Las ayudas van por barrios

No puedo por más que escribir estas líneas para tratar de alguna forma dar a conocer la precaria situación económica por la que atraviesan muchas mujeres víctimas de violencia de género, que tras haber superado los miedos a denunciar a su pareja, se ven abocadas irremediablemente a mendigar junto a sus hijos, a pesar que la ley integral 1/2004 prevé una serie de ayudas para las mismas y que como es sabido dichas ayudas no se han visto afectas, a pesar de los recortes habidos, por la crisis económica en la que estamos subsumidos.

Es evidente que la situación actual, de incremento del paro, falta de incentivos para poder encontrar un puesto de trabajo, la corrupción, hace especialmente vulnerables a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y que teniendo hijos a su cargo no tienen un trabajo remunerado, dependiendo únicamente de los recursos y ayudas sociales previstos para ellas.

Sin embargo, cabe preguntarse si estas ayudas son efectivas, pues una mujer que ha sufrido más de un episodio de violencia, con la consiguiente secuela de ansiedad, depresión por analogía síndrome de estrés postraumático, no puede verse abocada a la mendicidad, sin que efectivamente pueda percibir las ayudas previstas en la ley integral, por una cuestión meramente administrativa y en atención al barrido en que tiene fijada su residencia.

Este es el caso de María, con cuatro hijos menores de edad, su marido ha sido condenado por delitos de violencia de género por sentencia firme en cuatro ocasiones; actualmente se encuentra en prisión preventiva por cuanto por quinta vez ha agredido a su ex pareja. María no puede ser beneficiaria de ninguna ayuda derivada de la violencia de género prevista en la ley, pues la asistenta social del barrio ha agotado las ayudas entre los residentes del mismo, y Maria ha de esperar a que haya nuevos fondos; sin embargo si su residencia estuviera ubicada en otro barrio de la ciudad sí tendría derecho a recibir las ayudas previstas y estas serían de mayor cuantía. Ello evidencia que previsiblemente se necesite una revisión de la ley integral  para, que tal como reza en su texto, las ayudas a las víctimas de violencia de género reciban las ayudas independientemente del barrio en el que tengan su domicilio habitual.

Por ello Maria está buscando un trabajo que le permita obtener unos ingresos con los que sustentar a sus cuatro hijos pues únicamente percibe el subsidio de subsistencia de 426 euros al habérsele acabado la prestación de desempleo. Hace poco encontró un empleo en el que le pagaban 500 euros mensuales, sin embargo a los servicios sociales no les pareció adecuado por cuanto si trabajaba tendrían que actuar y los menores pasarían a ser tutelados por la Administración al considerar que los niños no pueden estar solos al no ser compatible el horario laboral con el horario del colegio de los menores y no tener Maria más familiares en la ciudad.

Todo ello parece  un despropósito, pues a veces no son tanto las ayudas económicas, que evidentemente son importantes, sino que también se habrían de prever ayudas personales, pues es importante que las mujeres víctimas de violencia de género puedan rehacer su vida sin tener una dependencia económica de sus ex parejas y ello únicamente se puede conseguir a parte de la ayuda psicológica con medios económicos y personales que lleguen efectivamente a manos de estas mujeres.

Montserrat Ricart Arnau. Abogada, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española