Falsos mitos y carencias en la valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género

El 41% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año había denunciado malos tratos previos. Es la tasa más alta desde que se empezaron a recoger estos datos en 2006, según las estadísticas oficiales.

Esta no puede ser una cifra más que añadir a esta trágica realidad, porque quienes trabajamos con víctimas de violencia de género sabemos lo difícil que es para la mayoría de ellas denunciar a su agresor. Después de años de violencia, de alienación, de incomprensión -a veces incluso de su entorno más cercano-, cuando una mujer decide denunciar a su maltratador es porque ya no puede más. Dando ese paso confía en salir del infierno y el Estado tiene la obligación de responder de manera eficaz a esa confianza.

Aunque en cada uno de los casos, en cada uno de los asesinatos en los que el sistema ha fallado, se han identificado diversos factores y circunstancias, en todos aparece como elemento común una inadecuada valoración del riesgo que padecen las mujeres víctimas de violencia de género.

Sabemos de la enorme dificultad que supone valorar adecuadamente el riesgo; por ello desde la Abogacía, como desde otros ámbitos especializados, venimos reclamando que se implanten en todas las Comunidades Autónomas las Unidades de Valoración Forense Integral, formada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, forenses, psicólogos y trabajadores sociales, por supuesto todas ellas con suficiente dotación presupuestaria y de especialización, a fin de que permitan determinar adecuadamente la situación de riesgo.

El equipo multidisciplinar que compone estas Unidades debe hacer una evaluación de cada víctima, de cada agresor y su entorno, facilitando al juez o jueza argumentos sólidos a la hora de decidir qué medidas de protección conviene adoptar.

A pesar de su importancia, y de estar expresamente previstas en la Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género – en vigor desde hace más de 10 años- estas Unidades existen en contadas Comunidades Autónomas.

Pero además de la falta de medios, hay otros factores que contribuyen a la desprotección de las víctimas. A ellos se refería hace unos días Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que advertía del peligroso resurgir de “falsos mitos que se van recuperando periódicamente en los tribunales”.

Decía Besteiro, y lo compartimos desde la Subcomisión, que algunos operadores jurídicos aplican la ley con prejuicios porque ha calado el falso mito de que una mujer denuncia para aprovecharse y obtener ventajas patrimoniales. Así lo constatamos en una parte de la sociedad que cree que existen muchas denuncias falsas; poco importa que quienes estamos en contacto con esta realidad lo desmontemos con los datos en la mano [ver el excelente artículo publicado por la fiscal Teresa Peramato a este respecto] , porque hay personas que no quieren escuchar que esto NO es cierto. Eso es triste, pero es mucho peor, intolerable, cuando vemos que hay operadores jurídicos que también lo creen.

Si a esto se suma la carencia de equipos especializados y específicos que les asesoren sobre el riesgo que sufre la víctima, aumentará la desconfianza de las mujeres víctimas en el sistema y se reforzará la posición de impunidad de los agresores.

Filomena Peláez

Presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española