Bullying y acoso en la profesión jurídica a nivel global

Beatriz Martínez
Unidad de Política Legal e Investigación
International Bar Association

En 1983, abogados de un importante bufete internacional en Atlanta (Estados Unidos) decidieron celebrar una competición de “camisetas mojadas” para las becarias de los meses de verano. Frente a la oposición de algunos compañeros, los organizadores celebraron en su lugar una competición de “bañadores”. Varias participantes declararon al The Wall Street Journal sentirse humilladas y que no protestaron porque eran candidatas para puestos a tiempo completo en el bufete. Una estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard ganó la competición y se le ofreció un puesto de trabajo permanente en el bufete. “Tiene el cuerpo que nos gusta ver por aquí”, afirmó un socio.

Seis años después, una encuesta realizada a abogadas de 250 bufetes estadounidenses reveló que el 60 % había sufrido acoso sexual. En 1992, la American Bar Association adoptó la Recomendación 117, reconociendo el acoso sexual como un problema grave en los lugares de trabajo del sector jurídico. En 1994, un jurado popular de San Francisco concedió a una secretaria una indemnización de 7,1 millones de dólares tras sufrir tocamientos por parte de su supervisor, un importante socio de un bufete internacional. Aunque la suma de la indemnización se redujo a la mitad en el recurso de apelación, se pensó que la sentencia actuaría como una llamada de atención para la profesión. Incidentes de esta naturaleza no fueron en absoluto exclusivos de Estados Unidos. Otros estudios en Australia, Canadá, Reino Unido y otros países en la década de los noventa comenzaron a revelar la prevalencia del acoso sexual y otros comportamientos inaceptables en los lugares de trabajo del sector jurídico. En un incidente en particular en Londres, se le dijo a una abogada que acompañara a un cliente a un club de striptease. Treinta y seis años después de que la competición de bañadores generara preocupación, parece que se ha progresado poco para eliminar el acoso sexual, la intimidación y otros comportamientos poco profesionales presentes en la abogacía.

En 2017, la International Bar Association (en adelante, la “IBA”) llevó a cabo una encuesta en la participaron cerca de 6000 juristas a nivel mundial para su informe “Mujeres en la práctica del derecho mercantil”. Se llevó a cabo para entender por qué, a pesar de la consecución de la igualdad de género en el acceso a las facultades de Derecho y, posteriormente, en los comienzos de las carreras profesionales, las mujeres seguían estando significativamente infrarrepresentadas en los niveles más altos de la profesión. Cuando este informe estaba a dos meses de ser publicado, saltó el escándalo Harvey Weinstein. A medida que el movimiento #MeToo estallaba globalmente, la profesión jurídica no salió inmune.

En el siguiente año y medio, algunos de los mayores bufetes de abogados del mundo se vieron sacudidos por las salidas de socios de alto nivel después de acusaciones de acoso sexual. En Reino Unido, el número de denuncias de acoso sexual a la Solicitors Regulation Authority aumentó considerablemente entre 2017 y 2018, mientras que las llamadas sobre intimidación y acoso sexual a la línea de asistencia de salud mental para abogados LawCare casi se duplicaron. En Nueva Zelanda, estudiantes de Derecho salieron a la calle para protestar contra el acoso sexual tras un incidente en un conocido bufete de abogados. En Corea del Sur, alegaciones de acoso sexual llevaron a la encarcelación de un fiscal de alto nivel e iniciaron un “movimiento #MeToo propio” en el país. El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, advirtió de que “el poder judicial no es inmune”. Así, en 2017, un juez israelí fue condenado por delitos de acoso sexual, habiendo “explotado cínicamente su posición jerárquica frente a una joven empleada”. En Pakistán, el presidente del Tribunal Supremo fue criticado en 2018 por sus comentarios sexistas en público. En una conferencia a finales de 2018, la abogada británica Jo Delahunty QC admitió que “lo que antes pensaba que eran problemas del pasado, son problemas muy reales de nuestro presente… Tenemos el deber de cambiar la cultura que permite el acoso en la abogacía”.

