Conclusiones del plenario de la Subcomisión de Extranjería celebrado en Burgos el 25 de septiembre

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía se reunió en sesión plenaria el pasado 25 de septiembre en Burgos. Los objetivos de la reunión eran:

– preparar el XXVI Encuentro de Abogados de Extranjeria y Asilo, que se celebrará en esa ciudad en 2016, bajo el lema “La actuación de la abogacía ante las crisis migratorias”,

– validar las conclusiones del grupo de expertos sobre asilo y refugio del 15 de septiembre de 2015

–  analizar la próxima entrada en vigor de un nuevo régimen de acceso a la nacionalidad, y recibir informe sobre los nuevos protocolos de actuación entrada ante entradas masivas en fronteras terrestres y marítimas.

En esa reunión se alcanzaron, entre otras, las siguientes conclusiones:

1.- LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN LETRADA ANTE ENTRADAS MASIVAS EN FRONTERA TERRESTRE Y MARÍTIMA.

En dichos protocolos la abogacía detalla cuál debe ser la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios y sociales y, por supuesto, los propios abogados y resto de  operadores jurídicos, cuando se producen situaciones tan tristemente frecuentes como la entrada de personas mediante salto de la valla de Ceuta y Melilla o mediante pateras y otras embarcaciones a nuestras costas.

En dichos protocolos se ha debido ignorar la Disposición Adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no ha tenido el oportuno desarrollo y que pretendía legitimar las devoluciones en caliente. Dichas devoluciones sin identificación, registro, ni expediente son ilegales, por lo que no tienen cabida en un protocolo de actuación. Los abogados exigirán a las fuerzas del orden aplicar correctamente la legalidad nacional e internacional.

Estas realidades nos demuestran que el derecho de extranjería se encuentra en una dinámica  que trasciende el concepto de extranjería hacia un concepto integrador de todas las necesidades del ser humano extranjero: las migratorias, las de protección internacional, las jurídicas, las de protección social, en aras a una acogida digna de seres humanos.

Denunciamos, que se esté produciendo un auténtico maltrato a los solicitantes de asilo que arriban a las ciudades autónomas, remitiéndolos sin límite de tiempo a un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes saturado y sobre-explotado. Este maltrato genera desconfianza hacia las autoridades españolas, lo que dificulta el seguimiento y tramitación del expediente de asilo posterior, y al cual llegan a renunciar, mal asesorados, para intentar llegar a otros países. La abogacía española editará un boletín de preguntas y respuestas donde se incluirá esta recomendación, y con un mensaje claro: NO DEBE RENUNCIARSE A RECURSOS JURÍDICOS Y SOCIALES NI IRSE DE ESPAÑA CUANDO YA SE TIENE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL EXPEDIENTE DE ASILO.

Las condiciones en que los abogados prestan el servicio de asistencia en las entradas marítimas son,  una vez más, inaceptables, e imposibilitan un servicio de calidad. La ratio máxima de asistencias diarias por un abogado debería ser de seis y sin embargo se nos exige mucho más, y se nos retribuye por mucho menos, a costa de la calidad del servicio.

Denunciamos también que algunos responsables europeos se planteen ya, en clave restrictiva, una reforma del derecho de asilo europeo, cuando ni tan siquiera ha llegado a ser aplicado el que actualmente está vigente.

2.-  APUESTA DECIDIDA POR LA FORMACIÓN DE LOS LETRADOS. EXIGENCIA DE COLABORACIÓN Y DE UNA RETRIBUCIÓN Y FINANCIACIÓN ADECUADA.

El Consejo coordinará las actuaciones que se seguirán con los más de mil abogados apuntados al Registro de Abogados voluntarios para atención de refugiados, principalmente para

a) prestar una capacitación suficiente en materia de asilo, mediante el diseño para este mismo mes de octubre de un curso on line y sesiones presenciales prácticas.

b) difundir los resultados del curso Help, organizado por el Consejo de Europa y ACNUR, para que surta efectos como formación de formadores en materia de asilo.

c) creación de un teléfono o dirección de email de asistencia al letrado en materia de asilo.

d) exigir del Ministerio y las CCAA con competencias que se asuma que una especialización de los letrados conlleva un coste que deben asumir, y unas retribuciones dignas y proporcionadas que resultan irrenunciables.

3.- ENTRADA EN VIGOR EL 15 DE OCTUBRE DE UNA NUEVA LEY SOBRE ACCESO A LA NACIONALIDAD:

Si bien el establecimiento de un único examen centralizado de cultura e idioma permitirá superar la inseguridad del arbitrio de los registradores civiles, no nos parece que el Instituto Cervantes deba ser el competente para valorar conocimientos jurídicos y constitucionales que aparecen como centrales en ese examen. El contenido de ese examen, conocido por los primeros cuestionarios que se han hecho públicos, aparece como exageradamente exigente. El examen de lengua y cultura es una medida de garantía de integración social, no un instrumento de selección de los más aptos para alcanzar un privilegio de nacionalidad.