Victoria Ortega destaca la formación, la educación y mejores leyes para acabar con la Violencia de Género

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, abogó durante la inauguración del VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por “un profundo cambio cultural que solo será viable si trabajamos en, al menos, 4 conceptos: igualdad real, decisión, educación y leyes”, porque “cuando una mujer muere o se la maltrata por el simple hecho de serlo, algo muere también en la calidad de nuestra democracia. Estamos ante un problema de la máxima gravedad donde no caben ni los negacionismos, ni las equidistancias. Es evidente que algo falla”.

La Abogacía ha tomado medidas, como son “la creación, por primera vez, de una Comisión de Igualdad, la puesta en marcha de un Plan de Acciones por la Igualdad”, así como una firme apuesta por la formación “porque es esencial en esta lucha una formación especializada y de calidad con perspectiva de género”. También destacó que la Abogacía “sostiene uno de los mejores servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de Europa”, que permite ayudar a que se fortalezca “la confianza de las mujeres víctimas en la Justicia”.

Asimismo, también destacó la importancia de la educación “ya que en las aulas empiezan las mejores soluciones”, y subrayó que las leyes son otro importante pilar en ésta lucha, ya que “sin ellas poco o nada podemos hacer. Durante los últimos años hemos encadenado buenas reformas que han perfeccionado nuestra arquitectura normativa”, y para ello la Abogacía “no va a dejar nunca de proponer reformas que nos permitan estar aún más cerca de las víctimas que denuncian, como las dos medidas planteadas en la fase de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, como son “regular con carácter preceptivo la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género desde el momento previo a la interposición de la denuncia y eliminar los obstáculos en la representación procesal de la víctima por su abogado o abogada para poder ejercer la acusación particular desde el inicio del procedimiento.

Ortega inauguró el Congreso junto con numerosas autoridades del Estado, como la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, para quien “todos nos encontramos involucrados en éste momento crucial”, después de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha elevado esta lacra “a una cuestión de Estado”, lo que significa que “no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir ofreciendo la mejor y más eficaz respuesta a las víctimas, tanto las mujeres como los menores”, porque es la “responsabilidad que merecen las casi 1.000 víctimas asesinadas que se llevan contabilizadas desde que se tienen registros en 2003”.

Por su parte, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Colegios de Procuradores de España, destacó que tras la firma del Pacto de Estado todas las autoridades “deben llevar a efecto” las medidas acordadas. Además, destacó la labor de los procuradores en ésta lucha, y consideró que es necesario “convencer a las mujeres para que denuncien, educar a las nuevas generaciones, e incidir en la protección de la víctima y su entorno”.

Alfonso Rueda, vicepresidente y Consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, destacó el trabajo de las Comunidades Autónomas y su voluntad de seguir haciéndolo en coordinación con las instituciones, porque la lucha contra la violencia de género “es una tarea inacabada, pero a la que estamos llamados todos, y las Comunidades Autónomas estaremos ahí como siempre y ahora si cabe con más fuerza”.

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, señaló en su intervención que la Fiscalía comenzará a “formar a formadores de violencia de género en todas las fiscalías”, y aseguró que la sociedad cuenta con “la responsabilidad personal de cada uno de los fiscales”. Además, pidió que el Congreso llegara a “conclusiones de las que todos podamos hacer uso” para mejorar la lucha contra esta lacra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el nuevo protocolo policial para evaluar el riesgo de asesinato de las víctimas de violencia de género “incrementará” las medidas de protección para las mujeres que denuncian, e incidió en que su departamento está trabajando en la implementación de este protocolo que predecirá mediante un nuevo algoritmo la probabilidad de homicidio de las víctimas de violencia machista. Según recalcó, las consecuencias principales de la puesta en marcha de esta nueva evaluación será “la elevación” de la categoría de riesgo de la víctima y, con ello, el “incremento” en las medidas para protegerla.

“Las palabras de las víctimas deben servir para que las palabras sean hechos”, indicó, al tiempo que hizo hincapié en que, como juez, “conoce las dificultades” de los profesionales judiciales para dictar medidas de protección para las víctimas de maltrato y, por ello, es “tan importante” que la valoración del riesgo de la víctima “se haga con el máximo rigor” y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan formación en perspectiva de género.

