Hoy pierden las mujeres aragonesas víctimas de violencia

Hace aproximadamente veinticinco años, la Agrupación de Mujeres Abogadas del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, cansadas de ver cómo muchas mujeres maltratadas por sus parejas no eran escuchadas en comisarías de policía y juzgados, hastiadas de ver cómo muchos funcionarios las mandaban de vuelta a casa con su maltratador aconsejándoles resolver esos «asuntos» en casa, decidieron hacer algo.

Implantaron un servicio gratuito a mujeres -muchas de ellas en el ámbito rural- consistente en: asesorías jurídicas, charlas informativas sobre sus derechos, y asistencia letrada en los procedimientos judiciales que pudieran ejercer contra sus maltratadores. Ellas se organizaron y ellas prestaban el servicio, sin ningún interés crematístico. Pro bono, como se dice ahora; o sin cobrar un duro, como se decía entonces.

Muchas de esas jóvenes abogadas idealistas y preocupadas por la forma en que la sociedad daba la espalda a las mujeres siguen hoy en activo.

La idea era tan buena, tan elemental, tan necesaria, que poco tiempo después el Gobierno de Aragón decidió financiarla a través de distintos organismos, últimamente a través del Instituto Aragonés de la Mujer, mediante un convenio que se renovaba anualmente.

Las abogadas, y también los abogados varones, que pronto se sumaron a la iniciativa, se formaron y especializaron en violencia de género y doméstica. Ellos y ellas se convirtieron poco a poco en un nutrido grupo de especialistas altamente formados y motivados en la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Muchos de ellos y ellas son o han sido formadores de nuevas generaciones de abogados implicados en la lucha contra la violencia de género.

Se crearon redes de relaciones con asistentes sociales de los pueblos de las tres provincias aragonesas, puestos rurales de la Guardia Civil o cuerpos policiales especializados. Participamos en mesas comarcales de control de la violencia a la mujer. Los abogados y abogadas del SAM éramos, y somos, conocidos en juzgados, sedes comarcales, e incluso por las propias víctimas, especialmente en el ámbito rural.

Año a año se renovaba la confianza de las instituciones públicas con este grupo de abogados y abogadas especialistas, independientes, respaldados por sus Colegios de Abogados, y sin ningún interés económico, más allá de que se remunerara dignamente su dedicación.

Aunque el gobierno de Aragón cambiara en estos años de signo político, todos renovaron el compromiso con los abogados y sus Colegios en defensa del interés de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Faltaría más.

Hasta hace poco era un orgullo manifestar a los representantes de otros territorios que en Aragón, todas las mujeres víctimas de un delito violento, desde una agresión sexual, una violación, trata o explotación sexual, o incluso mutilación genital, tenían desde el principio a su disposición y de manera gratuita, un letrado o letrada especialista, formado, respaldado y bajo el control deontológico de una corporación como un Colegio de Abogados, que carece en sus fines de ánimo de lucro.

Incluso se plasmó todo esto en una ambiciosa ley autonómica, la Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.

Llegó la época de los recortes, pero quienes conformaban el Gobierno de Aragón mantuvieron la financiación  y renovaron la confianza en los Colegios de Abogados de Aragón. Pero no nos engañemos. No todo fue un camino de rosas en aquellos momentos. Se redujeron prestaciones, horas de atención y dotación económica. De hecho, los letrados y letradas aragoneses implicados en la atención a mujeres pasaron a cobrar, y de un día para otro, exactamente la mitad de lo que cobraban. A pesar de ello, siguieron prestando el servicio con la misma ilusión.

En estos veintidós años se ha prestado asesoría jurídica gratuita a miles de mujeres. Se ha asistido a miles en juzgados y comisarías a cambio de ridículas prestaciones económicas (34 céntimos por hora de guardia cobra un abogado de Teruel). Se las ha asesorado en su localidad, desplazándose el letrado o letrada de turno por los pueblos de la geografía aragonesa, para llevarles la información a su casa. Se han dado centenares de charlas en ayuntamientos y centros cívicos sobre los más diversos temas de interés para las mujeres.

Hoy podemos certificar que todo esto que construimos se va a perder.

En 2015 el gobierno de Aragón cambió de signo político.

Muchos respiraron aliviados ante la llegada de un gobierno socialista apoyado por Chunta Aragonesista y con el apoyo explícito de Podemos, quien más clamó por las políticas sociales.

¿Se acabaron los recortes en política social con este gobierno aparentemente progresista?

No. Los abogados aragoneses estamos asistiendo al mayor ataque de los derechos de los más desfavorecidos. Hace unos pocos días les tocó a los beneficiarios de la justicia gratuita. Hoy les toca a las mujeres aragonesas.

El gobierno de Aragón tras veintidós años, quiere que la asesoría jurídica a mujeres quede en manos de una empresa privada, al mejor postor, sin garantías de formación de sus abogados, sin independencia, sin control deontológico y, desde luego, en manos de una sociedad mercantil que buscará un beneficio económico.

Razones de competencia, afirman. “Nosotros no queremos, pero una empresa privada puede reducir costes. Respecto a las guardias jurídicas, (esas que pagan en Teruel a 34 céntimos la hora), mejor las seguís haciendo vosotros”, dicen.

Los abogados aragoneses nos estamos cansando de nuestro gobierno autonómico.

Por favor, no confundan compromiso y vocación de servicio con estupidez.

Antonio J. Muñoz González
Abogado

Vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía