Una comunidad de propietarios será indemnizada con más de 450.000 euros por defectos de habitabilidad en las viviendas

La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado la responsabilidad de una promotora, una constructora y dos arquitectos técnicos por los defectos en la construcción de una urbanización de 52 viviendas en Guadalupe (Murcia), que afectaban a su habitabilidad. Como consecuencia, han sido condenados a indemnizar a los propietarios con un total de 457.421 euros.

Los problemas detectados incluyen filtraciones en terrazas, calles interiores y rampas de acceso, derivadas de fallos en la ejecución y el sellado de la impermeabilización. La promotora deberá asumir 229.796 euros, mientras que la constructora y los arquitectos técnicos responderán solidariamente por diferentes defectos, con importes de hasta 227.625 euros.

“Ahora la comunidad de propietarios deberá elegir entre solicitar a los agentes intervinientes la reparación conforme al informe pericial o pedir el importe de la indemnización y ser ella misma la que contrate una empresa constructora a fin de realizar las reparaciones necesarias”, explica Javier Martínez Pina, abogado defensor de la comunidad.

Martínez Pina considera que la sentencia establece un precedente relevante en materia de responsabilidad constructiva. “Si bien fija la obligación de ‘reparación in natura’, también concede de forma subsidiaria el importe de la indemnización económica a fin de que puedan responder sus seguros profesionales”.

El abogado detalla que se trata de una urbanización finalizada en 2016 y que, a pesar de presentar deficiencias constructivas por filtraciones de agua, no ha sido hasta 2025 cuando se ha obtenido la resolución definitiva del caso. “En esta tardanza judicial, cuando conseguimos que haya una resolución al conflicto, nos encontramos con que muchas de las empresas ya no existen en el tráfico mercantil y, por lo tanto, no podemos obligarlas a realizar ninguna reparación”, señala.

El tribunal basó su decisión en el informe pericial, que atribuyó las filtraciones a fallos en la ejecución y supervisión de la obra. “Es fundamental un buen informe pericial elaborado por una persona con la cualificación necesaria, a fin de evitar futuras impugnaciones, y que perito y abogado vayan de la mano en el procedimiento”.

Por ello, el letrado recomienda que las comunidades de propietarios reclamen los defectos en cuanto los detecten y que no se fíen únicamente de las promesas de constructores o promotores sobre posibles subsanaciones. “Estas acciones harán que la comunidad no tenga que pasar por una odisea judicial como esta”.