Para el ministro, la violencia de género es “una de las realidades sociales más duras e insoportables” y la “obligación de los responsables públicos es trabajar para erradicarla”.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, citó al escritor judío Elie Wiesel, superviviente de los campos de exterminio nazis, al afirmar que “ante las atrocidades tenemos que tomar partido”, recordando que el 35% de las mujeres de todo el mundo sufren o han sufrido violencia o agresiones, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Delgado reiteró el compromiso de su Ministerio con las víctimas de la violencia y destacó el número de las reformas legislativas en las que se está trabajando para que mujeres y hombres sean “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, sentenció

En esta misma línea, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, calificó el reto de acabar con la desigualdad como “el más importante de la democracia en el siglo XXI”, señalando la violencia contra las mujeres como el “exponente último” de esa desigualdad, y apeló a la responsabilidad y el compromiso individual para lograrlo. “Tenemos en nuestras manos la vida o la muerte”, señaló, al tiempo que destacó el progreso en España contra la violencia machista. “En pocos años hemos podido sacarla a la luz desde la oscuridad del ámbito privado. La herida duele, pero los españoles y españolas hemos tenido la valentía de abrirla”, destacó Calvo, que también reclamó una “coordinación estricta y eficiente” de todas las administraciones para acabar con la violencia.

Finalmente, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pidió la colaboración de todos “porque solo con ella se podrá combatir esta realidad”. “La Justicia está del lado de las víctimas” y “el Poder Judicial no va a escatimar en la lucha contra esta lacra”, aseguró. Lesmes señaló que “el objetivo común es erradicar definitivamente la violencia, porque una sola mujer maltratada será suficiente para no bajar la guardia”. Además resaltó también la educación y concienciación para cambiar estereotipos sociales, “educar en igualdad y respeto desde los primeros años de vida” para cambiar la sociedad del futuro. Finalmente, recordó que el CGPJ ha colaborado activamente “en la gestación del Pacto de Estado y trabaja intensamente en el desarrollo de éste”, y ha puesto como ejemplo dos de las medidas que ya se han puesto en marcha: la primera, un servicio específico, dentro de la Unidad de Atención al Ciudadano, para atender las quejas que se presenten tanto por parte de mujeres víctimas de violencia de género como por parte de profesionales que informen sobre cualquier irregularidad o anomalía institucional o judicial; la segunda, el desarrollo de planes de formación en violencia de género para todos los jueces, y no sólo para aquellos que tengan competencia exclusiva en la materia.

La inauguración terminó con unas palabras de Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado, quien señaló que “la violencia de género no desaparecerá si no se mantiene la unidad que se tuvo hace un año cuando se acordó el Pacto de Estado, unidad en el rechazo, en el desprecio a esta violencia y unidad para ponernos en marcha”.

VII Congreso del Observatorio

Desde el año 2003, el Observatorio celebra periódicamente este encuentro, en el que reúne a colectivos profesionales relacionados con la Administración de Justicia para analizar en profundidad, y desde distintas ópticas, la eficacia de la legislación vigente y las reformas que pueden llevarse a cabo con el fin de mejorar la respuesta institucional frente a la violación de los derechos humanos que supone la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.

En su séptima edición, los expertos que intervendrán en las distintas mesas debatirán sobre la necesidad de ampliar el concepto de violencia sobre la mujer ante formas de violencia machista como la trata y los delitos contra la libertad sexual, así como sobre la necesidad de abordarlas de forma integral como violencia de género.

La valoración del riesgo en los distintos ámbitos -policial, médico y judicial-, así como la revisión de los protocolos de actuación centrarán la segunda mesa de debate.

Durante la segunda jornada, los expertos abordarán la necesidad de afrontar reformas legislativas que afecten a la imposición de medidas cautelares, la libertad vigilada y la aplicación de agravantes y atenuantes; también, la situación de las víctimas de violencia de género en el proceso penal y la protección de las víctimas menores y adolescentes.

La lectura de conclusiones y la clausura, que correrá a cargo de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, tendrán lugar el viernes 19 de octubre, a partir de las 14.00 horas.