Una jornada en el ICA Málaga apunta la relación entre el maltrato animal y la violencia en la sociedad

La primera Jornada de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados de Málaga ha puesto de manifiesto la relación que existe entre el maltrato a los animales y la violencia en la sociedad, especialmente contra las mujeres, los menores o los ancianos. “Es un factor indicativo y predictivo”, ha asegurado Anna Mulá, asesora legal de la Fundación Franz Weber, quien ha apuntado que existen numerosos estudios sobre este vínculo, aceptado ya por la sociedad científica.

Esta jornada, en la que han participado medio centenar de letrados, es fruto del trabajo de la Sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio malagueño y surge con el objetivo de informar y formar sobre las normas de protección que actualmente existen y sobre los avances que se están consiguiendo.

La coordinadora de esta sección pionera en Andalucía, Rosario Monter, ha destacado que hace poco se ha modificado el Código Penal y se ha logrado que el abandono de animales sea considerado como un delito y no como una mera falta, pero ha indicado que queda mucho trabajo por hacer: una ley nacional de protección animal, la mejora de las ordenanzas municipales y de las normativas autonómicas o la prohibición de festejos populares como el Toro de la Vega son algunas de las asignaturas pendientes que ha citado Monter.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha informado de que la nueva ordenanza municipal se aprobará inicialmente en el mes de julio y podría entrar en vigor antes de que acabe el año. Jiménez ha explicado que este nuevo documento cambiará el espíritu de la norma: “Hasta ahora se regula la tenencia de animales, la norma para tener un animal, y la nueva ordenanza servirá para proteger y garantizar el bienestar del animal”.

La ordenanza gira en torno a cuatro ideas básicas: los establecimientos públicos permitirán la entrada de animales salvo que explícitamente el propietario prohíba su entrada, incluirá una protección expresa de las colonias de gatos, regulará el ADN canino para proteger a los animales y evitar maltratos y abandonos y para vigilar la recogida de excrementos caninos, y prohibirá la presencia de animales en circos. “En todas estas cuestiones es fundamental que detrás haya respaldo jurídico”, ha manifestado el concejal.

Por su parte, Chesús Yuste, ex diputado nacional y coordinador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), ha abordado el trabajo de lobby que realizan en torno a 60 diputados, senadores y exparlamentarios de todos los partidos en favor del derecho animal “por encima de otras diferencias ideológicas”.

Yuste se ha mostrado “muy ilusionado” con que empiece una nueva legislatura que les permita trabajar en una ley de protección animal estatal, y también ha señalado la necesidad de profundizar en la reforma del Código Penal. En este sentido, se ha mostrado favorable a elevar las penas en los casos de maltrato más graves, de modo que el delincuente pueda ingresar en prisión para que la sociedad visualice el rechazo a estos comportamientos.

La abogada fundadora de Animalex y asesora jurídica de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), María González; el abogado experto en Criminología y miembro de CoPPA y de la Sociedad Española contra la Violencia (SECVI), Agustín Mansilla; y el portavoz de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE), José Gutiérrez, son los ponentes que completan el programa de esta primera Jornada de Derecho y Bienestar Animal.

La sección

El Colegio de Abogados de Málaga creó el pasado mes de enero una sección específica sobre Derecho y Bienestar Animal, impulsada y coordinada por Rosario Monter, cuyos objetivos son garantizar la existencia y el cumplimiento de leyes que eviten abusos y violencia contra los animales, promover la equiparación legislativa autonómica y estatal con la de otros países de la Unión Europea, organizar actividades formativas para divulgar los avances normativos y jurisprudenciales en la materia, colaborar con las administraciones y entidades públicas y privadas para presentar propuestas jurídicas de mejore de las normas de protección animal, velar por la protección penal de los animales y promover la formación continua en esta materia.