18 marzo 2013
El Consejo General de la Abogacía Española participará en una comisión de evaluación del sistema de Justicia Gratuita y de las tasas
- Carlos Carnicer trasladó al ministro de Justicia su profundas discrepancias con la Ley de Tasas, que debe ser revisada o sustituida para evitar que afecte a derechos fundamentales de los ciudadanos
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha comprometido con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, al que recibió hoy, a que el Consejo participe junto con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas en una Comisión mixta que –siempre antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos- analice y evalúe el funcionamiento del sistema de Justicia Gratuita, su financiación y la vinculación con las tasas judiciales y que esa presencia quede recogida de forma expresa en la Ley de Justicia Gratuita, que se va a tramitar en el Parlamento.
En la reunión, celebrada a petición del titular de Justicia para entregar al presidente de la Abogacía del borrador del nuevo Código Penal Procesal y del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para someter a informe del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer manifestó sus profundas discrepancias con la Ley de Tasas, su insatisfacción con la última reforma de la misma y su opinión de que las tasas deben ser revisadas o sustituidas en todo caso por un sistema que castigue la posible temeridad, mala fe o ignorancia, incluso, del abogado, pero que nunca afecte al derecho de defensa ni a derechos fundamentales de los ciudadanos.
El ministro de Justicia y el presidente de la Abogacía retomaron el diálogo entre ambas instituciones y analizaron también otros asuntos como la colegiación obligatoria de los abogados, la posible supresión de algunos Colegios y el examen de acceso a la Abogacía, que han sido objeto de debate tras la circulación de un borrador de anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales. El ministro comprometió su defensa de la colegiación obligatoria tanto para los abogados que actúan en el ámbito jurisdiccional como los que asesoran o defienden extramuros de los tribunales. Respecto a la supuesta intención de reducir el número de Colegios o eliminar el examen de acceso, el ministro manifestó que es un asunto que proviene del Ministerio de Economía y que en su opinión habrá que reforzar las competencias de Universidades y Colegios para el ejercicio profesional.
El presidente de la Abogacía manifestó al ministro la oposición de la Abogacía a ambas iniciativas, ratificada expresamente en el último Pleno de la Abogacía, y se ha ofrecido a buscar soluciones negociadas, a lo que el ministro no ha puesto inconveniente. En este mismo sentido, Carnicer ha señalado al ministro que los Colegios están sostenidos exclusivamente por los colegiados, que garantizan y son imprescindibles para el mantenimiento eficiente de la Justicia Gratuita y de otros servicios, que tienen ventajas indiscutibles en la ordenación del ejercicio profesional y que su cercanía con los ciudadanos es un factor importante. En este mismo sentido señaló que, si nos comparamos con otros países, en Francia, por ejemplo, con 60.000 abogados colegiados, hay más de 160 Colegios de Abogados, el doble que en España.
Tras la reunión que se celebró en un ambiente de cordialidad, ambas partes se han comprometido a seguir dialogando y a buscar soluciones a todos los asuntos pendientes de la Justicia.