Carnicer pide al presidente del Tribunal Constitucional que se agilicen todos los recursos contra la Ley de Tasas Judiciales

• El presidente del Consejo General de la Abogacía Española urge resolver los efectos muy graves de este tributo, que están afectando tanto a los ciudadanos como a los tribunales
• Cuatro gobiernos autonómicos, el PSOE, juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Audiencia Nacional han recurrido esta norma

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”.

Carnicer considera urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen las tasas judiciales tanto para los ciudadanos, ya que no pueden acceder al derecho a la tutela judicial efectiva, como para los tribunales, que carecen de criterios para conocer la realidad social por las trabas puestas a los ciudadanos para acceder a la Justicia.

El Tribunal Constitucional recientemente ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Estos recursos se suman a los ya presentados por la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista.

También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación. Todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, recuerda Carnicer, se fundamentan que en que las tasas judiciales pueden estar “condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia”. Estas medidas se unen al clamor popular contra la imposición de las tasas judiciales.

Por otro lado, responsables del Ministerio de Justicia –en reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados- han evidenciado que las tasas no están consiguiendo la recaudación prevista y sin embargo han provocado una importante reducción de acciones judiciales ante los tribunales, fundamentalmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en los recursos de apelación y casación que ha visto caer la presentación de escritos por parte de los ciudadanos en un 24% en el primer trimestre.