto

—deberíamos hablar siempre de inversión en paz social, no de gasto— en Justicia Gratuita. Y ello a pesar de que desde 2008 se ha mantenido el ritmo ascendente en los asuntos de ámbito civil y laboral como con- secuencia de la crisis que padecen de manera muy intensa millones de ciudadanos que se han quedado sin empleo y en ocasiones sin subsidio alguno. Que, pese a la crisis, aunque se estabilice o, incluso, aumente el número de personas atendidas, descienda el gasto en Justicia Gratuita (los crecimientos de cerca de un 10 por ciento anual de los años 2006 a 2008, y del 20 en 2009, se contraponen con el descenso del 3,8% en

2010 y del 4% en 2011) debe interpretarse de forma positiva y sobre todo debe servir para hacer bajar los injustificados niveles de alarma, especial- mente cuando de lo que se habla es de recortar derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Justicia Gratuita que apenas representa un seis por ciento de los Presupuestos de Justicia del conjunto del Estado —incluidas las comu- nidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional—, y que es la última esperanza de defensa de sus dere- chos de los ciudadanos más desfavorecidos, no es una carga creciente sino decreciente para las arcas del Estado y de las Comunidades Autóno- mas. Este dato, por sí solo, es una radiografía de un servicio que prestan 37.000 abogados en toda España, 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de la geografía española y con una importante satisfacción de los usuarios, como lo demuestran la implantación de Cuestionarios de Control de Calidad, las encuestas de calidad realizadas por algunos.

Este VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY constata que el modelo funciona, que se presta por los Colegios de Abo- gados con eficiencia y eficacia, y que aunque hemos sido los primeros en proponer reformas y en avanzar mejoras sustanciales, merece un recono- cimiento público por su calidad y su efectividad.

Es evidente que la crisis —y, con no menor importancia, una serie de decisiones del legislador en materia de violencia de género, juicios rápi- dos, etc.— venía provocando desde 2004 un importante incremento de las actuaciones del Turno de Oficio y de la Asistencia Letrada al Detenido. Parece, pues, que esa tendencia se rompe y no hay razón alguna para convertir la Justicia Gratuita en un problema cuando es una respuesta imprescindible a los derechos de los ciudadanos y una parte esencial del Estado de Derecho que los españoles hemos asumido. Y se ha hecho, además, con el esfuerzo de muchos miles de abogados que, en una cifra muy importante, tienen congelados sus baremos desde hace años y que, como han puesto de manifiesto los datos recogidos en este Observatorio desde hace años, cobran —en la mayoría de los casos tarde y en algunos muy tarde— entre 140 y 160 euros por actuación, sea en un día de fiesta o en la madrugada.

El derecho a la Justicia Gratuita no sólo es un mandato específico de la Constitución que en su artículo 119 señala que «la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar» y que han respaldado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional es- pañol en diversas sentencias, alguna de las cuales señala que aunque la configuración concreta de ese derecho corresponde al legislador, éste «no goza de una libertad absoluta, sino que en todo caso debe respetar un contenido constitucional indispensable».

Estamos hablando, pues, de un servicio público que desarrolla un es- tricto mandato constitucional, eficientemente prestado por los Colegios de Abogados y por 37.000 abogados, con expresa aceptación social y con baremos que no han sido revisados, en muchos casos, desde hace años, y que es controlado por Comisiones especializadas de la Administración que ratifican o deniegan la concesión de este beneficio y que atiende a millón y medio de personas cada año, a un precio mínimo y con un índice de reclamaciones y hasta de expedientes no ratificados realmente bajo.

¿Cuál es, pues, el debate?

El nuevo ministro de Justicia —que se comprometió públicamente ante todos los consejeros de la Abogacía Española a que sus represen- tantes estarán presentes en las reuniones de la Comisión Sectorial de Justicia Gobierno-comunidades autónomas cuando ésta trate el tema de la Justicia Gratuita— defiende el modelo, pero pretende financiarlo me- diante el incremento de algunas tasas ya existentes, la implantación de otras y su generalización a todos los procesos. También pretende que si hay un recurso sea nuevamente necesario acreditar que se sigue tenien- do derecho al beneficio de la Justicia Gratuita. El problema no es el mo- delo —el mejor posible, como ha reconocido el actual ministro, el anterior y la defensora del Pueblo, por sólo citar tres opiniones de autoridad— ni la calidad del servicio, sino lo que cuesta. Pero el problema también es, sin duda alguna, el recorte a los derechos de los ciudadanos y, muy es- pecialmente a la tutela judicial efectiva que pondría en cuestión la propia esencia del Estado de Derecho.

En este sentido, transmití personalmente al ministro de Justicia nues- tro «rechazo enérgico»al anteproyecto de revisión de las tasas judiciales, aprobado por el Consejo de Ministros que se destinarán «a sufragar los gastos de la Justicia Gratuita».

Como le trasladé al ministro, para la Abogacía no es admisible incor- porar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El Derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitu- cional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta.

Además se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos funda- mentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza.

