La “matrícula familiar”, imprescindible para evitar más violencia

Por Ramón Quintano Ruiz, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. 

La integración de los sistemas informáticos para que el juzgador pueda conocer en tiempo real la información de todos los registros y sistemas que existen en toda España es esencial para proteger mejor a las víctimas de violencia.

Tras el terrible asesinato en abril de un niño de 11 años en Sueca (Valencia) presuntamente a manos de su padre, que evidenció problemas de coordinación y de falta de información entre los juzgados, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial , Ángeles Carmona, reconoció, que el asesinato fue un “fallo flagrante” del sistema que “no puede volver a ocurrir” y señaló que, por ello, desde el Observatorio se propuso que se estableciera un sistema de alertas para que todos los Juzgados de Familia conocieran cuando una mujer es víctima de malos tratos, porque en estos casos están obligados a suspender el régimen de visitas de los maltratadores a sus hijos.

“Ha habido falta de coordinación. Por eso pedimos que la integración informática de estos casos se haga de manera inmediata y cuanto antes para evitar la desprotección de los niños, porque ese niño no tendría que cumplir un régimen de visitas”, lamentó Carmona.

Precisamente en el encuentro entre jueces y magistrados con competencias de familia, las asociaciones de la Abogacía especializadas y las asociaciones de Psicología Forense y de Trabajo Social Forense, celebrado en Barcelona en noviembre de 2021, se llegó a la conclusión unánime de la necesidad de crear la llamada “matrícula familiar” que recoja la información procesal imprescindible, con todas las cuestiones que se están instruyendo, sobre una persona:

“Es necesario introducir la denominada “matrícula familiar” para resolver los problemas de coordinación y falta de información que se da cuando diferentes juzgados, equipos técnicos (civiles y penales), diferentes fiscales y distintos abogados intervienen sobre una unidad familiar en casos conexos. Se deben incluir, así mismo, los procesos de violencia intrafamiliar de todo género, así como los que se siguen ante los juzgados de menores infractores. Esta medida implicaría evitar la duplicidad y multiplicidad de intervenciones de diferentes equipos técnicos y exploraciones, así como los perjuicios para las personas que tienen que acudir a los tribunales, en especial a los menores.

La violencia de género y la doméstica no son cuestiones aisladas, pues dejan marca en sus víctimas, y también en los agresores. Por lo tanto, es necesario conocer episodios anteriores con otros grupos familiares. También se evitaría que distintos equipos técnicos tuvieran que intervenir en sucesivas veces sobre una misma unidad familiar o, en su caso, se ha de intentar limitar el alcance de la intervención si pueden aprovechar los datos de intervenciones anteriores”, se afirmó en las conclusiones del encuentro.

Su necesidad se advierte, por tanto, desde dos puntos.

Es obvio, en primer lugar, que existen problemas de coordinación y de falta de información entre los juzgados de familia, donde los hay, o los juzgados de primera instancia, donde no los hay, y los juzgados de violencia contra la mujer -o los juzgados de instrucción, en los que también se conocen, a veces, los temas penales que nos ocupan-. Y es obvio, también, que hay que intentar solucionar aquellos problemas.

Por su parte y tal y como explican las diferentes crónicas periodísticas que se hicieron eco de su rueda de prensa de 11 de abril, a pesar de mostrarse a favor de aquel sistema de alertas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incidió en que los juzgados ya cuentan con herramientas suficientes para evitar este tipo de casos y mejorar la coordinación interinstitucional. Recalcó que tienen a su disposición la información contenida en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) si así lo solicitan, recordó a los jueces que, por el “deber de diligencia debida”, hay “una obligación de acudir” a estos datos y descartó, por todo lo anterior, una reforma legal para obligar a su consulta, abogando por la formación y la perspectiva de género en la justicia.

Esta opinión, concuerda con otras dos conclusiones que se adoptaron en la referida mesa del Encuentro:

“Consulta de antecedentes de violencia de género por parte de los juzgados de familia. Es necesario que los y las LAJ (tanto en la primera instancia como en las apelaciones) consulten en todos los procedimientos, y previa admisión de las demandas o recursos, el sistema SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia) y/o VIOGEN para conocer si entre las partes existe o ha existido un procedimiento de violencia de género dejando constancia en las actuaciones de dicha averiguación. Con esta medida se facilita a los tribunales de familia conocer si el procedimiento penal está tramitándose, para evitar inhibiciones innecesarias que retrasan el procedimiento” y “Para que se pueda apreciar la existencia de violencia oculta, es necesario que se priorice la formación judicial en perspectiva de género y en perspectiva de infancia.

Esta formación es tan necesaria para los titulares de los juzgados civiles con competencia en familia, como en los de VSLM, incluyendo a los de la segunda instancia y la casación. Formación que también es necesaria que se imparta a todos los operadores jurídicos que intervengan en estos casos (LAJ, Fiscalía y Equipos Técnicos). De esta forma se podrán determinar qué indicios hay que tener en cuenta por ser reveladores de la existencia de violencia oculta para prevenir hechos luctuosos posteriores”.

Se nos aparece, en todo caso, una cierta discrepancia en los planteamientos que, entendemos, no beneficia a nadie.

La adopción del sistema de alertas es vital, nunca mejor dicho, y lo que no puede ocurrir es que, como diría el refranero, la casa quede sin barrer. Es evidente que tendría que existir un sistema que avisara de las situaciones de violencia a los juzgados de familia, donde los hay, o los juzgados de primera instancia, donde no los hay; que ese, por cierto, es otro problema grave del sistema. De hecho, uno se imagina al respetable ciudadano lego preguntándose, con sorpresa, cómo es posible que esto no sea ya así.

Y es que, en realidad, entendemos que no existe ningún motivo válido que explique que no se haya establecido ya. La protección de los niños, niñas y adolescentes es, por ejemplo, mucho más importante que cualquiera de las circunstancias y situaciones de cada uno de nosotros que la Agencia Tributaria tiene absolutamente controlada con sólo apretar un botón.

Se trataría, simplemente, de realizar un trabajo de coordinación interinstitucional para que el juzgador que tiene el proceso de ruptura en su mesa pueda conocer en tiempo real la información de todos los registros y sistemas que existen en toda España (desde los policiales -todos- hasta, por ejemplo, los de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y Penados).

Además y tal y como se apunta en la primera conclusión transcrita del Encuentro, la “matrícula familiar” serviría, también y en segundo lugar, para evitar duplicar, o multiplicar, intervenciones judiciales o de equipos técnicos. Siempre que sea posible hay que evitar la revictimización de la mujer, y, en su caso, hijos, que se halle en la tesitura de haber tenido que denunciar varias veces a su presunto agresor.

Ese debería ser uno de los objetivos del sistema judicial y es evidente que para aquellos casos sería de gran utilidad que, por ejemplo, todas las exploraciones o informes pasados estuvieran a disposición del juzgador en algún sistema o registro. De esa manera, se podría efectuar una mejor y más rápida valoración de la situación global, que obviamente redundaría en beneficio de las víctimas.

En definitiva, la ‘matrícula familiar’ debería ser un objetivo a cortísimo plazo del legislador sin que exista excusa alguna que pueda explicar que no se adopte lo más rápidamente posible.