Investigación forense en casos de agresión policial

Por Ágatha Líbano Alonso, abogada.

El Real Decreto 650/2023, de 18 de julio, aprobó el protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida, posicionándose como un paso potencial hacia la mejora en la investigación judicial y la defensa de los derechos humanos.  No obstante, es y será esencial analizar su verdadero alcance y la efectividad real.

Quiero resaltar la relevancia de este Real Decreto con un ejemplo concreto de mi trayectoria como abogada defensora de los más vulnerables. En un caso que he llevado durante cinco años en los tribunales se ha solicitado recientemente la implementación de este decreto.

El 27 de mayo de 2018, mientras revisaba un atestado policial, me topé con una representación que no parecía coincidir con la realidad de los hechos sucedidos en la escena del crimen.

En el marco de una intervención policial cerca de un supermercado, mi representada se vio involucrada en una circunstancia donde las autoridades manifestaron un claro abuso de poder. Esta experiencia se agravó si cabe aún más debido al mal trato, y al sufrimiento e humillación que sufrió ya una vez en los calabozos de la comisaría de Getxo (Vizcaya), dejándola con traumas no solo físicos sino también emocionales y evidentes de los que que no se ha permitido hasta la fecha su reconocimiento forense.

Mi clienta, en los calabozos, mostraba signos evidentes de angustia que contrastaban con el perfil de ‘persona agresiva‘ que el atestado sugería.

Pues bien, siguiendo los artículos 292 y 795 de la LECR, un atestado debería ser una reproducción fidedigna de las investigaciones realizadas, por la policía judicial. Sin embargo, este documento, como suele ser habitual en el momento en que se denuncia agresiones policiales, parecía no solo inexacto, abusivo, sino también sesgado.

La reciente promulgación del Real Decreto 650/2023, parece que marcará un punto de inflexión significativo, pudiendo establecer un precedente pionero en la evaluación de instrumentos forenses que auxilian al juez en la formulación de su veredicto. Este decreto enfatiza la vital importancia de la medicina forense en el apoyo al sistema judicial, proporcionando dictámenes e informes cruciales durante los procesos judiciales y las investigaciones criminales, especialmente en casos de alegaciones de malos tratos.

En este contexto, se destaca la centralidad del informe médico-forense basado en el Protocolo de Estambul. Este informe va más allá de evaluar la salud física y mental de la persona afectada, estableciendo una correlación entre las lesiones observadas y las alegaciones presentadas. De esta forma, resalta el impacto de los incidentes en la dignidad de la persona y contribuye a validar la veracidad de los hechos reportados, facilitando la búsqueda de una verdad objetiva respaldada por evidencias contundentes, elemento esencial en el ámbito penal.

Es pertinente resaltar la aplicación a esta petición de prueba de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias 307/2019 y 1025/2010, que enfatizan la necesidad de admitir estas pruebas determinando que la prueba es necesaria pertinente útil e indispensable.  De igual forma, las sentencias STS 1004/2021 y STS 620/2016 subrayan la no solo la importancia de solicitar evidencias conforme al Protocolo de Estambul en contextos de supuesto maltrato, sino su petición debería de ser admitida en cualquier momento del proceso judicial penal fuere solicitada.

Cuando surgen denuncias de tortura o maltrato en España es esencial una investigación inmediata y meticulosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya a nuestro país en 12 ocasiones debido a su fallo en investigar de manera adecuada las denuncias relacionadas con abusos policiales. Ignorar el Real Decreto 650/2023 y el Protocolo de Estambul debilita la justicia española, transgrediendo principios fundamentales nacionales e internacionales, como la tutela judicial y la dignidad humana. Esta omisión puede resultar en la pérdida de pruebas vitales, dejando desprotegidas a las víctimas.