La Abogacía ante el Día Internacional del Migrante

Naciones Unidas estableció en el año 2000 el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, para que la sociedad cada vez más globalizada no se olvide los las personas migrantes en todos los países.

En este mundo globalizado, donde desaparecen las fronteras virtuales, se hacen más patentes las fronteras y obstáculos de todo tipo, que por diferentes motivos los países ponen, frenando la movilidad internacional.

La ignorancia, los nuevos nacionalismos, el temor a efectos llamada, las diversas crisis económicas, la falta real de identidad nos va mostrando un mundo que, por temores imaginarios, se va cerrando en sí mismo.

Y Europa no va atrás. Ya no solo es el incumplimiento flagrante con las obligaciones respecto a los refugiados, y los compromisos asumidos desde la Convención de Ginebra, con aquellos más vulnerables, sino que es un movimiento que no se detiene de cerrar las fronteras frente al extraño, al extranjero.

Ya no se trata de necesitar mano de obra barata. La crisis muestra la verdadera cara de esa Europa fortaleza. No solo repelemos a los inmigrantes cuando se quedan sin trabajo, sino que impedimos que ejerzan sus derechos de reagrupación familiar, de residir en forma permanente en los Estados.

España, pese a tener una de las legislaciones más avanzadas de su entorno en materia de inmigración, también es líder en aplicar medidas restrictivas de reconocimiento de derechos frente a todos los inmigrantes.

Irregularidad sobrevenida, expulsiones exprés, denegaciones sistemáticas de familiares de residentes o comunitarios, denegaciones de entrada rigurosas, denegaciones de nacionalidad, son las nuevas prácticas que nos obligan, desde la Abogacía a seguir luchando en todos los ámbitos por los derechos de los migrantes.

Reiteramos la necesidad de firmar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares  de la ONU (que ningún país europeo ha ratificado).

Reivindicamos que la actuación frente a las personas migrantes sea de solidaridad y de pleno respeto por los derechos, cuando el paradigma, parece que ha cambiado, y que la manida “lucha contra la inmigración irregular” que se proclama desde el año 1999 desde Tampere, no se transforme en una criminalización general  de los inmigrantes. Defender que el derecho penal no es la solución para luchar contra la totalidad de los inmigrantes, sino que el tipo de 318 bis del Código Penal, debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y se siga defendiendo que el bien jurídico es y debe ser la dignidad de las personas y no el orden público y las políticas migratorias.

La Abogacía debe de estar alerta y atenta para que no suceda.