14 junio 2018
Victoria Ortega presenta un informe sobre la situación de la abogacía defensora de DDHH en México
La presidenta de la Fundación Abogacía Española, Victoria Ortega, y José María Prat, patrono de la Fundación Abogacía Española presentarán el 25 de junio, en Madrid, el informe ‘México: la encrucijada permanente’, sobre la situación de la abogacía defensora de derechos humanos en México. El informe recoge las conclusiones de la visita que una delegación de la Fundación Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Bizkaia realizaron a México, entre los días 8 y 14 de abril, para apoyar a la abogacía en riesgo por su actividad de defensa de los derechos humanos en este país.
Tras la apertura, se analizará el informe en una mesa -moderada por la vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Macu de la Cruz-, que contará con la participación de Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo; Norma Quintero, abogada del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Mikel Córdoba, responsable de de Defensa de la Defensa de la Fundación Abogacía Española; y Mar Saiz, representante europea de las Brigadas Internacionales de Paz-PBI México.
En términos generales, la misión tuvo como objetivo visibilizar la situación de riesgo que padece la abogacía que trabaja en contextos donde predomina la impunidad de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos y el cierre de sus espacios de actuación, así como favorecer alianzas entre la abogacía de México y España.
La abogacía mexicana se enfrenta a varios tipos de obstáculos para ejercer libremente la profesión, entre los que destaca la inseguridad jurídica generada desde las mismas instituciones públicas que velan por fortalecimiento y vigencia del estado de derecho en el país, lo que incluye no sólo al poder ejecutivo, sino al conjunto de los órganos de procuración y administración de justicia. Ahí parece radicar el mayor problema que la abogacía enfrenta y que coincide con el diagnóstico de la situación en la región, a saber, la interrelación existente entre la corrupción, el crimen
organizado, la impunidad y la inseguridad jurídica.
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