El Consejo General de la Abogacía Española recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción de 60.000 euros impuesta por la CNMC

• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entiende que la Abogacía fija determinados requisitos, recogidos en la normativa vigente, para prestar el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

El Consejo General de la Abogacía Española va a presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la sanción de 59.983 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al entender que el Consejo recomendó a los Colegios de Abogados la fijación de determinados requisitos para participar en la prestación de servicios asociados a la Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía recurrirá la resolución sancionadora por considerar que tanto la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como la Orden Ministerial de 3 de junio de 1997 regulan el actual sistema de asistencia jurídica gratuita como un Servicio Público de interés general que tiene normas específicas de organización y prestación por los abogados adscritos al Turno de Oficio y por ser garantía de atención adecuada a los ciudadanos.

Eliminar estas garantías, como pretende la CNMC, permitiendo que los ciudadanos sean representados por abogados que están a decenas o cientos de kilómetros y no los conocen personalmente perjudica a este servicio público y a un colectivo tan vulnerable como son los usuarios carentes de recursos y que más necesitan la asistencia jurídica gratuita por carecer de medios económicos para defender sus derechos.

Para la Abogacía, el ordenamiento vigente no justifica la imposición de una sanción. Además, la regulación ministerial persigue un objetivo legítimo y sólo busca garantizar los derechos de los usuarios del servicio público del Turno de Oficio, garantizando que los abogados estén mínimamente cercanos a los ciudadanos a quienes asisten

Con la finalidad de que se pueda seguir prestando a los ciudadanos el servicio público de Justicia Gratuita con garantías, el Consejo General de la Abogacía Española está colaborando con la CNMC para buscar soluciones alternativas.