Una jueza de Madrid deja en la calle a dos menores marroquíes con documentación de su edad

La jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha negado medidas de protección para dos menores marroquíes con documentación original autentificada por su consulado que acredita su fecha de nacimiento porque Fiscalía decretó hace meses, cuando los chicos carecían de ‘papeles’ y en base a unas pruebas médicas de determinación de la edad, que eran adultos. Se han quedado en la calle y ni el juzgado ni la policía han informado al fiscal de que existe documentación nueva que avalaría un cambio en su criterio.

Lo explica a Europa Press la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, para denunciar “lo injusto” de un sistema en que “la palabra del fiscal” y unas pruebas médicas que tienen un margen de error superior a dos años y cuya validez ha sido cuestionada entre otros por el Defensor del Pueblo, se imponen “por encima del interés superior del menor” cuando se trata de niños extranjeros que están solos en España.

La historia de los dos menores, nacidos en Tánger, es similar aunque se ha desarrollado en tiempos distintos. El más joven de los dos tiene 16 años y llegó solo hasta Barcelona hace cuatro meses. La policía le encontró en la calle y le puso a disposición de la fiscalía que, tras someterle a pruebas médicas de determinación de la edad, decretó que era un adulto, así que no obtuvo tutela de la comunidad autónoma.

Se trasladó a Madrid buscando más suerte, como explica Reyzábal. De nuevo, la policía lo encontró durmiendo en la calle y por su apariencia física, ya que no portaba ninguna documentación, asumió que era menor de edad y lo trasladó al centro de menores de Hortaleza. Desde allí se dio aviso al fiscal que de nuevo, ordenó pruebas médicas, esta vez en el Gregorio Marañón, y concluyó que tenía más de 18 años.

El chico no volvió al centro. Fue puesto a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, que lo reseñó como adulto y le abrió un procedimiento de expulsión que no ha llegado a ejecutarse. Se quedó en la calle con un registro administrativo que decía que era mayor de edad, estaba en situación irregular en España y debía abandonar el país o ser expulsado.

El otro adolescente, que ahora tiene 17 años, tuvo un recorrido similar pero sin pasar por Barcelona. Llegó a Madrid estando solo hace dos meses y tras pasar por el centro de menores de Hortaleza y por las pruebas médicas de determinación de la edad, se quedó igualmente en la calle con un decreto del fiscal que decía que era un adulto. Tampoco tenía en aquel momento documentación original de su país que probase lo contrario.

Sin embargo, ambos recurrieron a sus familias en Marruecos para recabar papeles que acreditasen su edad y ambos fueron acompañados por Fundación Raíces al Consulado de Marruecos en Madrid para validar esos papeles. El resultado, que los dos cuentan ahora con partidas de nacimiento originales, documentación de empadronamiento en el reino alauí con fotografía y las inscripciones consulares correspondientes de acuerdo a su fecha real de nacimiento, la que acredita que aún no han cumplido 18.

DOCUMENTADOS Y SIN SOLUCIÓN

Con los dos chicos y su documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fundación Raíces se puso en contacto con la Policía Municipal a través del SAMUR social para que los policías tutores, que son los que se encargan de menores encontrados sin compañía de un adulto, pasasen a recoger a los chicos y los trasladasen a un centro de protección. Sin embargo, según Reyzábal, los policías tutores de la Comisaría de Hortaleza les comunicaron que no tenían efectivos disponibles para hacerse cargo y no acudieron a la llamada.

Ante la insistencia, fue finalmente Policía Nacional quien recogió a los menores, pero al llegar a comisaría y consultar los historiales encontraron el decreto de fiscalía que meses antes les dio por adultos, así que les dejaron en la calle. Reyzábal incide en que pidió a los agentes que revisaran la documentación, que si consideraban que era falsa lo denunciasen y que si no, avisaran a fiscalía para que cambiase de parecer y solicitase protección para ambos, pero la respuesta que obtuvo es que ese trámite “no era su obligación”.

No obstante, como recuerda la presidenta de Raíces, según el Protocolo para Menores Extranjeros no Acompañados dictado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades deben informar al fiscal de Menores cuando aparezca nueva documentación de casos sobre los que ya se ha pronunciado. Por ello, acudió a los juzgados de guardia y denunció tanto a la Policía Nacional como a la Municipal por el abandono de los dos menores, al tiempo que solicitó a la juez medidas cautelares.

“Hice la denuncia allí mismo, a mano y con toda la documentación original. Nos dijeron que el lunes sabríamos en qué juzgado recaía pero como los niños se quedaban en la calle, pedí comparecer para explicarle a su señoría qué estaba pasando y cuál era el problema. Pedí reiteradamente que por favor viera a los chicos, que revisase su documentación. No nos recibió. Nos tuvieron allí hasta las dos de la mañana y al final nos dieron un auto en el que dice que ‘no ha lugar a la adopción de medida cautelar alguna’ por el decreto previo del Fiscal”, explica.

Reyzábal comenta que al entrar en los juzgados una persona encargada de seguridad le preguntó si “los dos menores” que la seguían iban con ella. Cuestiona que cualquiera nada más verles les identifique como menores de edad pero el sistema, teniendo no sólo la apariencia sino la documentación original, se aferre a la decisión que un fiscal adoptó hace meses en base a unas pruebas médicas y sin haber acudido al Consulado Marroquí para intentar comprobar la identidad y edad de los chicos.

MARRUECOS FACILITA LA DOCUMENTACIÓN DE SUS NACIONALES

En este sentido, recuerda que existe un Convenio Bilateral de Cooperación Judicial en materia civil, mercantil y administrativa con Marruecos desde 1997 por el que la administración española puede recabar “las certificaciones de actas del registro civil y otros documentos referentes al menos que conciernan a los nacionales” marroquíes sin tasas ni gastos, lo que facilita la identificación y documentación en estos casos y evitaría tener que acudir a las mencionadas pruebas de edad.

Contra la resolución de la jueza negando medidas cautelares cabe recurso y Fundación Raíces lo va a presentar. “En la Audiencia Provincial estamos ganando todos los casos, pero claro, ¿cuándo lo va a decir ese tribunal? ¿Dentro de dos años? ¿Cuando los chicos tengan ya 19?”, plantea Reyzábal. No sería la primera vez. Un juzgado gaditano reconoció el pasado mes de mayo que un chico marroquí al que España había expulsado en enero de 2014 tenía entonces 16 años.