Refugiados: Solo 18…

Es difícil escribir respecto de los refugiados algo que no se haya escrito en los últimos meses. Voces muy autorizadas han clamado ya por una actitud más activa en la defensa de los derechos de estas personas que arriban, o lo intentan, a nuestras fronteras huyendo del terror y la miseria. Pero nada se ha hecho, o poco, muy poco, para la envergadura de la tragedia que se esconde bajo las palabras “crisis de los refugiados” y que incluso se ha convertido en moneda de cambio para determinados intereses políticos (léase “evitar el Brexit”).

Un dato puede resultarnos revelador. La Unión Europea se comprometió a acoger a 160.000 refugiados cuando, tras la aparición del cuerpo del pequeño Aylan en las costas griegas, la opinión pública obligó a las instituciones a adoptar decisiones que llevaban meses postergando. De estos, España, tras regatear apoyada en la delicada situación económica que atraviesa el país (solo para este tema por lo visto, porque en otros foros todo parece indicar que la recuperación es ya irreversible), acabó por aceptar una cuota de en torno a 18.000 personas. A la fecha en que se escribe esto, solo 18 han llegado a España. 300 menores más han muerto desde Aylan, 50 solo en los primeros meses de 2016, muchos habían muerto antes sin que nada se hiciera y más de 10.000 parecen haberse esfumado en manos de redes criminales dentro de territorio europeo. Pero solo son cifras…..

Más de cuatro millones de personas, en lamentables condiciones, esperan en Turquía para poder alcanzar nuestro territorio. La Unión Europea ha asignado importantes recursos para políticas de contención en la misma Turquía, en Serbia y Macedonia, así como para operaciones militares en el Mediterráneo, teóricamente contra las mafias de tráfico de personas.

Sin embargo, no debemos olvidar que gran parte de la responsabilidad en los orígenes de esta crisis humanitaria, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, es de la propia Unión  Europea que durante años ignoró y debilitó el sistema de asilo en favor del fortalecimiento de estrategias que afrontaron los flujos de personas solo como parte de un mercado de mano de obra barata, y a ser posible cualificada, posponiendo una visión respetuosa con los tratados de derechos humanos de los que somos signatarios, en favor de directrices mercantilistas y cortoplacistas.

Si a ello le unimos las fallidas políticas de externalización de fronteras y acuerdos de control de flujos migratorios, que saltaron por los aires durante las primaveras árabes, como es el caso de Libia, y el condicionamiento de las políticas de cooperación al desarrollo a la readmisión de nacionales y no nacionales, nos lleva a una miopía deliberadamente fomentada por las instituciones europeas para proveer y atajar el drama que se desarrolla ante nosotros y que empezó a gestarse mucho antes.  Porque no debemos olvidar que en esta situación nosotros no somos las víctimas ni los damnificados, como proclaman las voces de los partidos nacionalistas y xenófobos que de forma alarmante se están beneficiando en Europa de esta parálisis del todo voluntaria de instituciones europeas y gobiernos nacionales.

Por tanto, seguir hablando desde la Abogacía de refugiados, en tanto son estos las auténticas víctimas de esta dejadez criminal, es no sólo un imperativo ético, sino un deber legal. La Abogacía debe jugar en este caso un papel fundamental en la supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales suscritos en materia de asilo, no sólo ante el Estado español, sino también en instancias internacionales.

Muy importantes son, por supuesto, las cuestiones de organización interna y formativas que garanticen un servicio de calidad a los refugiados o solicitantes que en nuestro territorio demanden atención jurídica, pero de nada servirán los mejores protocolos y profesionales si no logran llegar a terreno seguro para poder ejercitar sus derechos, es decir si los refugiados no llegan. Y no están llegando.

Fundamental se prevé entonces que los abogados asuman un papel activo, tanto a nivel local, vigilando el cumplimiento estricto de la legalidad y la defensa de los derechos que corresponden a solicitantes de asilo reales o potenciales (especialmente importante en las zonas fronterizas y costeras donde el acceso al territorio se ve obstaculizado para muchos de los extranjeros que podrían caer bajo el paraguas de la protección internacional), como a nivel nacional y europeo. Vigilar el acceso efectivo de estas personas a todos sus derechos, no sólo los de acceso a la documentación, sino también a condiciones dignas de acogida y empleo y a luchar contra las actitudes racistas que afrontan cada vez con más frecuencia dentro de nuestras sociedades: es otra tarea para abogados militantes en derechos humanos, que deberíamos ser todos.

Otros focos de atención para la Abogacía institucional deberían ser impulsar, como motor principal, la adopción de un nuevo reglamento de asilo que contribuya a objetivar conceptos ya recogidos en la normativa del SECA y que, ante la falta de regulación, no se están aplicando o se aplican con un margen de discrecionalidad tan amplió que acaba incurriendo en injusticia.

Por último, pero más importante, es reclamar vías de acceso seguro para solicitantes de protección internacional, utilizando todos los procedimientos legales y judiciales que estén a nuestro alcance, en Derecho nacional, europeo o internacional, desde el entendimiento claro de que mientras las mismas no existan (por ejemplo el asilo en vía diplomática) seguiremos fomentando el inhumano negocio de las mafias, cayendo en la incoherencia de lamentar las muertes que nosotros mismos provocamos, e invirtiendo cantidades millonarias en políticas militares que podrían ir destinadas a integración en la acogida y al desarrollo en origen.

El seguimiento del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de derechos humanos en los “hotspots” para evitar vulneraciones o uso indebido de los datos recabados en tales puestos, bajo la excusa de la seguridad y el terrorismo, así como la garantía de las condiciones dignas en los centros de detención/retención de extranjeros en territorio europeo, son otros posibles caballos de batalla.

Y como idea final, no deberíamos desdeñar la posibilidad de generar redes a nivel europeo entre Colegios de Abogados que permitan generar puntos de atención jurídica efectiva, más allá de iniciativas más o menos loables que remuevan conciencias al calor de sentimientos solidarios, para que se garantice el acceso libre, gratuito a información veraz y contrastada a los solicitantes de asilo, evitando así que caigan en las trampas que las mafias de tráfico de personas originan.

No podemos, no debemos, so pena de aparecer ante la Historia y ante nuestras propias conciencias, como cómplices de esta indiferencia criminal que nos asola. Defender los derechos de los refugiados es defender los nuestros también. Ninguna sociedad que se considere justa y democrática puede contemplar impasible la dramática situación que los refugiados viven ante nosotros, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Mercedes Alconada de los Santos

Letrada Colegio de Abogados de Sevilla