Victoria Ortega traslada al Rey la necesidad de recuperar la normalidad judicial lo antes posible

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha mantenido en la tarde de hoy una audiencia telefónica con S.M. el Rey, quien en las últimas semanas está pulsando la situación de todos los sectores de la sociedad española.

Durante el diálogo, Ortega ha trasladado al monarca la imperiosa necesidad de recuperar lo antes posible la plena normalidad de la actividad judicial. En el curso de los dos primeros meses de pandemia, la mayor preocupación de la Abogacía ha sido la situación económica de los abogados, la mayoría de los cuales son autónomos; así como la dotación de medios, tanto humanos como económicos, para la Administración de Justicia, con el objetivo primordial de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia. No obstante, Ortega ha expuesto que lo fundamental ahora es que juzgados y tribunales comiencen a funcionar a pleno rendimiento con urgencia, con el fin de avanzar con el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas.

La presidenta de la Abogacía ha narrado al Rey que la situación de los abogados y abogadas del Turno de Oficio ha sido objeto de una preocupación constante desde que se declaró el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo. Por ello, ha señalado Ortega, el Consejo General de la Abogacía ha reivindicado el establecimiento de fórmulas seguras y eficaces para facilitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes. Para los casos en que el contacto fuese imprescindible, la Abogacía ha reclamado con insistencia que los abogados y abogadas del Turno de Oficio tuvieran a su disposición el material profiláctico recomendado en la lucha contra el COVID19 y que se garantizara una distancia de seguridad adecuada, incluso habilitando -si fuera necesario- salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos.

Desde el punto de vista económico -ha proseguido Ortega-, la Abogacía ha reivindicado desde el inicio del Estado de Alarma la equiparación urgente de los letrados con el resto de profesionales autónomos en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones, pues se encontraban en la misma situación de ausencia de ingresos ante la paralización de la actividad judicial, con la única excepción de los servicios esenciales. Esta demanda, ha recordado Victoria Ortega, se extendió también a los abogados acogidos a una mutualidad y, por tanto, ajenos a los regímenes de la Seguridad Social, cuyas circunstancias económicas y personales eran las mismas.