De alguna manera, no es sorprendente que la intimidación y el acoso sexual estén generalizados en la profesión. Los investigadores han identificado características que aumentan la probabilidad de comportamientos negativos en el lugar de trabajo, entre ellas, cuando el liderazgo está compuesto mayoritariamente por hombres, cuando la estructura en el seno del bufete es fundamentalmente jerárquica, cuando los empleados de nivel inferior dependen en gran medida de sus superiores para avanzar y cuando el poder está muy concentrado en una sola persona. Estos factores describen muchos, si no la mayoría, de los lugares de trabajo del sector jurídico. También es posible que ciertas características culturales y estructurales de la profesión, incluida la presión de las horas facturables y la naturaleza contenciosa de muchas labores jurídicas, exacerben el riesgo de intimidación y acoso sexual. La profesora de Derecho y académica de la Universidad Nacional Australiana, Margaret Thornton, ha sugerido que la hipercompetitividad que trae la globalización del mercado jurídico “ha dado lugar a un aumento de los niveles de comportamiento incívico”.  En Nueva Zelanda, por ejemplo, una encuesta de 2018 reveló que el 52 % de los abogados habían sufrido intimidación y el 18 % acoso sexual en algún momento de su vida laboral. Un informe de 2017 elaborado por el Bar Council de Inglaterra y Gales concluía que el 21 % de los abogados encuestados que trabajaban por cuenta ajena y el 12 % de aquellos que lo hacían por cuenta propia habían sido objeto de intimidación o acoso en el trabajo en los dos años anteriores a la encuesta. Sin embargo, la magnitud del problema a nivel global sigue sin estar clara.

Por ello, a principios de 2018, la Unidad de Política Legal e Investigación (“LPRU”) de la IBA decidió realizar una nueva encuesta, la más extensa jamás realizada sobre la intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas. Casi 7000 profesionales de 135 países respondieron a la encuesta. Aunque la mayoría del debate contemporáneo se ha centrado en la práctica privada, la encuesta se diseñó para incluir a los llamados abogados in-house, fiscales, jueces y a profesionales jurídicos en el seno de la Administración Pública.

Los resultados proporcionan confirmación empírica de que la intimidación y el acoso sexual abundan en la profesión jurídica. Aproximadamente una de cada dos encuestadas y uno de cada tres encuestados habían sufrido intimidación en su lugar de trabajo o en un ambiente laboral. Una de cada tres encuestadas había sufrido acoso sexual en un contexto laboral, al igual que uno de cada 14 encuestados. Este informe proporciona un análisis conciso de esos datos, para concienciar sobre la naturaleza, el alcance y el impacto del problema y proporcionar información para el desarrollo de soluciones.

Los resultados de este informe muestran que los casos son actuales, habiéndose producido una considerable proporción de ellos en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta. Igualmente, el estudio revela una baja tasa de denuncia, con un 57 % de casos de intimidación y un 75 % de casos de acoso sexual no denunciados, por motivos como el perfil del autor y el temor del afectado a las repercusiones laborales. Incluso cuando los afectados denuncian dichos incidentes, los lugares de trabajo les están fallando: las respuestas oficiales se consideran insuficientes o no adecuadas, los autores raramente son sancionados y, en muchos casos, la situación se agrava.

Es evidente que la intimidación y el acoso sexual perjudican a la profesión. Según los datos de la encuesta, los afectados a menudo quieren cambiar de trabajo y algunos incluso desean abandonar completamente el sector legal.

Los lugares de trabajo en los que abogados de todo el mundo ejercen su profesión no están haciendo lo suficiente. Los resultados de este informe muestran que las políticas, pese a estar presentes en más de la mitad de los lugares de trabajo, no tienen el efecto deseado. Aunque la formación tiene un cierto impacto positivo, solo uno de cada cinco lugares de trabajo del sector jurídico está educando a su personal a través de formación específica para prevenir y responder adecuadamente a las situaciones de intimidación y acoso sexual.

Evidentemente, algo ha de cambiar. Este informe incluye diez recomendaciones para ayudar a los lugares de trabajo del sector jurídico y a la profesión en su conjunto a abordar estos problemas. El cambio no tendrá lugar de la noche a la mañana, especialmente porque estos problemas no son exclusivos de la abogacía, sino que reflejan desafíos sociales más amplios. Sin embargo, existen imperativos morales y éticos para que la profesión actúe de forma urgente. Por si estos no fueran suficientes, existe además el argumento de negocio. Es poco probable que los profesionales que sufren intimidación o acoso sean capaces de rendir al máximo de sus capacidades, perjudicando así la productividad de los equipos de trabajo. De forma individual y conjunta, los profesionales jurídicos y la abogacía deben eliminar la intimidación y el acoso sexual de nuestros lugares de trabajo.

El informe de la IBA pretende hacer una contribución modesta hacia un cambio a mejor.

Puedes leer el informe en el siguiente enlace: Us Too? Informe de la IBA