La CIPM, una carrera de fondo contra la pena de muerte

Por Asunta Vivó Cavaller, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM)

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) fue creada en octubre de 2010, por iniciativa del gobierno español. La idea era establecer una organización de comisarios, todos lideres en sus propios países o internacionalmente y respetados en sus actividades para abolir la pena de muerte. Su trabajo complementaría el de las organizaciones de la sociedad civil, de Naciones Unidas, así como de los lideres políticos del mundo, que trabajan en el tema de la abolición.

Es una organización única, nos gustaría llamarla híbrida, porque pertenece a la sociedad civil pero está apoyada por 23 Estados Miembros. Hoy esta integrada por 24 comisarios de alto perfil, que representan a todas las regiones del mundo, lo que demuestra que la abolición de la pena de muerte es una preocupación a escala mundial y no la causa exclusiva de una región, un régimen político, una religión, una cultura o una tradición concretos.

Todos los comisarios tienen un largo historial de compromiso con la abolición. Por ejemplo, uno de los últimos nombrados, el expresidente de Mongolia, Tsakhia Elbegdorj, demostró, durante su presidencia, un alto grado de voluntad y liderazgo político para conducir a Mongolia por la senda de la abolición. Robert Badinter era el ministro de Justicia francés en 1981 cuando se aprobó el proyecto de ley que abolió la pena de muerte. Ibrahim Najjar es un antiguo ministro de Justicia del Líbano que presento un anteproyecto de ley en su país para abolir la pena de muerte.

La CIPM está presidida por la jueza sudafricana Navi Pillay, que ha combatido el uso de la pena de muerte como abogada sudafricana, como presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y como Magistrada de la Corte Penal Internacional. Durante su trayectoria profesional ha tenido que juzgar numerosos crímenes horribles de lesa humanidad. Pero incluso en estos casos, se ha dado cuenta de que la pena de muerte no es la solución.

La experiencia y el conocimiento de los comisarios les permite abordar asuntos sensibles desde el punto de vista político y dialogar con funcionarios de alto rango de países en los que la pena de muerte aun se encuentra vigente. Las actividades de la CIPM son diversas y en muchos casos requieren colaborar con altos representantes de países específicos, otras organizaciones y la sociedad civil. En estos 11 años se han realizado más de 40 misiones por todo el mundo. Las organizaciones profesionales, en particular los colegios de abogados, las asociaciones médicas y las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, han sido y son aliados claves de la CIPM y el movimiento abolicionista. Destaca, por ejemplo, el papel de abogados y colegios de abogados estatales norteamericanos que han luchado intensamente contra la pena de muerte en Estados Unidos y han denunciado los fallos del sistema.

Como organismo independiente y con vocación global, la Comisión promueve la abolición total de la pena de muerte en países que ya contemplan una moratoria y trabaja para detener las ejecuciones en países que todavía la llevan a cabo. Este mes hemos celebrado los recientes avances en Papúa Nueva Guinea, donde se ha aprobado abolir la pena de muerte con la derogación de una ley de 1984.

La evolución de la pena de muerte en los últimos años confirma que el mundo avanza de forma continuada hacia su abolición. Entre 2014 y 2021, 14 países la abolieron para todos los delitos, siendo Kazajistán y Sierra Leona los últimos en 2021, en cuyos procesos hemos estado trabajando y siguiendo de cerca. También cinco estados de EEUU se han convertido en abolicionistas y más de 10 países han firmado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, en otros países las ejecuciones aumentan en número y crueldad. Por ello, la labor de la CIPM es más importante que nunca. Solo con el compromiso firme y la acción conjunta de nuestros líderes políticos, el derecho internacional y nacional, y la sociedad en su conjunto, podemos aspirar a que un día la CIPM deje de ser necesaria.