Los derechos de los ciudadanos, por encima de todo

«Permítanme partir de varias premisas en las que supongo que estaremos todos de acuerdo. Los ciudadanos, los  pacientes, clientes y usuarios potenciales o efectivos de nuestros servicios profesionales, tienen una serie de derechos e intereses legítimos que hay que preservar. La ciudadanía tiene derecho a disponer y recibir unos servicios de calidad por parte de los profesionales que se encargan de prestarlos». De esta forma comenzaba la tribuna de Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española, publicada en el diario Cinco Días a propósito del debate reabierto sobre la prevista Ley de Servicios Profesionales a través de la que se pretende revisar la obligatoriedad de la colegiación tendiendo hacia la liberalización, con todo lo que ello conlleva.

Por supuesto que siempre hay que perseguir una mejor regulación, pero el resultado de esa búsqueda debe ser siempre el equilibrio, sobre todo, sabiendo lo que ha sucedido en sectores que han operado en mercados liberalizados… En esta época donde la economía lo impregna todo es nuestro deber defender aquellos modelos que van más allá de criterios economicistas y propugnar la necesidad de garantizar los derechos de la ciudadanía por encima de todo y ello solo se consigue con un sistema ordenado y controlado por esas organizaciones independientes como son los colegios profesionales.

La modernización de la imagen institucional de la Abogacía constituye una muestra más del proceso de constante actualización en el que se hallan inmersas las organizaciones colegiales fruto de ese espíritu de servicio a los ciudadanos por el que fueron creadas y que las mantiene siempre vivas.