Una delegación de Honduras visita España para mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violencia de género

Una delegación del Poder Judicial de Honduras, compuesta por las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Edith Maria Lopez Rivera y Rosa de Lourdes Paz Haslam y la subdirectora Escuela Judicial Roxana Liceth Morales Toro, ha visitado España durante los días 8-10 de abril en el marco del proyecto que gestionan la Fundación Abogacía Española y Justice Coopération Internationale (JCI) dentro del Programa Eurosocial II.

El objetivo específico del proyecto es la eliminación de barreras de acceso a la justicia que afectan a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. Para lograrlo se ha diseñado un plan de acción cuyo elemento central es la elaboración de un “Protocolo de Actuaciones y Buenas Prácticas” que contribuyan a la mejora de la atención que brindan los operadores de justicia en materia de Violencia Doméstica”

Objetivos de la visita:

La visita ha estado orientada hacia el aprendizaje de las buenas prácticas desarrolladas en España y Francia que puedan servir como referente y enriquecer el proceso del diseño de un protocolo en Honduras. De manera adicional también está previsto realizar una visita a Chile con idéntico objetivo.

Estas visitas de intercambio permitirán observar en situ esas buenas prácticas y evaluar cuáles podrían corresponder a las demandas del Poder Judicial. De esta forma, se espera que puedan adaptarse en la redacción de un borrador protocolo de actuaciones como herramienta útil en la mejora del desempeño en las funciones que diariamente realizan los operadores de justicia.

Durante la semana de estancia en España han mantenido reuniones con destacados actores institucionales y sociedad civil que desarrollan una labor de protección y atención a mujeres víctimas de la violencia: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Academia de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía, Turno de Oficio especializado en Violencia de Género del Colegio de Abogados de Madrid y las Fundaciones Ana Bella y Luz Casanova dedicadas a la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas de maltrato.

La delegación hondureña estuvo acompañada por María Tardón, presidenta de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que atiende asuntos de Violencia de Género, y Mikel Córdoba, técnico de proyectos de la Fundación Abogacía Española.

ENTREVISTA

Durante la estancia de la delegación hondureña, tuvimos ocasión de conocer cuál es la situación y el trabajo que se está haciendo en el país centroamericano relativo a la violencia de género. Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Edith Maria Lopez Rivera y Rosa de Lourdes Paz Haslam y la subdirectora Escuela Judicial Roxana Liceth Morales Toro contestaron al alimón las preguntas.

1.- ¿Cuál es la situación de la violencia de género en Honduras?

En América latina la violencia doméstica es un flagelo, y Honduras no es una excepción. Debemos trabajar para lograr cambios culturales y, en ese sentido la educación es muy importante para que las niñas, los niños y los adolescentes no vean como natural este comportamiento. Como la cultura de la denuncia no está bien arraigada, el niño crece viendo como natural que el padre agreda a la madre, y la niña, que debe ser víctima. Además de en campañas educativas, queremos potenciar otras que promuevan la cultura de la denuncia, pero para eso el Gobierno tiene que darle una protección adecuada a las víctimas.

2.- ¿Qué impacto tienen las políticas públicas que se aplican en Honduras para proteger a las víctimas de violencia de género?

Tenemos una Comisión Interinstitucional de Seguimiento de la Ley contra la Violencia Doméstica (La ley contra la violencia doméstica de Honduras es de 1997, aunque no se introdujo en el Código Penal hasta 2006), de la que forman parte el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), una Fiscalía especializada, la policía, la corte suprema, etc.

Tenemos también tres juzgados especializados y prácticamente a diario capacitamos a jueces de paz, porque a las zonas rurales casi no llega la Defensa Pública, no llega el Ministerio Público. Estamos trabajando para consolidar estas políticas públicas de protección de las víctimas y parte de este proyecto es buscar el apoyo para poder consolidarlas y que todas las instituciones que formamos parte de la Comisión podamos fortalecer su aplicación y establecer mayores controles. Es imprescindible, por ejemplo, crear un Observatorio sobre la Violencia de Género, porque tenemos uno sobre violencia en general, pero ni siquiera depende del poder judicial, ni de la Comisión Interinstitucional sino de varias ONG que trabajan con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un Observatorio específico nos ayudaría a tener datos y a partir de ahí, diseñar estrategias para aplicar la política pública integral de protección a la víctima de mejor manera.

