Verificación de amenazas a los derechos indígenas en panamá

Francisco Segovia.

Una de las graves violaciones de derechos humanos más frecuentes en países de América Latina es la conculcación, por parte de los respectivos Estados, de derechos de sus comunidades indígenas, como su desplazamiento por la construcción de grandes
obras hidroeléctricas o mineras.
El pasado 25 de enero una delegación de expertos de la Fundación del Consejo General de la Abogací­a Española (Fundación CGAE) se desplazó a Panamá en el marco de una misión de verificación de supuestas violaciones de derechos humanos padecidas por las Comunidades Indígenas Ngöbe y otras que habitan en la provincia de Bocas del Toro.
Según información recibida, las formas de vida y la cultura de las comunidades afectadas se habrían visto gravemente afectadas por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, que se desarrolla en el marco de una concesión de explotación otorgada por el Gobierno de Panamá a la empresa AES Changuinola en el año 2007. La delegación pudo constatar a pie de obra la sensación de inquietud, frustración y rechazo que genera el inminente llenado del embalse previsto en principio para el mes de abril del presente año y que anegará el lugar en el que se ubican las comunidades afectadas.
De acuerdo a los testimonios ofrecidos por los propios habitantes, actualmente estas comunidades habrían perdido todas sus prácticas tradicionales ya que no tienen posibilidades de realizar ninguna actividad relacionada con su supervivencia como consecuencia de las obras de construcción que, además, habrían desviado el curso del río y contaminado sus aguas, acabando así con toda la pesca y haciendo desaparecer la caza a causa de las detonaciones.
En el origen del conflicto se sitúa la ausencia de un proceso abierto y participativo de consulta con las comunidades previo al inicio de las obras, que hubiese podido traducirse en la obtención de un consentimiento previo, libre e informado por parte de éstas. Dicha consulta es contemplada como un requisito ineludible en virtud de las disposiciones de Derecho Internacional relativas a los derechos de los pueblos indígenas aplicables al caso.
En las reuniones mantenidas por el equipo de la Fundación CGAE con instancias gubernamentales, la ausencia del proceso correspondiente se justificaría por la falta de experiencia anteriores que hubiesen permitido consolidar un modelo de buenas prácticas.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta, en fecha 17 de junio de 2009, notificó a los abogados peticionarios la admisión de su solicitud de adopción de medidas cautelares en favor de las Comunidades Indígenas Ngöbes y otras con el objeto de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y su propia seguridad. Dichas medidas incluían la suspensión de todas las obras de construcción y la adopción de medidas para garantizar la libre circulación y la vida integridad personal de los miembros de las comunidades.
Actualmente, si bien se habían experimentado mejoras significativas en la libertad de circulación y seguridad de las personas afectadas, la delegación pudo comprobar que las obras no habían sido paralizadas, haciendo caso omiso a las medidas citadas. Así, el avance de las obras y las irregularidades detectadas en los proyectos de reubicación de las comunidades provoca que la situación siga siendo potencialmente conflictiva en ausencia de acuerdos que se adapten a las demandas reales de éstas últimas.
Con carácter general, la intervención de la Fundación CGAE busca fortalecer la respuesta ante la supuesta violación de los derechos territoriales de las comunidades afectadas y el proceso de consulta con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho y hacer prevalecer el respeto y cumplimiento del principio de legalidad, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional aplicable al caso.
Con carácter específico, la misión representa un apoyo activo a las víctimas de las
comunidades afectadas por la presa Chan 75 y a los propios abogados peticionarios, en un caso que presumiblemente será admitido a trámite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El carácter estratégico del mismo radica en la necesidad de regular el proceso de consulta y consolidar un modelo de buenas prácticas que permita evitar conflictos derivados de la explotación de recursos naturales en tierras habitadas por comunidades indígenas que demandan protección jurídica y soluciones ajustadas a su modo de vida.
El desarrollo de esta labor de la Fundación CGAE fue posible gracias a la colaboración del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y del Consejo de la Abogací­a de Castilla y León. El equipo integrante de esta misión estuvo formado por un técnico de proyectos de la Fundación, experto en Derechos Humanos, dos abogados madrileños expertos en cuestiones indígenas en Latinoamérica y en Derecho Internacional y el ex decano del Colegio de Salamanca, Manuel Sánchez.