Un paso adelante, pero mucho por hacer para dignificar la Justicia Gratuita

Por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

La Justicia Gratuita sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro Estado de Derecho. Y no porque no funcione de forma eficiente gracias al excelente trabajo de 51.000 abogados y a la labor de organización y coordinación de los 83 Colegios de Abogados, sino porque unos y otros no tienen el reconocimiento político y social necesario para que su trabajo, se desarrolle en unas condiciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica.

En los últimos meses, después de un arduo trabajo con el Ministerio de Justicia –al que agradezco públicamente su disposición al diálogo institucional-, se han conseguido avances importantes en lo que afecta a la Justicia Gratuita en el llamado territorio común, es decir, en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. En concreto se han revisado –a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018- los honorarios que cobran los abogados de oficio que subirán en torno al 30 por ciento –un incremento del 35 por ciento que afectará a los procesos civiles y penales a los que dedican su esfuerzo mayoritariamente los abogados del Turno y un 20 por ciento para el resto de asuntos- después de permanecer intocados durante 15 años. De la misma manera se ha conseguido que las liquidaciones de los Colegios se hagan cada mes en lugar de cada trimestre y, lo que es verdaderamente importante, que  los pagos por parte del Ministerio de Justicia también se hagan mensualmente. Así se evitará que, en ocasiones, muchos abogados se pasen tres, seis meses y hasta más de un año sin cobrar, como sucede todavía en algunas comunidades autónomas.

Son dos pasos muy importantes, que el ministro ratificó personalmente ante el Pleno del Consejo a mediados de mayo, y que suponen una sustancial mejora de las indemnizaciones, pero solo reducen una injusticia histórica y no solucionan el problema de la deficiente retribución del Turno. Por eso, tanto el Consejo como los Colegios de Abogados seguimos exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento real del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias.

BAREMOS SIN ACTUALIZAR, RETRASOS…

Hablamos de territorio común, pero lo hacemos también del resto de comunidades autónomas. La situación es muy diversa, pero los problemas son similares en algunas autónomas: baremos sin actualizar desde hace años, retrasos en los pagos, falta de medios… De norte a sur y de este a oeste, con escasas excepciones, que también se recogen. Pero no tiene sentido que por el mismo servicio un abogado de la misma cualificación y experiencia cobre cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje. Y no se trata, por supuesto, de igualar a la baja ni tampoco de ajustarse a los precios de mercado, sino de buscar una remuneración realmente digna. He dicho en muchas ocasiones que a los abogados lo que les interesa es que el cliente vaya a su despacho y pague conforme a lo que dicta el mercado, por cierto cada vez más exigente. Si está en el Turno de Oficio es más por un convencimiento moral y por una exigencia deontológica que por una cuestión puramente crematística.

Los datos que aporta el Observatorio de Justicia Gratuita son una radiografía exacta de la situación de la Justicia Gratuita: 51.000 abogados –casi la mitad exacta mujeres- al servicio de los ciudadanos 365 días al año, 24 horas al día en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes para ejercer su legítimo e imprescindible derecho de defensa. La retribución media que es de 133,5 euros por expediente no solo es muy baja sino que decrece respecto a 2016. La inversión en Justicia Gratuita es de 5,22 euros por ciudadano y año, lo que representa el 0,021 del PIB nacional. No son cifras que puedan asustar a nadie, todo lo contrario. Y, sin embargo, la satisfacción media del usuario es muy alta, como demuestra la encuesta de Metroscopia que publicamos en este mismo Observatorio: “la labor profesional del abogado de oficio es percibida por quienes se benefician de ella, como una asistencia de gran calidad y eficacia: de forma ampliamente mayoritaria los usuarios consideran que la atención prestada es buena (80%) y que el horario de atención y el trabajo desempeñado por los abogados son adecuados (71%)”.

También es importante señalar que durante 2017, los Colegios de Abogados tramitaron de forma telemática más de 676.000 solicitudes de Justicia Gratuita presentadas por los ciudadanos. Y lo hicieron gracias a un Expediente Electrónico puesto en marcha y sostenido por la Abogacía.

Tres cuestiones para  destacar también en este Observatorio. En primer lugar las recomendaciones del Grupo de Expertos externo mayoritariamente al Consejo con propuestas independientes y fáciles de aplicar que mejorarían la Justicia Gratuita.

En segundo lugar el Anexo I, la Ley de Justicia Gratuita de Aragón que, después de muchos problemas en ese territorio, demuestra que se pueden hacer bien las cosas, poniendo a los ciudadanos en el objetivo y contando con los que ejercen su trabajo con responsabilidad y eficiencia: los abogados y sus Colegios.

Y, por último, el Anexo II, un interesante artículo que explica como los tribunales –la Audiencia Nacional y los TSJ del País Vasco y de Andalucía-  han anulado cuatro resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sancionaban con casi 300.000 euros al Consejo General de la Abogacía y a tres Colegios de Abogados (Málaga, Guadalajara y Bizkaia) por una supuesta e inexistente restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Consejo y los Colegios defendemos y garantizamos que la asistencia jurídica gratuita tiene que estar prestada con eficiencia por abogados adecuadamente preparados, con una cierta experiencia profesional y desde la cercanía.  Las sentencias confirman lo que sostiene la Abogacía: “la prestación del Servicio de Justicia Gratuita no es una función que desempeñen los Colegios de Abogados como libre ejercicio de servicios profesionales sino que se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad.” Es decir, se trata de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público, y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios. Ni cabe hablar de un “mercado” de prestación de los mismos ni la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974, es aplicable al caso, como han dejado claro los tribunales.

Tenemos muchas cosas que mejorar en la Justicia Gratuita, pero no son, precisamente, las que sancionaba, desproporcionada e injustamente, la CNMC. El Marcador de la Justicia Europea 2018, que elabora la Comisión Europea cada año, destaca la calidad y accesibilidad del servicio de asistencia jurídica gratuita de España, garantizada para los ciudadanos. Europa reconoce, valora y aplaude el excelente trabajo de nuestros abogados de oficio. Vamos a seguir trabajando para merecer y extender este reconocimiento.