La Justicia para todos es más necesaria que nunca

Por Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

No hay democracia sin Justicia. Es uno de los pilares del estado de bienestar, indispensable en cualquier estado de derecho. Y también, pieza absolutamente insustituible en el torbellino de cualquier crisis, así como en el lento y complejo proceso que sucede a las convulsiones sociales hasta que se recupera la normalidad (aunque en este 2020 esa normalidad sea otra y tristemente nos hayamos dejado en el camino la vida de decenas de miles de personas).

La crisis de 2008 está demasiado presente en nuestra memoria colectiva como para que quienes la hemos vivido podamos haber olvidado que esos complicados momentos dejan tras de sí consecuencias devastadoras. De nuevo, entre todos tendremos que hacer un esfuerzo de solidaridad para que quienes están en peores circunstancias puedan continuar viviendo una vida digna. A ello contribuirá nuestro maltrecho aunque sólido sistema sanitario, nuestro modelo educativo y los cada vez mejores servicios sociales que tenemos. A ellos deberemos sumar una Justicia para todos, en la que todos hallen receptividad y que ofrezca respuesta cuando ésta todavía es efectiva.

CRISIS DEL CORONAVIRUS

La crisis del coronavirus, que todavía observamos con más temor que capacidad de análisis, prácticamente paralizó el mundo de la Justicia. Congeló la inmensa mayoría de los juzgados y procesos y nos mostró con enorme crudeza el largo camino que nuestro sistema judicial tiene por delante para completar su verdadera digitalización.  En ese panorama de escasez de medios tecnológicos y, en los primeros momentos, de medidas de prevención del contagio se prestaron únicamente los servicios esenciales, aquellos que podían suponer un daño irreparable. Y aunque no fueron muy visibles en los medios de comunicación, también ahí estuvieron los abogados del Turno de oficio asumiendo su obligación a pesar de los riesgos.

Desde que concluyó formalmente la crisis no sólo hay que trabajar más y mejor, sino que es preciso afrontar un panorama más sombrío ante el previsible incremento de litigios sin un sustancial crecimiento de los medios humanos y materiales. Todo ello ha hecho que los retos que todos tenemos por delante sean enormes. Cada uno afrontará los suyos, contribuyendo con su labor a la recuperación colectiva. El nuestro, el primero y más urgente para la Abogacía es el de consolidar y seguir impulsando la calidad de nuestro sistema de Justicia Gratuita. Los datos que ofrece este observatorio, referidos a 2019, nos cuentan que ya son prácticamente dos millones el número asuntos que se tramitan anualmente a través del Turno de Oficio, cerca de 900.00 expedientes los que descansan sobre el conocimiento y dedicación de los 45.868 abogados y abogadas adscritos al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Más de 285 millones de euros invertidos en garantizar el acceso a la Justicia, lo que se traduce en 143 euros por cada asunto tramitado.

Aunque el dinero no es el principal elemento que sostiene el Turno –de poco serviría si no fuera por la entrega de los abogados-, sí es relevante que hayamos cruzado el bache económico que nos dejó aquella crisis cercana que ya se nos antoja remota. Y, sin embargo, todos sabemos que no es suficiente. Sabemos que 143 euros apenas sufragan una mínima parte de los desplazamientos, esfuerzo y dedicación que necesitan cada uno de esos dos millones de problemas a los que se enfrentan quienes no tienen los medios económicos suficientes para contratar a un abogado. Por eso seguiremos reclamando baremos más próximos al coste real de los servicios, así como más inmediatez en el pago.

Si garantizar la eficiencia y calidad del Turno de Oficio era una medida de puro sentido común antes de que conociéramos el virus, reclamar su decidido impulso se ha convertido ahora en un deber moral del conjunto de la sociedad. Los más castigados social y económicamente por este nuevo tsunami invisible no pueden pagar dos veces su infortunio. Se merecen nuestro apoyo, nuestra solidaridad y, muy especialmente, que sigamos mostrando la profesionalidad que hace del Turno de Oficio español lo que es hoy.

PILARES BÁSICOS

Los fondos públicos son fundamentales, claro que sí, pero la profesión viene reclamando hace ya demasiado tiempo reformas legales de calado que otorguen a la Justicia Gratuita el lugar que le corresponde y que sustenten con firmeza la posición de los abogados, que no es otra que los derechos de los ciudadanos. La Ley del Derecho de Defensa, cuya comisión redactora ha comenzado a trabajar ya, y la Ley de Justicia Gratuita, cuya modificación llevamos tiempo demandando, son los dos pilares legales sobre los que deben asentarse los derechos de quienes acudirán en los próximos años a los juzgados y tribunales españoles. Si las leyes son importantes para todos los ciudadanos, ¡cómo no van a serlo para quienes hacemos de las leyes nuestra herramienta de trabajo!

Legislación sólida y financiación suficiente. La Abogacía no pide mucho. Pero, sobre todo, el tiempo y la propia crisis del coronavirus han demostrado que mientras con una mano reclama, con la otra ofrece por adelantado lo mejor de sí misma, todo su conocimiento y dedicación para servir a quienes, tengan o no dinero para pagarlo, se merecen la misma Justicia ahora más que nunca.