Hemos hecho un diagnóstico para establecer cuáles son las limitaciones que han tenido las mujeres como grupo vulnerable para acceder a la justicia. En ese diagnóstico surgieron varias barreras de tipo procesal, cultural y geográfico y necesitamos crear las sinergias para dar una respuesta integral. Lo estamos haciendo desde la Comisión de seguimiento de la Ley. Ese es el espacio que hemos establecido para poder diseñar protocolos de buenas prácticas que nos permitan coordinar a los operadores de Justicia y poner herramientas no solo de acceso a la justicia sino de acceso al derecho. Aparte de que el Plan Estratégico del Poder Judicial también incluye un componente que va hacia la orientación, educación y asistencia legal de los grupos vulnerables. Y por eso, en nuestra visita hemos incluido el Consejo General de la Abogacía para poder replicar en Honduras alguna de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en España. Porque hemos entendido que la violencia doméstica no la podemos disminuir si no lo hacemos conjuntamente. El Poder Judicial aun con sus jueces especializados no puede solo, ni el ministerio Público aisladamente, aunque haya una Fiscalía especial. Debemos unir esfuerzos para enfrentar el problema de la violencia doméstica.

Al combatirla, estamos también potenciando la cultura de paz, la paz social del país, que es un cambio cultural muy importante.

3.- ¿Cómo valoran el apoyo que presta un programa como Eurosocial? ¿Cuáles son sus expectativas?

Para nosotros es invaluable que Eurosocial nos apoye, particularmente en este proyecto de acceso a la justicia, para poder elaborar protocolos que nos vayan ayudando a eliminar las barreras que tienen grupos vulnerables en el tema de violencia de género. Dado que es un problema común, es importante conocer las mejores prácticas de otros lados. Nos va a ayudar a ser más eficientes al trabajar en conjunto, no en compartimentos estancos, como hemos dicho.

Es de muchísima ayuda para países como los nuestros contar con el apoyo de Eurosocial. Es muy importante el acceso al derecho, porque muchas veces a las mujeres víctimas de violencia, de grupos vulnerables les da miedo acercarse a una autoridad, a un juzgado y estamos propiciando que ellas conozcan sus derechos y ayudándoles a promover esa cultura de la denuncia, pero responsablemente por nuestro lado para darles protección.

Tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a completar los esfuerzos que hace el Estado porque con las limitaciones presupuestarias no podemos cubrir todas la necesidades. Hay que buscar aliados estratégicos.

El programa Eurosocial también va dirigido a afinar las políticas públicas que tenemos, integrales e incluyentes. Desde el poder judicial nos toca la parte sancionadora, pero no hacemos prevención, y deberíamos hacerla. Cuando estemos coordinados, causará más impacto que todo el sector haga prevención a que lo haga uno solo. Que no se vea que el Poder judicial no se preocupa por la prevención.

Vamos a desarrollar también programas de educación legal y de atención integral a la víctima. Muchas veces se dice que el victimario tiene más derechos que la víctima, y hay que recordar que la víctima, al igual que el imputado tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Al imputado se le da una rehabilitación, y también las víctimas deben tener un acompañamiento especial no solo durante el proceso sino también después para que se puedan reincorporar a la sociedad en mejores condiciones. Hay que tratar el síndrome de la mujer agredida, no solo utilizarlo para el proceso. ¿Cómo le quitamos a la mujer ese proceso de revictimización que ha sufrido durante el proceso y cómo logro que vuelva al entorno social de manera que pueda sobrevivir, luchar y valerse por ella misma? Dándole desde el propio estado los mecanismos y los acompañamientos necesarios, ayudándole a encontrar trabajo, por ejemplo. Detrás de la mujer están los hijos, está toda una familia y tenemos que reforzar el núcleo familiar. El agresor se va fuera, pero se queda la mujer con sus hijos y hay que sacar a esa familia del círculo de violencia, porque si no los hijos van a copiar ese mismo círculo de violencia.

Como hondureñas y como funcionarias públicas estamos muy agradecidos a Eurosocial.