Una década de formación en la protección de los más vulnerables

Por Karla Rojas Armijos.

Con más de 350 sesiones y cerca de 12.000 asistentes, las Aulas de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos cumplen en 2024 su décimo aniversario con un firme compromiso en la formación de abogados y abogadas para asegurar que puedan defender a quienes más lo necesitan.

El proyecto promueve incorporar el enfoque de los Derechos Humanos en la asistencia jurídica, un área en la que la abogacía juega un papel esencial protegiendo dichos derechos y garantizando el acceso a la justicia de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

En estos diez años las Aulas se han consolidado como un espacio de colaboración con los 83 Colegios de Abogacía de España, profesionales del derecho y diversas organizaciones de la sociedad civil como ACNUR España, Fundación ONCE, Plena Inclusión, HelpAge, Medusa o Coordinadora de Barrios.

“La formación en Derechos Humanos pone en el centro del Derecho a la persona”, señala Francisco Ortiz, asociado legal de ACNUR España, y por este motivo “es necesario que los abogados tengan las herramientas necesarias para poder garantizar los derechos de sus clientes”, detalla Inés de Araoz, coordinadora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión.

Atención jurídica a colectivos desprotegidos

Desde una perspectiva práctica, estas jornadas imparten conocimiento en 11 materias fundamentales como los derechos de las personas mayores, que tratan el edadismo para entender a una persona mayor como agente activo en la sociedad o también en la protección efectiva del acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La formación en la prevención de la tortura estudia las conductas degradantes del proceso judicial y la Convención de Naciones Unidas contra este delito. También se abordan los derechos de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales desde los principios de igualdad, no discriminación y autonomía.

Las aulas que analizan la intervención letrada en la protección internacional de personas refugiadas dan herramientas para una asistencia eficaz a solicitantes de protección y asilo. En las de derecho a la vivienda se exponen las novedades en ejecuciones hipotecarias y cláusulas abusivas, así como la defensa legal frente a los desalojos.

En las sesiones sobre garantías procesales de las personas detenidas se ve la normativa de protección de mujeres, personas con discapacidad y LGTBIQ+, y en las de delitos de odio y discriminación, los instrumentos para una mejor atención a las víctimas.

También se forma en protección de personas víctimas de trata, compartiendo buenas prácticas en derechos humanos, género y niñez, y en las de buen trato a la infancia en los procedimientos judiciales a defender sus derechos. Y también hay un espacio para la comprensión de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y es que no cabe duda de que la formación práctica en derechos humanos es decisiva en el ejercicio de la abogacía. Porque en una sociedad que protege los derechos de los más vulnerables, lograr una buena defensa ayudará a conseguir que sea más justa e inclusiva.