Expulsiones en caliente: Se veía venir

Los integrantes de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía hemos recibido y leído con indignación las últimas noticias sobre devoluciones en caliente en la tristemente célebre valla de Melilla. Nos adherimos al MANIFIESTO POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR suscrito por 139 entidades, que desde luego serán más en cuanto se conozca. Digo con indignación, pero lamentablemente no con sorpresa.

Durante todo el año pasado, sobre todo desde los tristes acontecimientos de la playa del Tarajal del 6 de febrero, con 15 personas muertas que quedarán en nuestra memoria como recuerdo de la ignominia – y de la impunidad bendecida — , el Estado de Derecho dio muestras de una debilidad decepcionante cuando las altas instituciones del estado, en lugar de investigar y depurar las responsabilidades, se dedicaron a repartir parabienes, colgar medallas y preparar leyes que aseguraran la impunidad de los culpables. La investigación judicial abierta contra los que aquel aciago día practicaron las devoluciones sin expediente, sin identificación, por la fuerza, sin abogado ni posibilidad alguna de defensa, con abusos evidentes de las fuerzas auxiliares marroquíes…se archivó bajo la excusa, un tanto retorcida y expresada en un auto donde se adivinaban fuertes disensos de los magistrados que costó aunar en un solo texto, de que la DA aprobada en la Ley de Seguridad Ciudadana les daba cobertura para lo que hicieron.

El caso es que la citada norma, como bien refleja el manifiesto, y como ya nos encargamos en su día de denunciar en este mismo blog, es un brindis al sol, un apaño, una invitación al subterfugio, un ejemplo de todo lo que no debe reunir una ley en un Estado de Derecho. Porque la Ley se supone que debe marcar límites, y ésta los elimina. Una ley debe sujetarse a leyes superiores – la Constitución, los Tratados – y esta los cita sólo como excusatio non petita, como manifestación de la intencionalidad de no aplicarlos. Una ley debe coordinar derechos y deberes, y esta sólo permite impunidades. En definitiva, una ley que se hizo a sabiendas de que no cumplía todos los requisitos que debe cumplir una ley, pero que permite al poder público excederse de los límites naturales, constitucionales e internacionales. Y se hizo con intención, y se hizo para esto.

Por tanto, se veía venir. La tramitación parlamentaria fue abrupta, se exigió una cita expresa al derecho internacional, y se incluyó de forma absolutamente innecesaria y redundante, con la sola intención de cubrir el expediente para dar cobertura a una conducta ilegal, planificada, premeditada, contumaz y alevosa. Hemos estado una temporada sin asistir al lamentable espectáculo, pues la estrategia de comprar a las autoridades marroquíes para que nos alejaran el problema estaba dando resultados, pero ya se sabe qué pasa cuando se paga al chantajista, que es cuestión de tiempo que pida más.

Se veía venir y se ve venir que se seguirá actuando con el mismo descaro y desparpajo. La propia separación de poderes ha sufrido un colapso en este caso: si el legislativo actúa al dictado de los intereses del Ministro de Interior y sin otro objetivo que dar cobertura a actuaciones ilegales, el sistema se corrompe, los Tribunales son impotentes, y la Justicia aparece expulsada, fuera de una frontera de espinas y con una patada en el culo.

Francisco Solans

Miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española