11 febrero 2015

A un año de El Tarajal, un serio problema político

Durante los últimos días hemos visto distintas conmemoraciones – si incluimos dentro de este concepto un variopinto elenco de declaraciones, recuerdos, reflexiones, etc — del primer aniversario de la que se ha dado en llamar por los medios “la tragedia del Tarajal”, en referencia a la muerte de 15 inmigrantes en su intento de entrar en territorio español por la playa de ese nombre, en Ceuta. Quince personas que no llegaron a la playa pues no pudieron superar con vida una barrera de obstáculos conformada por el propio mar, la valla con sus concertinas, el acoso de las lanchas de la Guardia Civil, las balas de goma, su propia impericia, el frio, el miedo… Llegaron quince no personas: llegaron sus cadáveres. Ellos no llegaron.

Superada la oportunidad convencional del aniversario – y el oportunismo – no queremos dejar pasar una respuesta necesaria no tanto en clave de recuerdo necesario, de luto y duelo por la tragedia, sino de reflexión sobre lo que ha supuesto el transcurso de este año en la agenda de la inmigración en España, y concluiremos que nuestros responsables gubernamentales se están enfrentando a un problema político y jurídico por medio de una estrategia ciertamente difícil de calificar, si no queremos caer en el exabrupto.

No haremos un balance ya reflejado en otros medios de la triste sucesión de reacciones inmediatas que se dieron tras los acontecimientos del 6 de febrero de 2014: negaciones seguidas de imágenes y grabaciones, excusas seguidas de desmentidos, que si no se disparó pero sí se disparó, que si la frontera es una porque me conviene que así sea pero no es esa, que si los guardias civiles son unos héroes defensores de la patria que no pueden ser objeto de crítica alguna seguido de la evidencia de ciertas “extralimitaciones” y de la imputación de un mando…

Sólo vamos a recordar los últimos acontecimientos de la política migratoria de los últimos días, en torno a este aniversario, siquiera una definición de contexto. Cada cual saque sus conclusiones:

Desde Europa no llega un viento fresco y saludable, sino un aroma fétido a rancio: Bélgica malinterpreta la normativa de la Unión Europea para expulsar ciudadanos de la propia Unión con excusas peregrinas; Francia encumbra a un primer ministro que se ha hecho popular desde la demagogia xenófoba y aun racista y con ello pretende parar el ascenso del Frente Nacional; Gran Bretaña en su línea de considerarse a sí misma algo más que una isla; Alemania ve levantarse viejos fantasmas; en Grecia la tercera fuerza política en las pasadas elecciones es claramente racista…

La reacción en España no es mucho mejor: el ascenso dentro del partido en el poder de responsables políticos nada limpios de sospecha se une a una política soterrada de eliminación de derechos de los extranjeros a través de lamentables interpretaciones ultrarrestrictivas, y todo ello desde la oscuridad, con la vergüenza de quien no puede confesar lo inconfesable, o desde el secretismo con el que se pretenden seguir montando vuelos de deportación masiva para evitar que los afectados puedan defenderse. ¿Por qué tanto secreto y ocultación? Acaso se pretende no sólo impedir que se defiendan, sino que ni se sepa que existen. Alrededor, los CIES arrojan indicios cada día más claros de que lo que ocurre dentro de los mismos no puede verse, y se niega a los medios de comunicación la entrada en ellos con excusas tontas, se impide toda investigación para después exhibir con arrogancia la ausencia de resultados de esa investigación, mientras el Tribunal Supremo redacta su enésimo varapalo judicial a los intentos de hacer las leyes a medida.

Y entre esos intentos, la vicepresidenta del Gobierno atribuye la muerte de esas quince personas – sin sonrojarse – a las mafias, mientras el rodillo parlamentario erige la manifiesta vulneración de la normativa internacional pretendiendo legalizar como “rechazo fronterizo” lo que no es sino un claro pisoteo de la dignidad de las personas. Tan claro como que consagra el principio, tal como vimos hace un año, de tratar mejor a quien llega como cadáver que como persona.

Francisco Solans Puyuelo

Abogado del ICA Valencia

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