¡No olvidemos a los presos políticos de Turquía ante la amenaza de COVID-19!

Por Ali Yildiz, abogado turco y fundador de “The Arrested Lawyers Initiative”

• Las recientes enmiendas de Turquía a la Ley de ejecución de penas (Ley Nº 5275) son muy decepcionantes para quienes se preocupan por los derechos y las libertades y creen en la justicia.
• Las enmiendas de la Ley Nº 7242 empeoran la injusticia ya existente en el sistema de justicia penal de Turquía.

Impulso de la enmienda: El hacinamiento

El hacinamiento en las cárceles turcas no es un problema nuevo. Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, el hacinamiento ha empeorado peligrosamente. En 2005, el número de personas recluidas en prisiones era de 173.000, que aumentó a 224.000 en 2016 y finalmente a 286.000 en noviembre de 2019. En otros informes fidedignos sobre la cuestión, el nivel de ocupación de las prisiones turcas varía entre el 131% y el 153%. El Partido del Movimiento Nacionalista de Turquía (MHP), aliado de facto del presidente Erdogan, insistió desde 2018 en un proyecto de ley de libertad condicional anticipada pero había un grave conflicto entre el AKP y el MHP sobre qué presos debía incluir el proyecto de ley de libertad condicional. La propuesta de MHP excluía a los presos políticos, incluidos los abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos kurdos, mientras que, a los delincuentes graves, como los condenados por tráfico de drogas o delitos violentos, se les ofrecía la libertad condicional. El presidente Erdogan, por otra parte, ha dicho constantemente: “El Estado puede ser misericordioso en los delitos cometidos contra el Estado. Sin embargo, el Estado no tiene autoridad para conceder amnistía en los delitos contra las personas”.

COVID-19 Turquía es uno de los países con el mayor número de infecciones y la curva de infección de más rápida expansión. Mientras que el 25 de marzo las infecciones eran unas 2.500, el 27 de abril eran más de 110.000.

Aunque este conflicto de opinión retrasó la promulgación del proyecto de ley durante dos años, el riesgo de que la epidemia de COVID-19 se propagara en las superpobladas prisiones turcas, en las que las condiciones de los reclusos son gravemente insalubres, hizo que el Gobierno volviera a incluir el plan de enmienda en su programa.

El proyecto de ley, que el AKP y el MHP han acordado, fue presentado abruptamente al Parlamento el 2 de abril, y fue aceptado por el subcomité el 4 de abril. El partido gobernante AKP y el MHP aprobaron el proyecto de ley el 13 de abril.

En este período legislativo, las asociaciones de abogados nacionales e internacionales y las oenegés de derechos humanos hicieron muchos llamamientos al Gobierno turco para que se observaran los principios de igualdad y no se discriminara a los presos políticos.

El 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también llamó a la comunidad internacional e insistió: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, claramente preocupado por el bienestar de las personas detenidas, instó el 20 de marzo de 2020 a los Estados partes a considerar medidas alternativas al encarcelamiento, como la conmutación de penas, la liberación anticipada y la libertad condicional. El Comité subrayó que ese enfoque es imperativo en situaciones de hacinamiento. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura hizo llamamientos en consonancia con los de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

Turquía ha hecho caso omiso de todos esos llamamientos, por lo que las enmiendas sobre las disposiciones de libertad condicional y libertad vigilada anticipadas no son más que la encarnación de una injusticia. Según las enmiendas, las personas condenadas en virtud de las leyes antiterroristas vagas y draconianas de Turquía no pueden optar a la libertad condicional anticipada, las personas condenadas por corrupción, crímenes organizados o violentos, y los delitos relacionados con las drogas o delitos sexuales sí. En el proyecto de ley tampoco se previó medidas para poner en libertad a las personas en prisión preventiva, que actualmente se estiman en 43.000 personas.

¿Qué ha aportado la enmienda?

Antes de la enmienda, los delincuentes condenados tenían que cumplir 2/3 de la condena y podían beneficiarse de la libertad supervisada 2 años antes de cumplir 2/3, por ejemplo, alguien condenado a 9 años de prisión tenía que cumplir 6, pero podía ser liberado al final del cuarto año, seguido de la libertad supervisada. Este no fue el caso de los condenados en virtud de las leyes antiterroristas, deben cumplir ¾ de su sentencia y pueden beneficiarse de la libertad supervisada un año antes de completar ¾. Por lo tanto, alguien condenado a 9 años bajo las leyes antiterroristas puede ser liberado después de 5 años y 9 meses (69 meses).

La enmienda que discrimina a los llamados delincuentes terroristas empeoró esta injusticia, reduciendo el requisito de que era necesario cumplir 2/3 de la sentencia a ½ (la mitad), el derecho a la libertad supervisada de 2 a 3 años. Alguien condenado a 9 años de prisión podía ser liberado después de 18 meses, pero después de 69 meses para los llamados delincuentes de terrorismo. El conocido líder de la mafia, Alaattin Cakici, fue puesto en libertad tan pronto como el presidente Erdogan aprobó las enmiendas, mientras que el célebre escritor y periodista, Ahmet Altan, y cientos de abogados y periodistas, siguen en prisión.

