Vivienda, regulación de la extranjería y órdenes de alejamiento en el segundo día de Aula Abogacía

El análisis de la legislación de extranjería ha salido mal parado hoy en Aula Abogacía. La magistrada del Tribunal Supremo Inés Huerta Garicano lamentó la fragmentación de la regulación de esta materia en nuestro país y recomendó la elaboración de un código de extranjería para unificar principios y facilitar la aplicación de la norma.

“Disponemos de cuerpos normativos de distinto rango y la regulación es fragmentaria; carece de principios vertebradores. Haría falta un código de extranjería coherente y sistemático”, afirmó la magistrada en su intervención en el segundo día de Aula Abogacía, el I Encuentro de Estudios Jurídicos en el que están analizando las cuestiones jurisdiccionales más relevantes.

Sin embargo, Huerta se mostró pesimista sobre la posibilidad de que se lleve a cabo: “Me temo que yo no lo veré, porque es una labor muy compleja, de años, y además se trata de una materia muy ideologizada”.

En el segundo día de Aula Abogacía se habló también de delitos tributarios, convenios colectivos, pleito testigo, responsabilidad patrimonial del Estado, la ley 8/2021, o la administración concursal y la ley de Eficiencia Digital. Y se explicaron en detalle las novedades que introducirá la futura Ley de Vivienda, que está en trámite de enmiendas. “El control de rentas va a depender de las administraciones locales y autonómicas, que decidirán si crean o no una zona de mercado residencial tensionado. Esto va a complicar todo muchísimo y a condicionar la inversión de nuestros clientes”, explicó el abogado Alberto Torres López, director jurídico de Sepín.

En Aula Abogacía se han estado analizando en profundidad durante dos días, y de la mano de ponentes de primer nivel, incluidos una quincena de magistrados del Supremo, las novedades jurisdiccionales más relevantes. También las últimas reformas legales, como la concursal, laboral o la ley de garantía integral sobre la libertad sexual.

Más de medio millar de profesionales han llenado las ponencias simultáneas que se han desarrollado en seis itinerarios (civil, penal, mercantil, procesal, laboral y contencioso-administrativo).  Esta cita con la formación organizada por el Consejo General de la Abogacía ha sido una oportunidad única para ponerse al día, pero también se ha convertido en un lugar de reflexión sobre las cuestiones jurídicas más actuales.

Este miércoles también se habló de la adaptación de jornada con fines de conciliación. “Es un derecho abierto a solicitarse y no hay que condicionarlo a lo que diga el convenio de negociación colectiva”, explicó Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, quien señaló que denegar esa adaptación “supone una conducta discriminatoria y en la mayoría de los casos se condena a la empresa a pagar una indemnización”.

Otro tema tratado fueron los delitos de quebrantamiento de condenas de órdenes de alejamiento. El abogado Sergio Herrero explicó la controvertida medición de la distancia: “se debe hacer en línea recta y no teniendo en cuenta el camino a recorrer, aunque haya que atravesar accidentes geográficos como ríos o montañas”. Y resaltó que la prohibición de comunicarse con la víctima incluye todo tipo de comunicación, aunque ésta sea referida a la patria potestad de los hijos, si se trata de un encuentro casual, una llamada perdida, incluso un “me gusta” en una red social.

Sobre las consecuencias de la futuro Ley de Eficiencia Procesal, el catedrático de Derecho Civil Francisco Pertíñez advirtió sobre los efectos adversos que el pleito testigo puede causar sobre los consumidores, pues suspenderá el trámite de miles de causas en tanto en cuanto se produce el pronunciamiento de las Audiencias Provinciales y, en su caso, el Tribunal Supremo. “Solo la administración de Justicia se beneficiará del pleito testio, pero no el usuario”, apuntó el catedrático antes de profundizar en los detalles que contempla la reforma legal. No sucederá lo mismo con la figura de “extensión de los efectos”, de la que se beneficiarán los juzgados pero también los consumidores, pues podrán acogerse a ella de forma voluntaria acelerando la resolución de su demanda.

“Todas las ponencias han tenido una gran altura”, resaltó en la clausura la presidencia del Consejo, Victoria Ortega, que destacó la vocación de continuidad de este encuentro.