No nos negamos a mejorar la regulación de la Justicia Gratuita —nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente— pero el gasto no debería ser presentado como excesivo. No lo es porque, como ya he dicho, apenas representa un 6 por ciento del gasto en Justicia y porque afecta al corazón del Estado de Derecho. Y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales porque, al final, lo que se transmite al ciudadano es que paga para financiar algo que no estaba contemplado.

La Abogacía se muestra especialmente preocupada por las manifes- taciones del Ministerio sobre esta revisión de tasas, al señalar que el objetivo es «evitar el exceso de litigiosidad», y que «cualquier ciudadano que litiga ante los Tribunales tiene que pagar su abogado y al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el acceso a la Justicia y es un importe muy superior a estas tasas». No resulta justo ni tolerable argumentar que pagar estas tasas no tiene importancia a la vista de «lo que cobran los abogados». En los diferentes estudios sociológicos reali- zados por la Abogacía, los ciudadanos no se quejan de nuestros honora- rios. Sí lo hacen de la carencia de medios, la lentitud de la Administración de Justicia y la excesiva duración de los procesos. Ahí está el problema, como han denunciado también otros operadores de la Justicia o el propio Consejo General del Poder Judicial, opuesto también a las tasas.

La forma de evitar la litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y preten- siones, tal como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos. Hay otros problemas en la Justicia, denunciados y reconocidos, que solucionarían antes el problema sin limitar los derechos de los ciudadanos.

El VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita aporta una inte- resantísima encuesta hecha a abogados del turno de Oficio y, nuevamen- te, reflexiones y recomendaciones de importantes expertos, ajenos en su mayoría a la Abogacía, que pueden llevarse a la práctica y que mejorarían la Asistencia Jurídica Gratuita que reciben los ciudadanos más desfavore- cidos sin aumentar el gasto.

Desde la Abogacía, en unos casos a costa de las cuotas de los abo- gados y en otros con una indispensable colaboración de las instituciones públicas, hemos aportado soluciones reales. Valgan sólo dos ejemplos. En 2011, 250.000 personas tramitaron sus expedientes de justicia gratui- ta de forma electrónica gracias a RedAbogacia, con un importante ahorro económico, de molestias y de tiempo tanto para los ciudadanos como para los funcionarios, y con una mayor transparencia de los datos que facilitan las propias Administraciones públicas. En 2012 esta cifra crecerá previsiblemente un 40 por ciento hasta llegar a las 360.000 personas. Si lo aplicaran todas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Espa- ña —los convenios firmados con los Ministerios de Presidencia y Justicia lo ponen generosamente a disposición de todas ellas sin coste alguno— el crecimiento podría ser aún mayor.

También desde la Abogacía se han puesto en marcha Oficinas de In- termediación Hipotecaria, con la colaboración de Ayuntamientos y Diputa- ciones, para solucionar por procedimientos extrajudiciales los problemas de desahucios provocados por el impago de las hipotecas. Y los primeros resultados, como se recoge en el Informe, son muy positivos para todas las partes implicadas. La Abogacía no sólo evita juicios mediante la mediación en los bufetes, sino que evita trámites, gastos y problemas a las distintas Administraciones y a los ciudadanos con estas acciones.

Hay que hacer mejoras en la prestación del servicio público de la Jus- ticia Gratuita. Sin duda. Pero también hay que reconocer el trabajo realiza- do por todos estos abogados que, como pone de nuevo de manifiesto el Observatorio de la Justicia Gratuita, no son jóvenes ni inexpertos ni viven del Turno de Oficio: el 44 por ciento de ellos tiene más de 45 años, el 82 por ciento cuenta con más de diez años de experiencia profesional y el 65 por ciento lleva en el Turno de Oficio de forma continuada desde hace más de 20 años. ¿A cambio de qué? De unas retribuciones poco dignas en muchos casos que se cobran tarde y mal.

Hablemos pues de mejoras, de transparencia, de controles para evitar posibles fraudes, pero con todos los operadores jurídicos implicados y muy especialmente con los abogados. Estamos a favor de los cambios necesarios, después de una reflexión compartida, pero en contra de es- tablecer obstáculos que impidan o cercenen el derecho a la tutela judicial efectiva, de imponer mayores tasas cuando ya pagamos impuestos para financiar este servicio o de que sean los abogados los que acaban pagan- do los errores de otros. La Justicia Gratuita es algo muy serio y hay refor- mas que son difícilmente compatibles con la condición de un verdadero Estado de Derecho.

Hemos luchado juntos para favorecer el acceso a la Justicia y nece- sitamos establecer de nuevo un Pacto de Estado, porque, hoy más que nunca, es necesario para preservar los derechos de los ciudadanos, sobre todo los de los más desfavorecidos, ante la situación de crisis que vive nuestra sociedad y las numerosas necesidades que tiene la ciudadanía. A eso quiere contribuir este VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita con transparencia en los datos y con propuestas de todos los operadores jurídicos que conforman el Grupo de Expertos.