¿Quiénes son los condenados por terrorismo?

Puede parecer razonable excluir a los terroristas de esa legislación, pero el persistente abuso por parte de Turquía de sus leyes antiterroristas y el Estado de derecho significa que cientos de miles de ciudadanos turcos han sido encarcelados con pocas o ninguna prueba de actividad terrorista real.

El 21 de diciembre de 2019, Dunja Mijatovic, Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, dijo que “la definición demasiado amplia de terrorismo y de pertenencia a una organización delictiva y la tendencia del poder judicial a ampliarlas aún más no es un problema nuevo en Turquía, como lo atestiguan numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos … su problema ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tiempos… Estos procedimientos, combinados con un uso gratuito de la detención preventiva, ponen injustamente en peligro la vida de muchas personas en Turquía, incluidos muchos defensores de los derechos humanos”. Asimismo, Nacho Sánchez Amor, relator del Parlamento Europeo para Turquía, afirmó el 24 de diciembre de 2019: “Si se refiere con una misma etiqueta a un alcalde preocupado por los problemas de sus ciudadanos, estudiantes y académicos que critican al Gobierno, a un profesor de un colegio de Gülen en Indonesia, a un periodista que critica la operación de Siria, y también a alguien que mata a la gente con morteros, una definición tan amplia de terrorismo no pasaría la prueba de respetar el Estado de derecho y los derechos humanos”. “Entonces, ¿todo el mundo es un terrorista? Si lo usas para todo y para todos, nada ni nadie es un terrorista al fin y al cabo”, añadió.

Como se subrayó en las declaraciones de los observadores de Turquía en nombre de diversas instituciones europeas, las disposiciones antiterroristas de Turquía han venido planteando una verdadera amenaza a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos turcos. Desde 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria han establecido en trece decisiones separadas que las disposiciones antiterroristas de Turquía son contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos en los que Turquía es parte.

Hoy en día, en Turquía, cientos de periodistas y políticos kurdos, más de 1.500 abogados e importantes representantes de la sociedad civil están en prisión o bajo fianza por el delito de “ser miembro de una organización terrorista armada” o “apología del terrorismo”.

Entre ellos el destacado filántropo, Osman Kavala; el expresidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kilic; el exvicepresidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Alparslan Altan; el periodista y escritor Ahmet Altan, los presidentes de los colegios de abogados provinciales o de las asociaciones de abogados, Fevzi Kayacan, Cemal Acar, Selcuk Kozagacli; y los políticos kurdos Selahettin Demirtas y Figen Yüksekdag. Según un cálculo de la Arrested Lawyers Initiative llevada a cabo sobre las estadísticas del Ministerio de Justicia de Turquía relativas a los enjuiciamientos en los últimos seis años, ha habido un aumento constante del uso de la ley antiterrorista.

Si bien en 2013 se imputaron a 8.416 personas por delitos definidos en el artículo 314 del Código Penal (pertenencia a una organización terrorista armada), el número de acusaciones ha aumentado a 146.731 en 2017 y finalmente a 115.753 en 2018. Por consiguiente, los fiscales turcos de todo el país han imputado a 337.722 personas por pertenecer a una organización terrorista armada entre los años 2013 y 2018. 285.168 de los acusados son hombres y 52.435 son mujeres. Aunque todavía no se han publicado las estadísticas correspondientes a 2019, no sería sorprendente que la cifra se elevara a 400.000 a finales de ese año.

Un examen más detenido de las acusaciones de cientos de personas que han sido encarceladas en virtud de las draconianas leyes antiterroristas de Turquía revela que casi ninguna de ellas ha sido realmente encarcelada por actividades terroristas reales, incluido el uso de la violencia o la amenaza. Por lo tanto, se podría argumentar con confianza que la liberación de esos prisioneros no supondría ninguna amenaza para el público.

Las personas discriminadas en la ley de libertad condicional anticipada no son terroristas, sino presos políticos. Como dijo incisivamente Nacho Sánchez-Amor, si 400.000 personas, entre ellas 52.000 mujeres, son terroristas, nadie lo es. Para el presidente Erdogan este proyecto de ley era una buena oportunidad para actuar de acuerdo con su posición anterior, como hacen los estadistas, para poner fin al sufrimiento de los presos políticos, pero Erdogan y el AKP se contradijeron de nuevo, y abandonaron a los presos políticos al peligro de la muerte, lo que podría dar lugar a una pena de muerte política. Considerando que, como confirmó el Ministro de Justicia, hasta la fecha, 120 reclusos han dado positivo por COVID-19 en cuatro prisiones distintas, este peligro no es remoto, ni imaginario ni simplemente temido, sino real e inminente. Por lo tanto, debemos seguir abogando por ellos para demostrar que no están abandonados.

* Ali Yildiz ha ejercido la abogacía como miembro del Colegio de Abogados de Ankara y ha fundado The Arrested Lawyers Initiative.

Traducido por Mehmet Siginir, fundador de www.proderechos.org