¿Soberanía nacional vs Derechos Humanos?

Pocas veces la redacción de un artículo de una ley acumula semejante cantidad de incidencias en torno a la misma, como el intento del Ministerio del Interior, a través de un disciplinado y obediente Grupo Popular en el Congreso, de legalizar las llamadas “devoluciones en caliente”. Un brevísimo repaso será de utilidad:

El 6 de febrero de 2014, hace apenas un año, mueren quince personas en su intento de cruzar nadando a Ceuta, enfrentándose a un operativo de defensa más propio de una invasión armada que de un grupo de inmigrantes agarrados a un neumático, e ignorantes de que estaban siendo grabados por “efectivos de la sociedad civil” en su irresponsable empeño por que todos sepamos lo que se hace en nuestro nombre y con nuestro dinero. En la grabación no solo se aprecia la desproporción, sino cómo los pocos supervivientes son devueltos inmediatamente en una franca y evidente vulneración de toda legalidad argüible.

Las reacciones del Ministerio son un muestrario de todas las malas prácticas políticas a las que no queremos acostumbrarnos: negar lo evidente (¡no se disparó!); sacar a relucir el “y tú más”(al parecer era una práctica bendecida por el anterior Ministro socialista); un ataque como mejor defensa (esgrimiendo el honor de la Guardia Civil e insinuando que quien critique está atentando contra él); tirar balones fuera (echarle la culpa a las mafias sin pruebas ni fundamento alguno); matar al mensajero (¡qué mala gente ésta de la Sociedad civil que graba lo que no debe!); interpretaciones más allá de lo retorcido de las sacrosantas fronteras (aquello de la frontera no es la frontera sino las espaldas de la policía), y por último, el colmo del cinismo político: si lo que hemos hecho es ilegal, pues lo convertimos en legal, que para eso somos los que mandamos.

Y así, entre imputaciones judiciales, visionados en youtube cada vez más claros, preguntas parlamentarias, llamadas de atención de la Comisión Europea, de organizaciones internacionales, del Defensor del Pueblo, de los abogados, jueces, fiscales, el mundo académico, de la sociedad civil en masa, va naciendo con sus diversas versiones el proyecto de que, como tenemos muy avanzada una ley, pues le metemos con calzador una enmienda que además permite saltarnos los informes del Consejo del Poder Judicial, y en unos meses asunto arreglado. Si además les pagamos unas perrillas a los amiguetes del otro lado de la frontera para que repartan unos cuantos mamporros, reeditamos aquella vieja frase: “teníamos un problema y lo hemos resuelto”.

La enmienda se parchea para acallar bocas: se inventan unas “oficinas de asilo” de imposible acceso para los inmigrantes que quieran pedir asilo, y así callamos a los que arguyen el derecho de asilo; añadimos una retórica frase sobre el derecho internacional para acallar a los que lo alzan… pero lo que va delante, va delante. Y en estas la mismísima Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace un llamamiento contra la enmienda: se sigue intentando legalizar en un Parlamento nacional lo imposible, es decir, lo que no es ilegal por voluntad o capricho coyuntural de un gobierno, ni siquiera por la voluntad de un pueblo soberano, sino por el consenso y garantía de y para la especie humana a través de instrumentos internacionales de primer orden. Y es que la soberanía nacional, por respetable que sea, no tiene opinión donde se sitúan los derechos de la humanidad, y eso es lo que parece que no se entiende, o no se quiere entender. Eso establece el gravísimo sustrato en que nos estamos moviendo. Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica una vulneración de los derechos humanos como la que se pretende: disponer del destino de seres humanos sin permitirles tener un abogado que lleve su caso ante un juez, sin un procedimiento que garantice ese derecho, así como la individualización y la motivación, sin permitir el derecho de asilo, y todo eso admitiendo que es en nuestro territorio soberano y sin molestarse siquiera en calificar el hecho de medida o de sanción.

¿No será posible que nuestros responsables políticos entren en razón y se avengan siquiera a dialogar, o su mayoría absoluta seguirá inflando su arrogancia hasta el desastre? Claro que el desastre no será para ellos: será para el prestigio de España en el mundo, será para la autoestima de una opinión pública ya muy tocada, cuando todo el resto del arco parlamentario presente un recurso de inconstitucionalidad, cuando los jueces se nieguen a cerrar las causas abiertas por delitos que no van a dejar de serlo, o para la estabilidad legal cuando haya que modificar por una nueva mayoría una ley que nunca debió llegar a aprobarse. Pero sobre todo será un desastre para todas las personas que durante todo ese tiempo que esto se mantenga intenten desesperadas cruzar esa raya en el suelo que marca la diferencia entre el hambre y la prosperidad, tantas veces entre la vida y la muerte.

Francisco Solans Puyuelo

Responsable de comunicación e informes de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía